Denuncia contra la Red de Colegios FASTA
Fundeps junto a egresades de la Red Educativa Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), denunciaron ante el Ministerio de Educación provincial la sistemática violación de lo que establece la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y solicitaron el monitoreo para una efectiva implementación.
Por Redacción La tinta
La Ley N° 26.150 de ESI fue sancionada hace 14 años y establece la educación sexual como un derecho de cada estudiante, en todos los niveles educativos y establecimientos del país, ya sean de gestión pública o privada. Esta legislación, que condensó años de lucha feminista y disidente, profundizó un modelo de educación en sexualidad como política estatal, promoviendo enfoques de género, diversidad y derechos.
A partir de comienzos de los 2000 y hasta la sanción en 2006, la agenda sobre la educación sexual se fue ampliando de manera ininterrumpida y, hasta la fecha, lo podemos constatar. Pareciera que existe cierto consenso sobre la importancia de la ESI en las escuelas, sin embargo y contra toda disposición curricular, lo que es enseñable sobre género y sexualidades sigue siendo disputado desde algunos sectores antiderechos y fundamentalistas.
Las resistencias alrededor de la ESI tienen larga data y la disputa ideológica desde sectores de la Iglesia católica no es ninguna novedad. Como tampoco lo es que tienen sus propios materiales de estudio: manuales y cuadernillos llamados, en algunos casos, “educación para el amor”, que anteponen una mirada moral y punitivista contraria a las leyes vigentes.
A comienzos de junio de este año, la periodista Mariana Carbajal, en una nota titulada “El adoctrinamiento en las escuelas FASTA” publicada en Página/12, visibilizó la situación a la que se veían sometides estudiantes de esas escuelas, al tener que usar el libro “Nueva Evangelización y Cultura”, de Juan Carlos Bilyk, docente de la Red.
La periodista detalla en esa nota algunos de los conceptos nodulares que propone el material de estudio, el lesbianismo como un “despropósito y depravación de la misma naturaleza humana”, el aborto como “matanza de los inocentes”. Enseña como métodos de anticoncepción la castidad, ubica al matrimonio igualitario como “la aniquilación de la familia”. Se carga a las feministas como “agresivas, prepotentes y gritonas”, las señala como “enemigas de la maternidad” y que “pretenden por venganza y revanchismo cambiar la sociedad de machista a feminista”.
En Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentó una denuncia administrativa dirigida al Ministerio de Educación de la Provincia para informar sobre situaciones y vivencias que ocurrieron, y siguen ocurriendo, en los Colegios de la Red Educativa de FASTA en Córdoba.
Desde La tinta, conversamos con Mayca Balaguer, coordinadora de asuntos legales de la fundación, quien nos explica que, luego de hacerse público el contenido discriminatorio y contrario a la ley de los materiales de estudio, quedó expuesta la realidad de lo que estos colegios proponen. Luego de eso, “muches egresades y personas que pertenecieron en algún momento a la comunidad, padres, madres, profesores, comenzaron a poner sus testimonios de manera pública a través de cuentas de Instagram y a organizarse para contar las cosas que vivieron en esos colegios. Así nacen esas páginas de testimonios, algunas son por provincias”.
Esta red de instituciones se encuentra presente en diferentes lugares del país, en la provincia de Córdoba son cinco: dos se encuentran en capital, dos en San Francisco y una en Marcos Juárez. “Les chiques de la página testimonios de Córdoba empezaron a publicar sus vivencias que reflejan lo mismo que proponían los manuales: profesores que hablaban en contra de las personas homosexuales o que tenían tratos discriminatorios, relatan castigos desproporcionados, humillaciones e, incluso, acoso. Muchas situaciones que también fueron reportadas tienen que ver con que no se estimula el pensamiento creativo y crítico, sino que se impone una manera de pensar y se trata de abolir cualquier idea contraria. Hay un negacionismo de la dictadura y la reivindicación de los militares. No existe libertad de culto, hay testimonios que indican que los obligaban a rezar o llevar adelante acciones de manifestación y promoción de las ‘dos vidas’. Un testimonio cuenta que les obligan a adoptar un feto abortado y rezarle cada tanto. Las chicas que se manifestaron a favor del derecho a decidir con sus pañuelos verdes fueron brutalmente estigmatizadas y violentadas dentro de la institución, y así un sinfín de prácticas que vulneran los derechos de les estudiantes”, nos cuenta Mayca.
Desde la fundación, vienen monitoreando cuestiones vinculadas a la implementación de la ESI, tratando de erradicar prácticas contrarias a la normativa. En su momento, trabajaron activamente contra la campaña “Con mis hijos no te metas”, realizaron reportes de situaciones en otras instituciones, incluso de gestión pública, de celebraciones como el “día del niño por nacer”.
“A raíz del trabajo que hacemos, se acercaron egresades de FASTA a pedirnos asesoramiento para analizar qué se podía hacer además de hacer público lo vivido. Querían accionar de manera concreta y, entonces, les propusimos realizar un análisis exhaustivo de lo que relataban en las páginas de testimonios. Entonces, la denuncia incluye ese detalle. Dejamos los testimonios de manera anónima porque la idea no es denunciar algo concreto, una práctica que ocurrió en un año determinado o de une profe particular, sino que queremos dar cuenta de que es una cultura institucional que se sostuvo de manera sistemática a través de los años y en todas las instituciones por igual”, detalla la entrevistada.
Realizaron un análisis de cuáles son las expresiones discriminatorias y violatorias de la Ley 23.595 de Actos Discriminatorios, Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y Ley 26.743 de Identidad de Género, entre otras.
Ante la violación de esas leyes nacionales vigentes y respaldadas por los tratados de Derechos Humanos, proponen que el Ministerio de Educación de la Provincia tome medidas al respecto. Nos cuentan que, cuando se hizo pública la situación, desde el Ministerio de Educación de Nación, dijeron a la prensa que habían solicitado a los colegios que modificaran los materiales. Poco tiempo después, en los propios colegios, emitieron un comunicado interno a la comunidad y familias diciendo que no habían recibido ningún tipo de notificación y comunicado por parte del ministerio.
“Nuestra presentación formal tiene que ver con instar a que el Estado impida que estas prácticas sigan vigentes, que se capacite a docentes desde una perspectiva de derechos, que se investiguen las situaciones que son denunciadas y que se adecuen los materiales de estudio. Solicitamos la creación de una mesa, comisión u observatorio, que sea multisectorial, interdisciplinaria y que involucre a la sociedad civil, ONG, centros de estudiantes y personas idóneas en el tema para monitorear la implementación y cumplimiento de la ESI en toda la provincia”, concluye Mayca.
Si bien, en este caso, la denuncia es a una red de instituciones donde se pueden individualizar prácticas concretas, sabemos que no es la primera vez que pasan cosas de este tipo y que no solamente pasan en los colegios confesionales y privados, sino que también ocurren situaciones similares en colegios públicos. A 14 años de la sanción de la ESI, es urgente la necesidad de interactuar y abrir un canal de diálogo con el Ministerio, más que nunca, debemos exigir su cumplimiento.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: ANRed.
