Policía: nuevo protocolo, misma impunidad
A fines de octubre, luego del asesinato de Joaquín Paredes en Paso Viejo, fue presentado el nuevo Protocolo de actuación para el uso legal y racional de la Fuerza Policial, y se anunciaron cambios en la cúpula. En esta nota, repasamos qué significan estas renovaciones para Córdoba.
Por Redacción La tinta
El gobierno schiarettista presentó, hace menos de dos semanas, el nuevo protocolo para la Fuerza Policial. La regulación sistematiza los protocolos anteriores y fue publicada tras los masivos cuestionamientos hacia la Policía después la muerte de Joaquín Paredes, último caso de asesinato en manos de lxs uniformadxs en Córdoba.
Ante estas novedades, el Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL) emitió un comunicado titulado “Nuevo protocolo: misma impunidad”. La organización afirmó: “Schiaretti sale a decir que ‘ante los dolorosos casos frutos del accionar policial ocurridos con Blas Correa y Joaquín Paredes, y respetando siempre la investigación judicial’, ha instruido al ministro de Seguridad, que además de la modificación del protocolo del uso de armas de fuego por parte de la policía, realice los cambios necesarios para su funcionamiento y que se vea nuevamente la currícula y la formación de los policías de la provincia”.
Desde el FAL, recordaron que, desde que el cordobesismo gobierna (hoy Hacemos por Córdoba, continuación directa del Unión Por Córdoba y de De La Sota), las personas asesinadas en 20 años son cerca de 380 y que en este 2020: Blas Correa y Joaquín Paredes, Lorenzo Rodríguez, el 18 de enero en Río Tercero; Franco Sosa, el 26 de abril en Ciudad Evita; Lautaro «Nano» Guzmán y Agustín Barrios, en Colonia Caroya; Gastón Mirabal, el 3 de julio en Villa La Tela; José Antonio Ávila, el 4 de julio en Villa Libertador; Fabián Perea, el 28 de julio en San Roque; y Luis Merenigo, el 1° de septiembre en Alta Gracia.
La organización denunció en el documento que “ante los hechos de personas asesinadas por el aparato represivo de mayor trascendencia mediática y social, el gobierno provincial no ha hecho más que limpiar la imagen de la institución y su policía. De esta forma, las prácticas represivas se van camuflando en nuevos esquemas represivos que, en última instancia, continúan garantizando la impunidad del policía que dispara y a sus responsables políticos”.
El ministro de Seguridad Alfonso Mosquera dijo en la conferencia de prensa de presentación que el nuevo “protocolo ratifica una vez más que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y sólo cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros”, y expresó que será de cumplimiento obligatorio para los policías en el ejercicio de sus cargos. “Aquellos oficiales jefes o superiores que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato los deberes de su cargo si no tienen la capacidad, voluntad ni decisión de hacer cumplir las normativas contenidas en este protocolo”, agregó el funcionario.
El FAL hizo hincapié en que el nuevo protocolo es una mera lista de artículos y fallos ya existentes, “pues, por ejemplo, dar prioridad a la vida por encima de bienes materiales y poder sobre el objetivo de la aprehensión no es ninguna innovación y ya lo dicen varias convenciones de Derechos Humanos. Este protocolo, que en su discurso busca reducir la letalidad de las fuerzas represivas, lo que en realidad hace es perpetuar el uso de la fuerza letal como práctica necesaria según el criterio del oficial que aprieta el gatillo de la reglamentaria”. También informaron que, entre las bases del nuevo protocolo, se encuentra el protocolo policial de Carabineros de Chile, “una fuerza con múltiples denuncias por torturas, fusilamientos y otras violaciones a los Derechos Humanos, especialmente en el último año”.
Por su parte, Valeria Plaza, abogada y coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, expresó en comunicación con VillaNos Radio que “este protocolo no inaugura nuevas leyes, sino lo que hace es tipifica o aclara qué sanciones administrativas van a correr para el personal policial; que hay que poner la mirada en el cumplimiento y control de lo establecido por las normas”. La especialista acentuó que lo importante es qué tipo de control político, administrativo y judicial se va a implementar para que este protocolo no sea sólo un anuncio.
En relación a la modificación de la cúpula policial, la Comisaria General Lic. Liliana Zárate Belletti fue designada como la nueva jefa de la institución. Zárate se desempeñaba como Directora General de Seguridad Capital, cargo en el que fue designada tras el asesinato de Blas Correas por parte de la Policía.
El FAL dice en el comunicado que “el único esfuerzo que realizan es el de cambiar las caras públicas que manejan la policía. Cabe aclarar que Zárate Belletti ha sido directora de Formación de las fuerzas que siguen utilizando el gatillo fácil como recurso disciplinador”. Sobre la asunción de una mujer policía a los altos cargos, “para nosotrxs no genera ninguna diferencia, tal como quedó demostrado en el asesinato de Lautaro Torres, ultimado por la oficial Eliana Soledad Rinaudo, quien no dudó en dispararle a un pibe de solo 16 años, echando por tierra que una mujer es menos letal que un oficial varón. Sostenemos que sus uniformes no distinguen de género cuando se trata de cumplir con su función social de reprimir, ya sea que se encuentren patrullando las calles y saturando los barrios o detrás de un escritorio dando las órdenes”, dijeron desde la organización política de derechos humanos de denuncia permanente de las políticas represivas del Estado.
Sobre esto, Plaza dijo a La tinta que “reconocer que la nueva jefa policía sea mujer constituye un hecho relevante en función de las diferencias de género dentro de la fuerza, una fuerza solamente patriarcal. Esto desde una óptica más de género que de seguridad y de lo que implica una mujer en ese rol. Si bien las mujeres son parte de la institución desde hace muchos años, no han ocupado espacios de representación ni de poder. Eso, per se, no quiere decir que es una política menos represiva, claramente. El problema de la institución no son los sujetos, sino la institución. Es claro que los sujetos, cuando cometen prácticas abusivas, tienen que estar condenados. No puede haber impunidad, pero hay una lógica que genera estas prácticas; no tiene que ver con que sea varón o no, sino con cómo se modifique la lógica estructural -que no es de un día para otro, que no es sólo con un protocolo, está claro-, pero cómo se empieza a modificar una lógica institucional que habilita esta práctica de vulneraciones de derechos que van desde el hostigamiento policial hasta la violencia letal”, finalizó.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
