El giro dictatorial de Iván Duque en Colombia
Desde septiembre, Colombia atraviesa por un nuevo momento de la movilización popular que ha puesto a relucir el talante autoritario del gobierno nacional.
Por Christian Fajardo para Jacobin América Latina
El 15 de septiembre de 2020, el presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigió a varios Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía nacional. Allí acudió vestido de policía, para prestar su apoyo y solidaridad a este organismo estatal. Causó perplejidad este gesto, porque, en los días anteriores, la policía había disparado con armas de fuego a ciudadanos desprotegidos que salieron a las calles de Bogotá a protestar, precisamente, en contra de la brutalidad policial. Entre el 9 y el 10 de septiembre, 13 personas fueron asesinadas por balas provenientes de uniformados. De esta faena de balazos en contra de los manifestantes, resultaron, además, 70 personas heridas. Otras decenas de manifestantes recibieron impactos de disparos a mansalva.
El anterior es un retrato de un gobierno que ha caído en una deriva cada vez más autoritaria. No solo porque enaltece el poder represivo del Estado, felicitando a los policías después de haber cometido una masacre, sino también porque deja un precedente sobre la necesaria reacción de los aparatos represivos del Estado frente a un eventual rebrote de las movilizaciones sociales. Recordemos, además, que el 21 noviembre de 2019 dieron inicio una serie de jornadas de protestas a las que acudieron centrales obreras, estudiantes y personas del común, para sentar su desacuerdo con el paquete de reformas que preparaba el gabinete de Duque y con el recrudecimiento de la violencia política en el país.
El verdadero rostro de Duque
El carácter autoritario de Duque apareció cuando, a comienzos de 2019, objetó la ley estatutaria que le daría plena vigencia y operatividad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal, columna vertebral de los acuerdos de paz a los que llegaron los diálogos entre la antigua guerrilla FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, busca esclarecer los crímenes de guerra en el marco del conflicto colombiano, siguiendo una serie de principios de justicia restaurativa que respetan el derecho penal internacional: verdad, reparación y no repetición. Tenemos, entonces, que las objeciones -a pesar de que hayan fracasado al no lograr conseguir las mayorías en el Senado- fueron una primera pincelada del talante que ha acompañado al presidente uribista desde que está en la Casa de Nariño.
Pero, ¿cómo comprender este talante autoritario? ¿Por qué ha llegado a rozar y a simpatizar por una forma dictatorial de asumir el poder político? ¿De dónde emerge esa indolencia que prefiere no referirse a las víctimas que han caído en las manos de las fuerzas del orden? ¿Cómo entender las recientes protestas, que se iniciaron en noviembre de 2019?
Hay una pista que nos puede indicar la razón del obsceno amor al poder de Duque y de su repudio a la movilización de las clases populares. Se encuentra en el acto legislativo 2 de 2017, que introdujo un artículo transitorio en la Constitución que obliga al Estado a cumplir con el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acto legislativo, avalado por la Corte Constitucional, introduce como obligación constitucional el cumplimiento de lo acordado en La Habana.
La paz apareció, en ese momento, como una conquista irreversible, no solo porque dio seguridad a un pacto entre los rebeldes en armas y el gobierno de Juan Manuel Santos, sino también porque ese acuerdo se convertía en referente de desarrollo y validez de las leyes para su implementación, que tiene como objetivo iniciar una transformación estructural de la realidad colombiana. Ahora bien, es precisamente ante esta irreversibilidad que reaparecen los representantes de lo viejo, de lo decadente.
El triunfo de Iván Duque y del uribismo en Colombia dista de representar una afrenta meramente autoritaria, como lo fue, quizá, la del gobierno de Álvaro Uribe. En esta nueva embestida de la extrema derecha en Colombia, lo que se busca es destruir las leyes que emergieron del Acuerdo Final y sustituirlas por relaciones crudas y directas de dominación, cómplices de la acumulación por desposesión y de la valorización de los capitales financieros y mafiosos que circulan a lo largo y ancho de Colombia. En último término, la dictadura de Duque es la del afán de volver al mundo sin ley del gobierno de Uribe.
Ante esta situación, el carácter republicano del Acuerdo Final ha entrado en cierto declive ante un presidente que considera a las leyes positivas como un obstáculo para hacer que la lógica de la violencia en Colombia siga su curso. El uribismo y las clases dominantes se han alineado para destruir el mero inicio de unas reformas, que se han exigido desde hace varias décadas por parte de las múltiples acciones democráticas de un pueblo que se ha rehusado a la inexistencia.
El lugar de las recientes protestas
Es en este contexto de declive de las leyes que buscan asegurar la paz en Colombia que se ubican las protestas recientes. El 21 de noviembre de 2019, las centrales obreras convocaron a una jornada de movilización en contra del gobierno de Duque. Allí acudieron no solo sindicatos, sino también estudiantes, jóvenes y personas del común. El objetivo que nos convocó fue el de impedir la ruptura del ordenamiento constitucional que inició con las objeciones, y continuó con una serie de proyectos de reforma al sistema de pensiones y a las leyes que regulan el trabajo.
El clamor de las clases subalternas en Colombia fue el de interrumpir, también, la tempestad de la violencia, que no ha cesado de asesinar a líderes sociales y a ex combatientes de la antigua guerrilla. La gente se movilizó, también, en rechazo a los excesos de las fuerzas militares, que en agosto de 2019 bombardearon a unos presuntos disidentes de las FARC, cobrándose la vida de ocho menores de edad.
Sin embargo, la movilización de la sociedad colombiana se encontró con una embestida represiva. El símbolo de esa brutal represión policial fue el asesinato de Dilan Cruz, un joven a quien un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó un beanbag en la cabeza con una escopeta calibre 12, recientemente prohibida por la Procuraduría General de la República.
La huelga que inició el 21 de noviembre se prolongó. La sociedad se puso en movimiento y fue consolidando un Comité de Paro que construyó un pliego de exigencias para poner en discusión con el gobierno nacional. Sin embargo, los gestos autoritarios y el inicio del estado emergencia sanitaria le puso una pausa a la movilización. Mientras Duque comenzó a gobernar a través de decretos con fuerza de ley, se volvió a encender la chispa de la protesta social que estaba latente cuando un par de policías, en septiembre de este año, asesinaron a un abogado próximo a graduarse por infringir presuntamente las restricciones de movilidad en el marco de la emergencia sanitaria. Javier Ordóñez fue brutalmente asesinado con descargas de taser y una demencial golpiza, que terminaron acabando con su vida en el interior de un Comando de Acción Inmediata.
Por esa razón, las clases subalternas salieron a las calles. Esta vez, dirigiendo su descontento y resignación en contra de los CAI. Los medios de comunicación y el gobierno no dudaron en estigmatizar este descontento, aduciendo que allí se encontraban disidentes de la antigua guerrilla e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como si se tratara de un relato de Joseph Conrad, las tinieblas tomaron Bogotá. La violencia simbólica e ideológica de los actos de habla de los vulgares medios de comunicación, de los gendarmes y de los portavoces del gobierno nacional enrarecieron el ambiente del clamor popular para que agentes de la policía desenfundaran sus armas de dotación y empezaran a disparar a mansalva a los valientes manifestantes. La brutal escalada de la violencia policial se extendió durante dos días, dejando 13 muertos y más de 70 heridos por arma de fuego.
Territorializar a la policía, normalizar la excepción
Nos volvemos a encontrar entonces con Duque, vestido de policía, justificando la crueldad policial, al defender esos mundos del estado de excepción que proliferan en Colombia: los CAI. Son los mundos preferidos del presidente, porque allí deja de regir la ley. Cualquier colombiano y cualquier colombiana sabe, incluso por experiencia propia, que allí la policía se ha vuelto un organismo de represión territorializado. Territorializar la excepción y transformarla en normalidad es el motivo de la visita de Duque a los CAI de Bogotá.
Este gesto, de normalizar la excepción para destruir el ordenamiento constitucional, se ha convertido en el horizonte del viejo orden que representa Duque. Se ha aprovechado de las circunstancias y de los vacíos institucionales para nombrar un Fiscal General de la Nación de bolsillo: Francisco Barbosa. Haciendo uso de triquiñuelas dignas de un gobernante autocrático, ha nombrado lacayos en los organismos de control (organismos que, se supone, deben ser un contrapoder al Ejecutivo). La Procuraduría General de la Nación será dirigida por su antigua ministra de Justicia: Margarita Cabello. La Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación están también en su círculo de poder. Incluso ha tejido mayorías en un parlamento que, lamentablemente, no ha estado a la altura de frenar las arbitrariedades del gobierno nacional en el manejo de la pandemia.
El lamentable desenlace actual de esta deriva totalitaria es la del referendo que ha propuesto Álvaro Uribe, el jefe y soberano de Iván Duque. Allí se busca derogar la JEP y, por lo tanto, también la Constitución de 1991. Busca, además, destruir al sistema judicial, que tiene contra las cuerdas al ex presidente por las múltiples investigaciones en su contra.
¿Se puede interrumpir el giro dictatorial de Duque?
Los dos años que le restan a Duque en el gobierno son definitivos. Al movimiento popular, a la sociedad en movimiento y a las clases populares, les corresponde enfrentar a un gobierno que ha caído en la obscena tentación de creer que la realidad se puede moldear con la violencia. A la tempestad de ese poder totalitario, hay que oponerle la serenidad, la intempestividad y la alegría del poder popular.
El movimiento indígena nos lo enseñó en las últimas jornadas de movilización popular, el pasado 21 de octubre. La minga indígena viajó desde el Cauca hasta la capital de la República, buscando infructuosamente dialogar con el presidente para poner un asunto en evidencia: Duque se niega al diálogo porque su talante no es del gobierno de los pueblos, sino el de sostener lo viejo, es decir, el privilegio de unas clases dominantes que detestan todo aquello que obstaculice su hambruna de plusvalor. Las clases dominantes colombianas dependen de un capitalismo raizal que ha transformado el latifundio, la miseria de las personas y la destrucción del medio ambiente, en fuentes de valorización del capital.
La única herramienta con la que contamos es la Constitución de 1991 que ha incorporado, como principio inquebrantable, el inicio de una serie de reformas estructurales que tocan la raíz de esos procesos violentos de acumulación y circulación del capital. No estamos ante un mero giro derechista, sino ante una deriva completamente dictatorial que tiene como horizonte la destrucción de un conjunto de leyes que han emergido no tanto del acuerdo entre ciudadanos como del conflicto político por excelencia: la lucha de clases o, mejor aún, el conflicto que busca conjurar que la posesión del capital sea equivalente al uso y abuso del poder.
*Por Christian Fajardo para Jacobin América Latina / Foto de portada: RCN
