El pueblo chileno se pronunció de manera contundente para dejar atrás la herencia de la dictadura pinochetista y ahora camina hacia una nueva Constitución que modifique la matriz neoliberal del país.
Por Gerardo Szalkowicz para Página/12
En octubre de 1988, un histórico plebiscito le ponía punto final a los días de Augusto Pinochet en el Palacio de La Moneda. Pero tuvieron que pasar otros 32 octubres para que el pueblo chileno pudiera tumbar su pesada herencia, la Constitución de 1980 que encorsetó la democracia y determinó un sistema político amoldado a los dueños de todas las cosas. Este domingo, un aluvión de votos en otro emblemático plebiscito logró desmontar los amarres de la dictadura para echar a andar un proceso constituyente, en la primera gran conquista de las multitudes que irrumpieron en las calles en otro octubre, el de 2019. Una inmensa bandera desplegada en los festejos sintetiza el espíritu de época: “Borrar tu legado será nuestro legado”.
Además del arrollador triunfo del “Apruebo” con más del 78 por ciento a la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, una gran mayoría eligió con un porcentaje similar que el órgano que la redacte sea una Convención Constitucional, conformada 100 por ciento por constituyentes electos, y no una “Mixta”, que contemplaba un 50 por ciento de actuales legisladores. La alta participación, aun en pandemia y con voto voluntario, ratifica la crisis de legitimidad que atraviesa la clase política y significa la peor derrota de la historia para la derecha chilena.
Cada Constitución es hija de su tiempo. Y el tiempo actual está marcado por la idea fuerza del “Chile despertó”, por la rabia acumulada que detonó el estallido social y puso en jaque al statu quo, por esa rebelión popular contra todas las injusticias que forzó al gobierno de Sebastián Piñera -y a una oposición también cuestionada- a conceder este plebiscito. Chile vive un período de carácter transicional, que conjuga una esencia destituyente del orden actual y una impronta constituyente de un nuevo pacto social de rasgos por ahora inciertos.
La Constitución de 1980 tiene una ilegitimidad de origen. Se impuso a sangre y fuego durante la dictadura, y está inspirada en un pensamiento de matriz totalitaria. Su misión fue implantar un modelo neoliberal que privatizó y mercantilizó prácticamente todo, incluso el agua, reduciendo el rol del Estado sólo a un papel subsidiario del mercado, que dio vía libre al desenfrenado lucro empresarial.
En el ocaso de la dictadura, las fuerzas políticas sellaron el “pacto de transición”, que le permitió al pinochetismo sobrevivir y seguir siendo parte de la identidad política de la derecha. La Concertación le cedió el poder de veto a las demandas ciudadanas manteniendo la norma de la necesaria mayoría de 2/3 en el Congreso para aprobar leyes, lo que bloqueó cualquier reforma estructural.
Si bien la Constitución pinochetista sufrió decenas de reformas y cambios cosméticos, nunca se modificó su columna vertebral, quedaron intactos los pilares fundamentales sobre los que se cimienta el marco jurídico que hizo de Chile uno de los países más desiguales y represivos del mundo. Por eso, el grito-consigna que sonaba en las protestas: “Y va a caer, y va a caer, la Constitución de Pinochet”.
Finalmente, la Constitución de Pinochet cayó. Y con ella, tambalea todo el sistema político y la doctrina neoliberal que rigió la inconclusa transición a la democracia. La hoja de ruta indica que las y los 155 miembros de la Convención Constitucional serán electos el 11 de abril de 2021, junto a las elecciones regionales (dato interesante: la Convención tendrá una composición paritaria, gran logro del movimiento feminista). Luego, tendrán entre nueve meses y un año para redactarla, y, en el medio, nada menos que las presidenciales en noviembre.
Un torbellino de acontecimientos políticos en los que la composición de la Convención Constitucional será clave para determinar su grado transformador. Parida de un acuerdo “por arriba”, la elección de sus integrantes seguirá ajustada a la Ley de Partidos vigente que favorece a las fuerzas tradicionales, que traccionarán a que el proceso cambie algo para que nada cambie. ¿Cuál será el peso y la incidencia del progresismo hoy encarnado en el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Se podrá dar el ingreso en la política institucional de nuevos actores con arraigo en las organizaciones populares, el feminismo, el sindicalismo y la resistencia mapuche, que canalicen las demandas del estallido social? ¿Estará representado ese entramado social que copó las calles y hoy se expresa en las asambleas barriales? ¿Tendrá voz el piberío que inició y protagonizó la revuelta?
Más que un punto de llegada, la nueva Constitución será un punto de partida, un paraguas, un marco legal que abone un terreno con mejores condiciones. Un paso necesario, pero insuficiente que tendrá en la movilización el complemento necesario para presionar las transformaciones largamente postergadas.
El plebiscito cierra un largo ciclo iniciado con el plebiscito de 1988. La campaña del “NO” a Pinochet tenía un célebre spot de campaña que cantaba “Chile, la alegría ya viene”. La alegría nunca llegó, pero, poco más de tres décadas después, asoma la esperanzadora sensación de que lo viejo está muriendo y lo nuevo va dando sus primeros pasos. El ingenio popular lo resumió en una sola palabra, la que se veía gigantesca proyectada sobre un edificio frente a la Plaza de la Dignidad en los festejos del domingo: “Renace”.
*Por Gerardo Szalkowicz para Página12 / Foto de portada: EFE
