Presentaron denuncia penal contra la policía bonaerense
Familiares de las víctimas de la Masacre de Pergamino, junto a vecinos y vecinas de la ciudad, presentaron una denuncia penal contra la policía bonarense, luego de que esta fuerza cometiera una serie de hechos extorsivos la semana pasada.
Por Leandro Albani para La tinta
Durante tres días de la semana pasada, la avenida de Mayo de la ciudad de Pergamino fue escenario de un espectáculo extorsivo, en consonancia con lo sucedido en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires. Efectivos y patrulleros de la policía bonaerense se pasearon de una punta a la otra de la avenida, mostrando su fuerza intimidatoria, bajo la excusa de un aumento salarial que, luego de cortes de rutas y el asedio en las puertas de la quinta presidencial de Olivos, los gobiernos nacional y provincial concedieron tras varias horas de tensión. El supuesto reclamo de la Bonaerense sólo mostró la superficie de un hecho peligroso pocas veces visto en el país.
Frente a esta situación, el Colectivo Justicia x los 7 presentó, el viernes, al Fiscal General del Departamento Judicial Pergamino-Colón, Mario Daniel Gómez, una denuncia penal contra la Bonaerense en la que se exige la investigación de la posible “comisión de delito por parte de los integrantes de las fuerzas policiales”.
En Pergamino, donde la misma Bonaerense fue responsable de la muerte de siete jóvenes en la comisaría primera el 2 de marzo de 2017, las movilizaciones de efectivos armados en móviles policiales quedaron registradas por varios medios locales.
En la presentación a la Fiscalía, el Colectivo Justicia x los 7 detalló que las movilizaciones policiales en Pergamino alteraron “la tranquilidad de la ciudadanía con su accionar, que, a las claras, estaba ajeno a un servicio de patrullaje urbano”. En la presentación judicial, se remarcó que “pudo observarse la concentración de uniformados en distintos puntos de la ciudad, en una franca actitud de desacato a la cadena de mando arengando a movilizarse en pos de sus reivindicaciones”.
Aunque la policía bonaerense tiene una estructura vertical, similar a una fuerza militar, se autodefine “como una organización civil armada, lo que hace inaceptable que se manifiesten de ese modo como simples trabajadores, pues todos y cada uno de estos individuos portan armas y uniforme provistos por el Estado, y por ser su función la de garantir el cuidado de los ciudadanos”, pero “con su actitud descripta precedentemente, lograron exactamente el efecto contrario”, señaló el Colectivo en la presentación a Fiscalía.
Desde Justicia x los 7, demandaron al Poder Judicial que “se investigue la comisión de delito por parte de los integrantes de las fuerzas policiales” y que, en caso de detectar “conductas antijurídicas, se individualice a los responsables y se los procese de acuerdo a las figuras correspondientes con sustento en las pruebas obtenidas en la investigación”.
Justicia x los 7 nació luego de la denominada Masacre de Pergamino y está conformado por familiares de las víctimas y por vecinos y vecinas de la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Desde el 2 de marzo de 2017, el Colectivo recorrió un largo camino de lucha, que derivó en la condena de Brian Carrizo, Alexis Eva, Alberto Donza, Carolina Guevara, Matías Giulietti y Sergio Ramón Rodas, los policías bonaerenses implicados en las muertes de Federico Perrotta, Alan Córdoba, José “Noni” Cabrera, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Jhon Claros y Franco Pizarro. Hace poco más de un año, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la ciudad dictaminó penas entre 15 y 6 años de prisión para los ex uniformados, pero cuatro de ellos fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
En diálogo con La tinta, Guillermo Poracchia, integrante del Colectivo Justicia x los 7, explicó que la gravedad de los hechos queda en claro al observar que “un brazo armado del Estado, desobedeciendo la cadena de mando y despegándose del principio de legalidad”, comete un delito frente al Estado de Derecho que impera en Argentina.
“Lo que se vio en esos días fue la suspensión notoria, evidente y sistémica del Estado de Derecho, que consideramos un acto por lo cual la justicia tendría que haber actuado de oficio –indicó Poracchia-. Por la información que manejamos, por el momento, no hay ningún fiscal actuando de oficio, como tampoco tenemos registro de alguna denuncia formalizada en el territorio de la provincia. Nuestra acción también intenta marcar un precedente y acudir a una instancia necesaria para velar por el sostenimiento del Estado democrático y, sobre todo, por lo que venimos luchando, que es una efectiva existencia de un Estado de Derecho”.
Desde Justicia x los 7, también vieron con preocupación la intervención del autodenominado Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires (SIPOBA), que tuvo una participación activa durante los hechos extorsivos impulsados por los uniformados. Poracchia recordó que, cuando en Pergamino comenzaba la lucha de familiares y vecinos para que se haga justicia, tuvieron que denunciar al SIPOBA, ya que, en 2017 y 2018, esta agrupación “operativizó las movilizaciones” a favor de los policías bonaerense imputados por la masacre.
“De hecho, fue el SIPOBA, de manera extorsiva y con el mismo mecanismo que utilizaron actualmente, que sacó a la tropa a la calle para garantizar la impunidad a los seis imputados y procesados”, agregó el miembro de Justicia x los 7.
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Por otra parte, Poracchia destacó que el Colectivo que integra realizó la presentación judicial ante “la pasividad y el silencio de todo el arco político, de las agencias estatales”, ya que “desde el Poder Ejecutivo, no se impulsó ni formalizó denuncia alguna, tanto en los planos provincial como locales”.
Poracchia aseveró que, desde Justicia x los 7, entienden “que el Estado de Derecho existe en términos formales, pero no existe en los términos prácticos, o no se ejecuta o garantiza por parte de los estados provinciales el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía”. Como ejemplo, puntualizó que se está “premiando” a “un actor históricamente impugnado, como es la policía bonaerense, que protagonizó en la desaparición de Facundo Astudillo Castro”. Por último, recordó que la Bonaerense se destaca “por sus prácticas habituales como la tortura, la ejecución sumaria, prender fuego a pibes que estén en situación de encierro en las comisarías”.
*Por Leandro Albani para La tinta / Imagen de portada: El tiempo de Pergamino.
