Fuertes protestas por un nuevo caso de gatillo fácil en Estados Unidos
El caso de Jacob Blake, baleado por la espalda el domingo, detonó nuevas protestas en todo el país. Los manifestantes demandan justicia y una reforma urgente en la institución policial.
Por Guido Vassallo para Página/12
El caso de Jacob Blake, el afroamericano baleado por la espalda por la policía de la ciudad de Kenosha, Wisconsin, reavivó el malestar de una buena parte de la población estadounidense, que exige una profunda reforma policial, y desató violentas protestas en el centro de la ciudad. El domingo, un oficial le disparó ocho veces a Blake, a corta distancia y mientras subía a su camioneta. Los oficiales acudieron al lugar por una supuesta denuncia de violencia doméstica. Pero en el video que registró los hechos se lo ve al joven, de 29 años, caminando lentamente, desarmado y sin oponer resistencia. Bastaba con que los dos policías que se le acercaron lo esposaran. A bordo del vehículo, los tres hijos de Blake vieron toda la secuencia. Ahora, su padre permanece internado en grave estado.
Las imágenes de la salvaje agresión, que se viralizaron rápidamente, desataron la bronca de los vecinos de Kenosha, y una multitud se congregó el mismo domingo por la noche en el lugar de los hechos. Luego marcharon hacia el edificio de Seguridad Pública. Un camión recolector de residuos fue colocado en la esquina del edificio para impedir el paso a los manifestantes que, sin embargo, lo incendiaron. La policía comenzó a arrojar gases lacrimógenos y los asistentes a la protesta rompieron vidrieras de comercios y quemaron vehículos estacionados en los alrededores. Las autoridades locales declararon el estado de emergencia e impusieron un toque de queda, que empezó a la medianoche y se prolongó hasta las siete de la mañana del lunes.
Casos como el de Blake son moneda corriente en las últimas décadas, y demuestran que aún en tiempos de una pandemia de coronavirus que cambió los hábitos de muchos estadounidenses, los casos de gatillo fácil no desaceleran. Al contrario, se siguen repitiendo a un ritmo similar al de años anteriores, afectando sobre todo a negros y latinos que tienen tres veces más chances de ser disparados y asesinados por la policía que los blancos.
Según un informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), al 30 de junio de este año 511 personas fueron asesinadas a tiros por efectivos policiales, en comparación a las 484 del mismo período en 2019. Pero esa cifra podría ser aún mayor, porque no se tienen en cuenta las muertes a manos de la policía que no fueron causadas por disparos. Casos como el de George Floyd, por ejemplo, no entran en esa lista.
La otra epidemia
“El asesinato de George Floyd por agentes de policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 fue horrible, pero no fue inusual. La gente se levantó en protesta en las calles de todo Estados Unidos no porque tal brutalidad no tuviera precedentes, sino porque la violencia policial está y siempre ha estado en el tejido de la vida estadounidense. La policía de Estados Unidos mata a un número obsceno de personas cada año. No se conoce el número real, porque los datos no se rastrean, informan, recopilan ni analizan de manera sistemática”, destaca el crudo informe de ACLU.
Bajo el título La otra epidemia: tiroteos mortales de la policía en tiempos de la COVID-19, el documento revela que la policía siguió “disparando fatalmente a personas al mismo ritmo durante los primeros seis meses de 2020 que durante el mismo período de 2015 a 2019”. En concreto, la policía estadounidense mató al menos a 1.000 personas cada año, y desde enero de 2015 hasta ahora los agentes dispararon y mataron a 5.442 personas como mínimo. “Incluso en marzo y abril, cuando las empresas cerraron y la gente se quedó en casa, la policía disparó fatalmente a tres personas por día en promedio”, explica en diálogo con Página/12 Justin Nix, profesor asociado de criminología en la Universidad de Nebraska.
“En perspectiva, la policía en Estados Unidos mata en una proporción tres veces mayor a la tasa de las fuerzas del orden en Canadá, y supera en al menos 16 veces las tasas de Alemania e Inglaterra”, destaca ACLU en su informe. Los datos son más elocuentes si se los descompone. En un 46 por ciento de los tiroteos mortales de la policía mueren personas blancas, aunque éstas componen el 60 por ciento de la población. En el 24 por ciento de los casos mueren personas negras, que representan apenas el 13 por ciento, mientras que en el 17 por ciento de las ocasiones pierden la vida personas de origen hispano, que constituyen al 19 por ciento de la población, de acuerdo a la base de datos del Washington Post.
“Pese a una crisis de salud pública única en la vida, que ha alterado las normas sociales y causado un descenso en las interacciones físicas, la policía sigue logrando matar gente al mismo ritmo que antes del brote de la COVID-19”, asegura la asesora de políticas de vigilancia de ACLU, Paige Fernández, en diálogo con este diario. Sin embargo, el informe se limita a tiroteos fatales en servicio, pero no a otros tipos de incidentes en los que murieron personas. Entonces no se registran las muertes causadas por la policía, como las de Eric Garner en 2014, Freddie Gray en 2015 o, más acá en el tiempo, la de George Floyd el 25 de mayo de este año.
“Los tiroteos fatales representan la gran mayoría de las muertes relacionadas con la policía cada año. Se producen muertes sin disparos, pero con mucha menos frecuencia”, advierte Nix. “Sorprendentemente, el gobierno federal no mantiene datos confiables sobre las muertes relacionadas con la policía. Los mejores datos provienen de The Washington Post”, agrega el profesor, que además trabajó en el análisis del informe de ACLU.
Una reforma urgente
“Para abortar la marea de violencia policial que sigue en las comunidades negras pese a una pandemia global, debemos transformar las fuerzas del orden en el país, reduciendo drásticamente el rol, las responsabilidades, el poder y los fondos de los departamentos de policía”, asegura Fernández. A su vez, la ACLU propone cambiar los estatutos sobre el uso de la fuerza y establecer estructuras de control independientes para que los oficiales rindan cuentas.
“Los datos sugieren que para reducir la cantidad de tiroteos fatales por parte de la policía, debemos reducir la cantidad de interacciones entre la policía y los ciudadanos de manera significativa”, destaca, por su parte, Nix, quien también trae a la discusión los “posibles efectos secundarios” de esta participación. “Por ejemplo, el 25 por ciento de los tiroteos fatales cada año involucran a personas con enfermedades mentales o que atraviesan crisis de salud mental. Si implementamos respuestas alternativas a las llamadas de salud mental, podríamos salvar hasta 250 vidas por año”, dice el profesor de la Universidad de Nebraska.
“Debemos recortar la cantidad astronómica de dinero que nuestros gobiernos gastan en la aplicación de la ley y destinar ese dinero a servicios más útiles, como capacitación laboral, asesoramiento y programas de prevención de la violencia”, advierte Paige Fernández. Durante mucho tiempo, el enfoque en la reforma policial estuvo dominado por cambios que intentan reducir los daños de la actividad de la fuerza sin repensar el rol de la policía en la sociedad. “Pero seis años después de que el movimiento Black Lives Matter atrajera la atención nacional, activistas de todo el país se están uniendo para exigir lo que muchos saben que ha sido la solución desde el principio: desfinanciar a la policía”, asegura tajante la asesora de ACLU.
*Por Guido Vassallo para Página/12 / Foto de portada: Kerem Yucel – Getty Images
