Bolivia: oficio de coraje
El apabullante triunfo del MAS en Bolivia derrotó el golpe de Estado y al régimen de facto, aunque los peligros que representa la ultraderecha siguen latentes.
Por Jorge Montero para La tinta
“Como dijo Albert Einstein, todo lo que sube, baja”.
(Jeanine Áñez, 2015)
Aun extraviándose en la cita de Issac Newton, que por entonces la ignota senadora del Movimiento Demócrata Social (MDS) atribuyó al físico alemán, su expresión encaja perfectamente en el momento político actual: 11 meses después del golpe de Estado, Jeanine Áñez está en caída libre como dictadora, autoproclamada presidenta de Bolivia.
Los resultados de las elecciones son contundentes. El exasperante recuento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) valida el rotundo triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS). Computado el 95 por ciento del total de sufragios, el binomio Luis Arce y David Choquehuanca obtiene el 54,50 por ciento de los votos, seguido por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC) con 29,02 por ciento, y en tercer lugar, Fernando Camacho, de Creemos, con 14,40.
El MAS se impone en seis de los nueve departamentos de Bolivia. A la habitual victoria del masismo en la región occidental -La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando-, se suma ahora el triunfo ajustado en Chuquisaca. Por su parte, Mesa se asienta en los departamentos de Beni y Tarija, mientras que el fascista Camacho vuelve a hacerse fuerte en Santa Cruz de la Sierra. El mapa electoral muestra la división histórica entre el Occidente y el Oriente boliviano.
Hasta la medianoche del domingo, el TSE, al servicio del gobierno de facto, tuvo secuestrados los resultados a boca de urna y apenas dejó filtrar algún avance ínfimo de los datos oficiales. ¿Cuál era entonces la intención de la derecha? ¿Qué salida estaba barajando? La posibilidad de una segunda vuelta, o una victoria definitiva ajustada de Arce, sería suficiente para que la reacción implementara sus planes: desde el fraude hasta el estallido de la violencia reaccionaria. Pero la presión popular iba en aumento y, llegada la madrugada, ya se habían filtrado las proyecciones a boca de urna que oficializaron algunos medios de prensa. El triunfo del MAS era aplastante y desarmaba cualquier intentona… Ya no había vuelta atrás.
Luis Arce recibió la felicitación del candidato de CC quien, tras un largo silencio, se resignó a una votación irremontable. La presidenta de facto ya había reconocido su victoria y, desvergonzadamente, le pidió a Arce gobernar “pensando en Bolivia y en la democracia”. Incluso Luis Almagro, el servil secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya denuncia de un supuesto fraude en los comicios de 2019 estimuló la violencia que condujo al golpe de Estado contra Evo Morales, felicitó al virtualmente electo presidente de Bolivia.
Ninguna encuestadora fue capaz de prever una diferencia de esta magnitud. Sin duda, una de las razones residió en el factor del voto oculto, es decir, de quienes no revelaron por quiénes votarían. Esta variable, siempre presente, ahora tomó una enorme dimensión en un contexto de amenazas, persecuciones e intimidaciones, que comenzaron de manera simultánea con el golpe de Estado y se extendieron hasta el momento mismo de la votación, el 18 de octubre pasado.
Sin embargo, en condiciones de gran adversidad, la participación fue masiva y demostró la gran capacidad de reorganización de las fuerzas sociales que apoyaron al MAS. Los movimientos sindicales, indígenas, campesinos, territoriales, incluido el apoyo de sectores críticos al gobierno de Evo Morales, como el dirigente aymara Felipe Quispe, se unificaron ante la necesidad de derrotar electoralmente al gobierno de facto, identificado con la derecha y el regreso de las peores prácticas de violencia terrorista y exclusión.
“Hay que votar por uno de nuestros hermanos, David Choquehuanca, candidato a la vicepresidencia, y porque el MAS ha enseñado cómo se construye la unidad frente a la fragmentación de la derecha que, por si fuera poco, estuvo carente de contenidos programáticos”, sostuvo El Mallku Quispe.
El “batacazo del MAS”, como titularon algunos medios bolivianos, reconoce su antecedente inmediato en las jornadas de agosto, cuando los intentos de seguir postergando las elecciones por parte de la camarilla gobernante fueron enfrentados por la movilización popular. El bloqueo de carreteras en más de 200 puntos durante 12 días consecutivos, paralizando el país, desnudó el aislamiento del gobierno de facto, que ni siquiera consiguió desplegar las fuerzas represivas como en oportunidades anteriores. Los militares no se atrevieron a reprimir abiertamente, seguramente temerosos de la actitud que podría tomar su base indígena. Los grupos fascistas, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC, de Santa Cruz de la Sierra) y Resistencia Juvenil Kochala (de Cochabamba), solo fueron capaces de realizar acciones marginales, algunas repelidas por los mismos piquetes. Las protestas se iban radicalizando y en los cortes se votaba “Fuera Áñez”, lo que planteaba un enfrentamiento directo con la clase dominante.
Esta situación obligó al gobierno de facto a convocar la “mesa de diálogo” y negociar una fecha electoral inamovible con la bancada parlamentaria del MAS. Un “acuerdo de pacificación” para levantar la huelga y los cortes, resolución que generó no pocas tensiones al interior de los sectores movilizados. Primó, finalmente, la necesidad de derrotar electoralmente a los golpistas, lo que resultó en factor de cohesión de las masas populares.
Adriana Guzmán, dirigente aymara y feminista comunitaria antipatriarcal, señala los desafíos por delante: “El golpe nos ha encontrado a las organizaciones sociales bastante debilitadas, fragmentadas internamente. Pero, a la vez, el golpe ha permitido la rearticulación, la autocrítica en las organizaciones: principalmente, la necesidad de volver a encontrarnos, de dialogar, de entender que hay ciertas cosas en las que debemos tener puntos de encuentro. Principalmente, entre los pueblos, el vivir bien, las comunidades, los ayllus y la izquierda. Tenemos que tener un punto de encuentro. Estas elecciones han mostrado, nuevamente, que ese punto existe”.
Y agrega: “Entonces, ¿qué vamos a hacer hacia delante? Yo creo que hay que ser contundentes. Así como fuimos contundentes en las urnas, hay que ser contundentes en la profundización del proceso de cambio, en la defensa de una serie de transformaciones que tienen como horizonte el vivir bien y no otra cosa. El vivir bien significa revisar toda la política extractivista, revisar toda la estructura económica, revisar todos los contratos que atentan contra las comunidades, revisar la lógica y la relación que un Estado Plurinacional tiene que tener con los empresarios (…) Este Estado Plurinacional ha sido construido por y para los pueblos. Y estas elecciones han sido ganadas por el pueblo. Luis Arce tiene que entender eso, como lo hizo Evo en 2005, luego de la masacre del gas, luego de todas las insurrecciones y movilizaciones”.
Aún resulta temprano adelantar cuáles serán los derroteros de los diferentes actores de los meses golpistas. ¿Se quedarán sus protagonistas de brazos cruzados? Una extrema derecha sin opciones electorales, con grandes intereses económicos, apoyo exterior -centralmente de la Casa Blanca y de Brasil- y una vocación innata por la violencia, ¿permitirá que los involucrados en el golpe sean juzgados y condenados? ¿Permitirán Áñez y su séquito ser procesados por los numerosos casos de corrupción e innumerables irregularidades cometidas? Todo en medio de una profunda crisis política, social y económica que recorre el Estado Plurinacional. Con un Tribunal Supremo amañado, fuerzas represivas golpistas con sus manos manchadas de sangre y los índices de pobreza que se disparan en un contexto agravado por la pandemia.
Ya desde la primera jornada postelectoral, no cesan las provocaciones: la presidenta de facto desafió una resolución de la Asamblea Plurinacional y, tras 24 horas de separación de sus cargos, volvió a juramentar a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Sobre el primero recaen las acusaciones de los crímenes cometidos en Senkata, Sacaba, Ovejuyo, Huayllani, Montero y Betanzos, con un saldo de 37 muertos, más de 500 heridos de bala y alrededor de 1.000 presos y presas políticas en las cárceles de la dictadura. En un alarde de cinismo, el mismo Murillo sostuvo: “Creemos que el trabajo que hemos hecho no ha sido para generar odio y venganza, sino para frenar el narcotráfico, para sostener la salud de la población en la cuarentena y para cuidar la democracia con la pacificación. Bolivia necesita reconciliación”.
Simultáneamente, las urbes de Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y Sucre son escenario de protestas opositoras, que transcurren en las inmediaciones de las respectivas sedes del TSE, manifestándose contra el “fraude” y convocando a la “resistencia civil” y al “paro cívico”.
La derecha extrema solo tiene para festejar el triunfo holgado de Camacho en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde retuvo casi el 50 por ciento de los votos. Este fascista que habla mal, dice incoherencias, sin embargo, demuestra ser un hábil político que dio forma a una fuerza que no convendría subestimar, máxime cuando encabeza un sector que históricamente pretende la balcanización de Bolivia con la secesión de la Media Luna Oriental.
Mientras, Arce convocaba desde La Paz a la reconciliación: “Los bolivianos hemos recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a reconducir el proceso de cambio sin odio. Y aprendiendo y superando nuestros errores como Movimiento Al Socialismo”. Evo Morales reproducía el mensaje desde Buenos Aires: “Pronto empezará un tiempo de nuevos desafíos. Tenemos que dejar de lado los intereses sectoriales para lograr un gran acuerdo nacional con empresarios, trabajadores y el Estado para sacar a Bolivia de la crisis en la que estamos”.
Y aquí está presente el riesgo del que alertara la dirigente Adriana Guzmán, poco antes de las elecciones: “Que respeten esa victoria, pero que, para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, el gobierno del MAS tenga que transar. Yo creo que eso va a ser un gran riesgo para el proyecto político que defendemos y que queremos continuar y profundizar. Sobre todo, si hacen acuerdos políticos para dejar impunes a los autores intelectuales de las masacres. Yo creo que uno de los más grandes riesgos es que el Movimiento Al Socialismo negocie la estabilidad y la gobernabilidad con la misma derecha fascista que ha hecho el golpe”.
Seguramente, los errores cometidos por los gobiernos del MAS y Evo Morales serán analizados y balanceados por su pueblo y por las organizaciones sociales y políticas que, un año después, regresan al gobierno. Pero nada puede justificar el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar-religiosa, las masacres, los crímenes de lesa humanidad, la proscripción política, la persecución y prisión de líderes políticos/as y sociales -especialmente indígenas-, el exilio, el cierre de los medios de comunicación comunitarios, la persecución al periodismo que cuestionaba al golpe, la violencia patriarcal y racista contra las mujeres de pollera, la falta de respeto a la wiphala y a los símbolos del Estado Plurinacional.
El triunfo del MAS tendrá que ser confirmado con acciones cotidianas que pacifiquen el país, pero a partir de la justicia y no de la desmemoria y la impunidad. Otra vez habla Adriana Guzmán: “Es un contexto complejo. Como organizaciones, esperamos que responda a quienes les hemos dado el voto, a quienes hemos garantizado al país el retorno de la democracia, a quienes hemos sostenido la lucha contra el racismo y el fascismo. Esperamos que responda a las demandas del pueblo, que son las demandas de asamblea constituyente, las demandas de Estado Plurinacional, de descolonización, despatriarcalización, de profundización de la construcción de una economía no capitalista, de una educación realmente anticolonial y antirracista. Esas son las tareas concretas. Pero va a ser difícil, porque estos grupos terratenientes, oligarcas, van a hacer todo por generar un contexto de desestabilización. Los paramilitares no desaparecen con las elecciones. Va a ser difícil. Difícil, pero posible, en tanto se logre la unidad entre las organizaciones sociales, el gobierno, la estructura del Ejecutivo y el Congreso, el Parlamento, la Asamblea Plurinacional”.
La historia de Bolivia es la historia de las luchas sociales, de las rebeliones indígenas, de las insurrecciones mineras; luchas protagonizadas por los trabajadores, campesinos, poblaciones originarias, vecinos de los barrios populares; lo hicieron también las organizaciones políticas de izquierda y revolucionarias en el terreno de la lucha democrática, del enfrentamiento con las fuerzas más oscuras del fascismo, con sus grupos paramilitares, en las ciudades y en el campo, en las montañas y en el llano. Ahora son los miles de rostros jóvenes que vencieron el miedo.
Bolivia hoy es un símbolo de que las dictaduras no son invencibles, pero también un faro continental, de la misma manera que la juventud chilena en las calles de Santiago o la Minga indígena por los valles del Cauca de Colombia, para que el fascismo, duramente golpeado en la tierra de Tupak Katari y Bartolina Sisa, no tenga opciones de resucitar.
Las condiciones en que el nuevo presidente electo recibe el gobierno del Estado Plurinacional marcan claramente la ruta de su gestión. Las vejaciones que sufrió su pueblo durante este año, el silencio ante la humillación, la sangre que derramó y el coraje con el que resistió la represión y el amedrentamiento, hasta salir a votar en plena pandemia para llevarlo al poder con control parlamentario en ambas cámaras, le indican la ruta y le dan el mandato. La alegría, la felicidad, la dignidad recorren las calles de Bolivia… Pero el ojo está atento y la guardia sigue en alto.
*Por Jorge Montero para La tinta / Foto de portada: elcomun.es
