Bolivia a la hora señalada
El próximo domingo, se realizan las elecciones presidenciales en Bolivia. La ultraderecha golpista intenta evitar, por todos los medios, el triunfo del MAS y el posible regreso al país de Evo Morales.
Por Jorge Montero para La tinta
“Esto implica no sólo mejores condiciones de vida, un cambio radical de estructuras,
una revolución social, sino mucho más: la creación continua, y siempre inacabada,
de una nueva manera de ser hombre, una revolución cultural permanente”.
(Néstor Taboada Terán, escritor, historiador y periodista boliviano)
A pocos días de las elecciones presidenciales, previstas para el 18 de octubre y con encuestas que arrojan resultados disputados a favor del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, existen declaraciones desde Bolivia y Estados Unidos que arrojan amenazas sobre la contienda. Los mensajes caen como pedradas. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -“ese ministerio de colonias yanqui”, como lo calificara el cubano Raúl Roa-, se reunió en Washington con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, y escribió en su cuenta de Twitter su preocupación “sobre posibilidad de nuevo fraude en Elecciones Generales 2020”.
Ambos hombres han sido claves en los acontecimientos de noviembre pasado, que finalizaron con el golpe de Estado y el derrocamiento de Evo Morales. Almagro desempeñó un papel central desde la OEA, dando aire a la escalada golpista, al poner en duda los resultados electorales del 20 de octubre y un supuesto fraude nunca comprobado. Un año después, la OEA regresa a Bolivia en “Misión de Observación Electoral”, encabezada por el ex canciller de Costa Rica, Manuel González, casualmente el mismo hombre que tuvo a su cargo la oscura tarea en los anteriores comicios.
Por su parte, Murillo pasa por ser el hombre fuerte del gobierno de facto. Ha sido uno de los principales responsables de conducir la política de amenazas, persecuciones y represión desde su puesto en el Ministerio de Gobierno que, entre otras atrocidades, provocó las masacres de Senkata y Sacaba, con el saldo de 34 personas asesinadas, más de 600 heridos y alrededor de 1.000 presos y presas políticas en las cárceles de la dictadura.
Se ha mantenido en un gabinete de facto donde solo quedan siete de los 20 ministros del equipo original. Y, recientemente, fue denunciado por Oscar Ortiz, destituido ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien se quejaba amargamente: “La presidenta Añez le ha entregado el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo, que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes”. En su reemplazo, asumió, nada menos, el fascista croata Branko Marincovic, empresario de Santa Cruz de la Sierra e ideólogo del proyecto de balcanización de la Media Luna Oriental.
¿Por qué Murillo y Almagro hablan de fraude teniendo el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Misión de la OEA? “Ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o, finalmente, como ocurrió en Honduras, hacer fraude electoral”, denunció el candidato Arce.
La declaración de Almagro junto a Murillo, en la recta final de las elecciones, en el marco del repentino viaje del ministro boliviano a Estados Unidos, del que trascendió poco -una foto con Almagro y sendas reuniones con el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde acaba de asumir el gusano Mauricio Claver-Carone, hombre de Donald Trump-, despierta justificadas alertas acerca de la preparación de un escenario de fraude para no reconocer una posible victoria en primera vuelta del candidato del MAS.
Siempre envuelto en un halo de misterio, Murillo sostuvo que, en su viaje a Washington, abordó “temas bastante delicados que tienen que ver con la seguridad del Estado, referidas a las amenazas ante las elecciones”, para lo cual “Estados Unidos puede ayudar en varias cosas”.
No son las únicas amenazas que pesan sobre el proceso electoral boliviano. Por un lado, aún sigue vigente la posibilidad de suspensión de la personería jurídica del MAS por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La respuesta de Evo Morales, desde Buenos Aires, fue un nuevo pedido de moderación a sus seguidores: “Pese a las presiones internas y externas, no existen argumentos legales ni jurídicos para proscribir al MAS. Mi pedido, hermanas y hermanos, es que tengamos paciencia y evitemos las provocaciones que buscan crear convulsión y suspender las elecciones”. Aun cuando es difícil que esta proscripción prospere, debido a la relación de fuerzas establecidas por las masas trabajadoras y populares durante los bloqueos de los 11 días del mes de agosto, la posibilidad se mantiene latente.
Por otro lado, se han dado agresiones contra caravanas de campaña del MAS en algunos departamentos del país, como en Santa Cruz, región donde tiene mayor fuerza Fernando Camacho, dirigente central durante la escalada del golpe de Estado y uno de los candidatos a presidente.
Tanto Camacho como Murillo han sido señalados por sus vínculos con organizaciones armadas, paramilitares, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Cochala, que fueron desplegadas durante el golpe en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y, en el mes de agosto, contra las movilizaciones y bloqueos de los movimientos sociales que exigían que no fueran pospuestas las fechas electorales.
La posibilidad de un escenario de violencia ha sido anticipada en estos días por el gobierno de facto. Añez afirmó que, si Arce pierde las elecciones, “no va a reconocer el resultado y va a querer incendiar el país”. Murillo, por su parte, afirmó que el MAS tiene “armas de fuego” y que podría haber “sangre el 18 de octubre”.
¿Podría el gobierno de facto desatar episodios de violencia, atribuirlos al MAS y luego utilizarlos como justificación para tomar medidas de excepcionalidad que puedan afectar la contienda electoral? Acusar al MAS de violencia es una estrategia narrativa que fue utilizada desde el inicio del golpe: bajo ese argumento, se dieron persecuciones, criminalización de dirigentes -como el mismo Morales-, organizaciones y protestas.
El objetivo sería impedir un regreso del MAS al gobierno en Bolivia, algo que está en gran parte atado a la posibilidad de que Arce gane el 18 de octubre con más de 40 por ciento y 10 puntos de diferencia sobre el siguiente candidato, con lo que evitaría así una segunda vuelta, que uniría a todos sus antagonistas.
Arce encabezó todas las encuestas desde que fue presentado como candidato. Una de las razones fue la división de los actores de derecha que fueron parte, con roles diferenciados, del golpe de Estado: Camacho, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Añez.
Estos personajes, cohesionados en octubre y noviembre alrededor del objetivo del derrocamiento de Evo Morales, se volvieron a dividir una vez que el gobierno de facto logró asentarse y, sobre todo, cuando Añez decidió anunciar su candidatura presidencial, algo que no formaba parte del acuerdo interno y provocó enfrentamientos. El MAS, en contraste con esa fragmentación, logró articularse alrededor del binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, con respaldo de los movimientos sociales, indígenas, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB).
La incapacidad de los candidatos de derecha de construir una plataforma común fue una de las razones de las postergaciones electorales del 3 de mayo al 2 de agosto, luego al 6 de septiembre y, finalmente, el 18 de octubre. Esa situación de fragmentación forzó el anuncio de Añez el 17 de septiembre de no presentarse como candidata y así evitar una mayor dispersión del voto. “Lo hago para sumar a la victoria de los que no quieren la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Evo”, afirmó.
El gobierno de facto enfrentó una paradoja: perdió respaldo social a medida que postergó las elecciones para impedir el regreso del MAS y avanzar en su proyecto económico. En los meses de la presidencia de Áñez, crecieron en flecha los índices de pobreza en un contexto agravado por la pandemia, quedó expuesto el plan de privatizaciones de empresas estatales, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y escándalos de corrupción como la compra de respiradores con sobreprecio. Arce, quien fue ministro de Economía durante los gobiernos de Morales, por el contrario, tiene una carta importante que mostrar por sus logros en ese período.
El tiempo, en lugar de favorecer a la dictadura, amplió su rechazo social. El MAS, en cambio, se mantuvo cohesionado, no sin tensiones. Los reiterados llamados a la moderación por parte de Evo Morales hacia las masas de trabajadores, campesinos y originarios que convergieron en más de 185 bloqueos a lo largo de la geografía boliviana, son una prueba palmaria. Mientras el reclamo popular primigenio sostenía el elemental derecho popular a elegir sus gobernantes sin nuevas dilaciones, creció vertiginosamente la exigencia por la renuncia del gobierno golpista de Áñez.
¿Está dispuesto el bloque burgués nacional e internacional que urdió y encabezó el golpe a perder el gobierno por los votos menos de un año después de su victoria? Seguramente es la principal pregunta que circula desde que fue derrocado Morales. Las amenazas sobre el proceso electoral abarcan tanto los días anteriores a las elecciones como el desarrollo mismo de la jornada y las horas y días siguientes.
También se presenta otro riesgo del que alerta la dirigente aymara y feminista comunitaria antipatriarcal, Adriana Guzmán: “Que respeten esa victoria, pero que, para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, el gobierno del MAS tenga que transar. Yo creo que eso va a ser un gran riesgo para el proyecto político que defendemos y que queremos continuar y profundizar. Sobre todo, si hacen acuerdos políticos para dejar impunes a los autores intelectuales de las masacres. Yo creo que uno de los más grandes riesgos es que el Movimiento Al Socialismo negocie la estabilidad y la gobernabilidad con la misma derecha fascista que ha hecho el golpe”.
La contienda del 18 de octubre será central para el país y para América Latina. El golpe de Estado contra Bolivia implicó un punto de inflexión en un continente, marcado por una ofensiva de las derechas articuladas desde el Departamento de Estado estadounidense. La forma en la cual transcurra la elección y su resultado será un capítulo central en la lucha de los pueblos latinoamericanos por su futuro y en la búsqueda de la unidad antiimperialista.
*Por Jorge Montero para La tinta / Foto de portada: Rodrigo Buendia – Stringer
