SeNAF: crónica de un vaciamiento anunciado
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba se pronunció días pasados exigiendo al Gobierno provincial arbitrar las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñes y jóvenes en las residencias de SeNAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). A la vez, desde la Asamblea de trabajadores del área, siguen reclamando por las condiciones de precarización laboral y vaciamiento de la política provincial en el sector.
Por Redacción La tinta
La Comisión de Derechos de las Niñeces y Adolescencias, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, integrada por una amplia red de organizaciones, cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba y la Asamblea de niñez, adolescencia y familia de trabajadores de SeNAF Córdoba, emitieron un comunicado, en el cual advierten con preocupación la falta de cumplimiento de los derechos de niñes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como la falta de recursos en las políticas y programas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).
El 15 de octubre, en una de las Residencias para adolescentes que son madres, perteneciente a la Secretaría, las jóvenes organizaron una protesta como forma de visibilizar las condiciones en las que están viviendo con sus hijes. “Reclamaron por alimentos, los cuales son insuficientes y de calidad regular, malas condiciones del espacio físico que habitan, falta de atención a su salud integral -salud sexual no reproductiva, escasa atención a les niñes y adolescentes con problemáticas vinculadas a la salud mental y consumo problemático de sustancias psico-activas-. También manifestaron inquietud e inconformidad con las estrategias que se diseñan para su egreso, piden mayor atención, participación y celeridad en el proceso, cuestión que se dificulta por la falta de personal en los equipos técnicos”, expresaron en el comunicado.
También reclamaron por la falta de acompañamiento en la escolaridad, la falta de presupuesto para actividades lúdicas, recreativas, artísticas, deportivas o de oficios. Y particularmente, en el contexto que estamos viviendo, que no están garantizando las medidas adecuadas para cumplir con los protocolos de bioseguridad por la COVID-19.
Desde la Mesa, detallaron que no es un hecho aislado o circunstancial, es una realidad compartida por las diferentes residencias que dependen de la SeNAF, donde se alojan niñes y jóvenes con medidas excepcionales y bajo seguimiento judicial, que fueron retirados de sus hogares porque sus derechos estaban siendo vulnerados. Los centros socioeducativos como el Complejo Esperanza y CESAM, que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal, también atraviesan condiciones gravísimas.
La tinta conversó con integrantes de la Asamblea de niñez, adolescencia y familia que nuclea a trabajadores de SeNAF Córdoba, que llevan más de 8 años organizades y que son parte de la Mesa de DD.HH. “Nos convocó, en el origen, un reclamo que permanece vigente y es la declaración de trabajo insalubre y de riesgo en todo el ámbito de la Secretaría. No puede ser que los cargos de quienes están en contacto con adolescentes y niñes en situación de riesgo y en contextos de violencia, o quienes están en las residencias, tengan el mismo régimen e, incluso, peor que el resto de la Administración pública”, expresaron desde la Asamblea.
Los reclamos han variado, pero siempre vinculados a las desfavorables condiciones laborales, despidos, traslados compulsivos, entre otros. En la actualidad, nos dicen que son gravísimas las condiciones de precarización: “Hay más de 230 compañeras que cobran becas de entre $7.700 y $10.000 realizando tareas permanentes dentro de la SeNAF, como ser cuidadoras hospitalarias y de quienes están en las residencias. Casi el 100% de las precarizadas son mujeres”.
Reclaman, además, por las situaciones de constante persecución sindical por parte del Secretario José Piñero hacia quienes se organizan en ATE o de manera independiente, y denuncian como ejes de la gestión: los traslados compulsivos, el no respeto de la tutela sindical, los despidos por pedir cosas como una ART cuando se trabaja en situación de calle.
“No se están respetando las incumbencias profesionales en cuanto al desmantelamiento y la falta de puestos de trabajo que se cubren trasladando personal de programas específicos como el de penal juvenil hacia el rol de los cuidados básicos en las residencias. Se atiende, se sirve la comida, se los cuida, pero que nada tienen que ver con el rol profesional por el que fueron contratados”, señalan desde la asamblea.
Existe un retroceso sin precedentes en cuanto a la vulneración de derechos de niñes y jóvenes que SeNAF debería asistir. El desmantelamiento de la política pública en el área y la falta de presupuesto demarcan unas condiciones de gravedad de las cuales hacernos eco como sociedad. Los cargos son becas con un ingreso paupérrimo y no alcanzan para cubrir al personal que falta en las residencias. Les trabajadores que se encuentran en esas condiciones son quienes terminan contribuyendo con necesidades vitales en las residencias, nos cuentan.
“Cuando hubo licencias por COVID-19, se trasladó compulsivamente y desmantelaron los otros programas, quedando en descubierto áreas sensibles como son la Línea 102, que recepta las denuncias de situaciones de vulneración de derechos. Un servicio que se vuelve indispensable en estos momentos donde niñes y jóvenes no asisten a escuelas o espacios educativos. De las más de 1.700 notificaciones que tienen al día en la línea, durante el 2020, han tenido solamente intervención de su equipo técnico unas 230-250 denuncias”, señalan con preocupación.
Desde la asamblea, están convencides de que todas las medidas en el sector son una clara posición política de la gestión y agregan: “Uno de los retrocesos sería transformar el Complejo Esperanza en una sucursal de la UCA a donde van a trasladar presos comunes, violando todos los tratados internacionales y leyes nacionales respecto de con quiénes tienen que compartir lugar jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal. Significa un proceso irreversible, es decir, la provincia no invierte en servicio penitenciario y a las consecuencias las pagan jóvenes de SeNAF”, nos explicaron.
En el comunicado, exigen la generación de espacios de participación genuina para que les niñes y adolescentes puedan opinar, proponer e incidir en las decisiones que afectan su tránsito por dichos espacios institucionales, y que su voz sea la primera en ser escuchada. Tal como lo prevé el Sistema de Protección Integral de derechos, que instaló un nuevo modelo de garantía de derechos para las infancias y juventudes en nuestro país con la Ley Nacional N° 26.061, que la política pública en Córdoba parece desoír.
*Por Redacción La tinta.
