El FMI y la reedición de un acuerdo infame
La llegada de una nueva misión del FMI a la Argentina pone en vilo a una sociedad que no aguanta más ajuste. El Presupuesto 2021 y el nuevo cálculo de los aumentos de las jubilaciones, ¿puntas de lanza de una nueva reforma regresiva?
Por Francisco Cantamutto para Marcha
Como todo este agitado 2020, el cierre del año nos promete nuevamente tener un final para agarrarse de la silla. Esta semana llegó la primera visita formal del Fondo Monetario Internacional, tras un mes de acercamientos preliminares, para negociar con el gobierno de Alberto Fernández la posible nueva vía para resolver la deuda dejada por el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que tras haber tenido dificultades para pasar la reforma previsional, y no haber podido ni siquiera tratar la reforma laboral en diciembre de 2017, el programa del gobierno de Macri entró en problemas, los cuales se hicieron más evidentes a partir del anuncio del posible movimiento de la tasa de interés en EE.UU. A partir de abril de 2018, se generaron una serie de corridas bancarias y movimientos de crisis financiera que hicieron que el resto del mandato se cumpliera en medio de la turbulencia total del mercado cambiario y financiero, con fuerte impacto en la situación económica y social.
Todos los indicadores relevantes empeoraron: aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída del salario real, aumento del desempleo, pérdida de calidad del empleo e incluso caída de la actividad. Este es el saldo que nos dejó el gobierno de Macri y el cual financió el acuerdo del Fondo que se firmó en un trámite exprés sin mandato administrativo, sin estudios de prefactibilidad del Banco Central y sin tratamiento del Congreso. Todos estos datos son relevantes porque hablan de la vulneración de los mecanismos de control democrático instituidos por la Constitución y las leyes correspondientes.
El préstamo, luego ampliado en septiembre de 2018, habilitó un acuerdo del tipo stand by de 57 mil millones de dólares, de los cuales se giraron unos 44 mil. Recordemos que tras las derrotas en las PASO de agosto de 2019, el FMI dejó de girar el dinero correspondiente por entender que ya no era viable. Sin embargo, durante todo ese período, financió una corrida de capitales. Esto es relevante y quedó demostrado en el estudio que presentó en mayo el Banco Central. La deuda tomada y, en particular, la deuda tomada con el FMI, fue para financiar centralmente la fuga de capitales y el atesoramiento de un puñado de personas y empresas. Esto significa que el carácter de la deuda tomada con el FMI, en particular, vulnera el propio estatuto del Fondo, que señala que no se pueden financiar corridas cambiarias, además de haber prestado casi mil por ciento por encima de la cuota asignada a la Argentina para préstamos, y con las reticencias del staff técnico y los directores del board desde Europa. Claramente, se trataba del apoyo desde EE.UU. al gobierno de Macri, tal como relevó en declaraciones recientes el flamante electo director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, apostaron a un gobierno que perdió.
El financiamiento de la fuga de capitales dio por resultado una socialización de la deuda, cuyos beneficios fueron netamente privados. Vale señalar que el otro fundamento de la deuda tiene que ver con el déficit fiscal que tiene que afrontar el gobierno, originado por la desgravación fiscal a los más ricos. En el gobierno de Mauricio Macri, se redujeron las retenciones a las exportaciones, además de eliminar impuestos de bajo peso fiscal, pero claramente indicativos del sesgo clasista, como la reducción de los aranceles a la importación de autos de alta gama. Con esta esta desgravación, los sectores poderosos se enriquecieron aún más y la cobertura de la diferencia fiscal pesó sobre todes nosotres.
Ese tipo de acuerdo stand by implicaba una vigilancia macroeconómica del FMI sobre el gobierno. Una vez que en septiembre de 2019 le soltó la mano a Macri, el Fondo expresó que la deuda heredada no era sostenible. A inicios de 2020, acompañó la negociación del gobierno argentino con los acreedores privados, a los cuales el FMI les pedía hacer algún tipo de recorte o concesión, sin hacerse cargo ellos mismos de hacerlo.
Ahora viene la renegociación del acuerdo, cuyos vencimientos empiezan a pesar a partir del año que viene. Según las declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la idea sería pasar de un acuerdo stand by que dura de 1 a 3 años, a uno de facilidades extendidas, que dura de 4 a 10 años, en la misma lógica que la reestructuración con los acreedores privados. Esto libera el horizonte en el cortísimo plazo, pero hace pesar la carga en los próximos mandatos presidenciales y de ninguna manera cuestiona el carácter ilegal y fraudulento de las operaciones.
El pasaje a un acuerdo de facilidades extendidas implica, además del control macroeconómico y los pedidos de ajuste que ya están haciendo viables a través del Presupuesto 2021, el pedido de reformas estructurales puntuales. El primer puntapié parece ser el cambio de fórmula para el cálculo de los aumentos previsionales, lo cual anticipa que puede ser una línea de trabajo. Otra puede ser la reforma laboral. Mirando todo esto, y la actuación del Fondo en Ecuador, pareciera que, además de este tipo de reformas, se puede esperar un carácter aún más regresivo de la estructura tributaria, incluso reformando más profundamente el sistema previsional.
El FMI enfrenta su propia corresponsabilidad, tanto en la crisis que sufre Argentina como en la situación de crisis de deuda a nivel global que el propio Fondo reconoce. Sin embargo, para las periferias, sigue avanzando en una agenda que tiene que ver con ajuste y reformas estructurales, mientras endulzan los oídos de los países acreedores hablando de reformas tributarias progresivas o la necesidad de mantener algún tipo de resguardo sobre la arquitectura financiera internacional.
En el curso de esta semana, sabremos más sobre cuál es la agenda precisa del acuerdo que sigue. Es imposible dejar de señalar que el acuerdo del FMI con la Argentina tiene vicios de legitimidad desde el origen y puede calificarse perfectamente de deuda odiosa, tal como se registró en el foro de denuncias contra la deuda, organizado por la Autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y su auditoría.
*Por Francisco Cantamutto para Marcha / Imagen de portada: Charo Larisgoitia.
