Bolivia: de nación clandestina a nación insurgente
La nación andina atraviesa horas críticas, en medio de la pandemia de coronavirus, la represión estatal y la radicalidad de los movimientos sociales que exigen libertad y justicia.
Por Verónica Zapata para CLAE
La rebelión de los bloqueos en Bolivia dejó mucha tela para cortar, más allá de las próximas elecciones. Primero, por el momento histórico dimensionado en la masividad de los bloqueos (150 bloqueos en 12 días), algo inédito en los últimos 35 años desde la implementación del neoliberalismo en el país. Superaron a las insurrecciones de 2000 (Guerra del Agua) y la de 2003 (Guerra del Gas), que provocó la renuncia del ex presidente Sánchez de Lozada y precedió la llegada de Evo Morales.
No puede adjudicarse esta lucha al Movimiento al Socialismo (MAS), por su origen autoconvocante desde las bases (la Central Obrera Boliviana –COB-, el Pacto de Unidad y El Mallku), y por la demanda de renuncia de Jeanine Áñez, que lo rebasó.
El desencuentro entre las organizaciones sociales y la clase política es una disputa que marca un punto de inflexión en la historia de la organización política del país y reflota una demanda histórica: la descolonización de la política.
Hoy Bolivia es un laboratorio de extermino, con un golpe de Estado violento y la pandemia instrumentalizada por el gobierno de facto para eliminar al “enemigo interno”, provocando un genocidio indígena, legitimado en un discurso racista con el fin de instaurar un apartheid indígena como en la época de la república colonial.
Un dato clave es la llegada -por primera vez en 194 años de la creación de Bolivia como Estado-nación- de separatistas al gobierno. Tal el caso del croata Branco Marincovich, cuyo proyecto político excede el de un partido neoliberal y tiene en el horizonte la división del Estado, la balcanización del país.
A nivel regional, se sientan las bases de un modelo aplicable en otros países, que se inició y empezó a moldear con el golpe “blando” en Honduras (2009), y que, con un golpe violento en Bolivia (2019), adquiere las características más radicales y fascistas.
Estados Unidos, con el fin de recuperar su hegemonía, intenta reconquistar su “patio trasero” (Doctrina Monroe, 1823), recolonizar la región y controlar el 60 por ciento del litio del mundo, riqueza natural del país, por lo que perpetra un golpe en el corazón de América Latina contra el reservorio moral y revolucionario, que son los pueblos originarios.
El marco de un plan de una invasión a Venezuela, denunciado el 19 de agosto por Samuel Moncada, embajador venezolano ante Naciones Unidas (ONU), anticipa ese horizonte para Bolivia, sobre todo luego de medir fuerzas tras los bloqueos.
Durante el golpe de 2019, se observó una desorganización e indefensión de las organizaciones sociales, que perdieron la calle ante la violencia de las fuerzas armadas, la policía y los grupos paramilitares. En nueve meses, esa correlación de fuerzas cambió: los movimientos sociales demostraron su sabiduría y su capacidad de reorganización, acorralando a los golpistas.
Se formaron miles de motoqueros indígenas con sus Whipalas, en contraposición a los paramilitares motoqueros que, inferiores en cantidad, sumaron policías a sus filas. Otro ejemplo es la “Juventud Wari”, integrada por jóvenes indígenas de Warizata, en honor a la primera escuela ayllu indígena de Bolivia.
En este proceso, la recuperación de la memoria histórica de lucha ancestral de Tupak Katari, Bartolina Sisa y tantos otros, fue determinante.
Recobra valor el discurso indianista, anticolonial y antirracista, cuyo pensamiento ideológico rescata el pueblo boliviano, en contraposición al resurgimiento del discurso racista de supremacía blanca. Este punto es clave para fortalecer la identidad, visualizar el camino y el objeto en disputa: el Estado Plurinacional.
Volver a la República por su origen colonial implica que las y los indígenas vuelvan a la situación de cuasi esclavitud anterior a 2005, y que las y los bolivianos sean extranjeros en su propia tierra.
Un discurso netamente electoralita del MAS, en afán de convocar el voto de la clase media, no potencia al principal sujeto político de los cambios sociales, que son los indígenas. El riesgo es descuidar a su base fundacional, que resiste el golpe desde el territorio, que protegió con 10 mil hombres el avión en el que partió Morales, y quienes recuperarán la democracia llegado el momento.
Las fuerzas armadas y la policía, en progresiva fractura a su interior, ya no son incondicionales a Áñez, aunque sus cúpulas sí a cambio de sobornos y ascensos. No reprimieron en 12 días pese a las amenazas. Es impredecible saber qué hubiera pasado si no se levantaban los bloqueos, pero lo concreto es que Áñez estaba planificando su huida a Colombia, donde reside su pareja. Y la convocatoria de Fernando Camacho y sus seguidores para desbloquear fue un fracaso.
Las negociaciones entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Áñez y las organizaciones sociales fueron otro fracaso. Nadie asistió a la reunión con Áñez, pues en simultáneo reprimían en Samaipata. Maricruz Bayá, de ADN, asistió y le pidió la renuncia por televisión, evidenciando un vacío de poder y un Estado sin gobierno.
El 10 de agosto, Morales convocó a una conciliación con la ONU y la Iglesia católica, con el objetivo de definir la fecha electoral para el 18 de octubre, mientras las organizaciones sociales exigían otra fecha consensuada. El 12 de agosto se determinó rodear la Casa de Gobierno hasta la renuncia de Áñez. Al día siguiente, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de “elecciones definitivas, impostergable e inamovible” para el 18 de octubre.
Áñez se adjudica la “pacificación del país”. La COB y el Pacto de Unidad acusaron de “traición” a la Asamblea Legislativa y desconocieron dicha ley por “deliberar a espaldas del pueblo”. A los dos días, se declaró cuarto intermedio y se levantaron los bloqueos, lo que provocó malestar y pugnas.
Inmediatamente, se desataron amenazas de aprehensión contra los dirigentes y el de Interculturales fue detenido. Se creó un clima de “fraude” idéntico al de 2019, tratando de imponer el imaginario de que si el MAS gana elecciones sería por fraude (misma línea que sostiene Donald Trump ante la posibilidad de perder su reelección).
La iglesia pidió evitar las elecciones por la pandemia, y lo mismo hicieron los líderes “cívicos” (de la ultraderecha) en una reunión con el TSE; un diplomático golpista en Brasil puso en duda el voto migrante por la pandemia (podría extenderse a otros países), un “cabildo cívico virtual” demandó fiscalizar las elecciones y amenazó con desconocer a los vocales del TSE, mientras circula la versión de que éstos podrían renunciar masivamente.
Según una sondeo de CELAG, el candidato masista Luis Arce, con 42 por ciento, supera el 40 por ciento de los votos y los 10 puntos de diferencia con el segundo contrincante, Carlos Mesa, que tiene 27 por ciento, lo que significa que ganaría en primera vuelta.
El partido electoral se juega en una cancha embarrada (golpismo/medios/aparato estatal/etc.) y con un árbitro del golpismo, el TSE. Si Áñez u otro candidato se bajan de sus candidaturas, las distancias se acortan, y se iría a segunda vuelta, donde el voto anti-MAS sería fatal.
Más allá de la realización y/o resultados de la elección, el MAS se debe una profunda autocritica por los errores previos al golpe y post-golpe, como señalan las bases. Se precisa la renovación de burócratas de clase media por cuadros políticos con protagonismo indígena (mayoría en el país) y con legitimidad de las bases, condiciones vitales para anticipar y desarticular cualquier ofensiva imperial.
Si el MAS vira al centro y pasa a ser un partido tradicional, dejando de lado los principios ideológicos originarios, el costo político será alto, como el que pagó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tras dictar las leyes de reforma agraria y del voto universal en 1952.
Los puntos centrales de reflexión post-bloqueos son:
—Sociedad civil versus sociedad política: la lucha del pueblo por la recuperación de la democracia rebasó al MAS, en demandas y en número, armándose un bloque popular diverso en la que este es solo una fracción.
—Democracia representativa liberal versus democracia participativa: teniendo en cuenta los desencuentros entre las organizaciones sociales y la clase política, y que “la madurez de las organizaciones sociales se demuestra en la capacidad y autonomía de sus decisiones” (C. Katari, 2019), ¿son las organizaciones sociales (base) las que deliberan y deciden el plan de lucha y la clase política obedece -según Morales, “gobernar obedeciendo al pueblo”-, o éstas se toman de forma vertical, paternalista y unilateral?
— Colonización de la política versus descolonización de la política: el 13 de agosto, Segundina Flores, máxima dirigente del movimiento Bartolinas Sisa, parte del Pacto de Unidad junto a la COB, sostuvo que “sectores intelectuales de clase media que han conducido el proceso de cambio, el MAS, siguen conduciéndolo y a nosotros (los indígenas) como fundadores del instrumento político (…) no nos han dejado conducir. Siempre están hablando a nombre de nosotros y de nuestra lucha”.
Es innegable que el acceso de los indígenas a la política fue masivo durante el gobierno de Evo Morales, que lideró el mejor periodo de la historia de Bolivia. Sin embargo, estas palabras obligan a la reflexión de hasta qué punto los indígenas participaban de las decisiones claves del rumbo del país, sobre todo en el llamado “gobierno de las organizaciones sociales” y en una sociedad pigmentocrática, donde el “saber y la capacidad” están puestos históricamente en los llamados “perfiles profesionales”, que son siempre blancos.
Por otro lado, se interpela a los “intelectuales de clase media y de izquierda, blancos” (aplicable a nivel regional). Sin consciencia de su procedencia de clase, formateados en una visión eurocéntrica, aplican conceptos y categorías occidentales de análisis, que no tienen que ver con la realidad y el pensamiento andino, e insuficientes para explicar la compleja realidad boliviana e indígena. No advirtiéndolo, reproducen el sistema colonial y capitalista que sostienen criticar.
Equivale a que analicemos las problemáticas de género de las mujeres con parámetros masculinos. El marxista Antonio Gramsci criticó a este tipo de “intelectual tradicional”, pero los destinatarios de las palabras de la líderesa bartolina parecen no haberlo leído, aunque ello no alcanzaría.
Porque quien prende la luz es el pionero pensamiento indianista, que propone la descolonización del conocimiento y la ciencia, el pensarse “desde nosotros mismos”. Sólo ellos podrán plantear las problemáticas del indígena y por eso la denuncia de que otros se presentan como voceros de los indígenas (y de las y los bolivianos), usándolos como plataforma política, y robando su voz para acceder a cargos políticos y otros beneficios.
*Por Verónica Zapata para CLAE / Foto de portada: EFE
