Asesinatos de jóvenes en Colombia: ¿qué está pasando?
La violencia paramilitar y estatal contra la población colombiana se recrudeció en las últimas semanas. Desde el gobierno de Iván Duque, niegan o tergiversan los hechos recientes.
Por Colombia Informa
Más de 17 jóvenes han sido asesinados durante las últimas semanas en distintos departamentos de Colombia. Mientras tanto, el gobierno continúa haciendo caso omiso a las denuncias de las comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas frente a la emergencia humanitaria que se agudiza en varias regiones del país.
El primer hecho sucedió el 9 de agosto, cuando hallaron los cuerpos de dos estudiantes en la vereda San Gerardo, en el límite entre los departamentos de Cauca y Nariño. Michael Márquez, de 15 años, y Cristian Felipe Caicedo, de 17 años, se dirigían a entregar sus tareas del colegio cuando se encontraron con un retén paramilitar, en el que fueron ejecutados con armas de fuego.
Dos días más tarde, en Cali, Valle del Cauca, fueron asesinados cinco jóvenes de 14 y 15 años: Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza, Leyder Cárdenas, Jair Andrés Cortez y Álvaro José Caicedo. Esta masacre sucedió en Llano Verde, un barrio de viviendas de interés social ubicadas en el suroriente de la ciudad, cercano a los cañaduzales. Allí fueron encontrados los cuerpos con golpes, rayones, heridas de arma blanca y tiros de gracia.
Sus familiares denunciaron que, en el momento en el que llegaron al sitio, había dos patrullas de la policía cerca, así como dos cuidadores de ese cañaduzal. Estos últimos tenían machetes en las manos y manchas de sangre en la cara. Por este motivo, durante el velorio, las familias y la comunidad denunciaron la posible participación de la fuerza pública en los asesinatos.
Por otra parte, a través de un tweet lanzado por el partido político FARC, se dio a conocer que la joven Michel Andreina Gómez Calvete fue asesinada en una finca cercana a Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Michel era hija de Sandra Calvete y hermana de Carlos Gómez, ex combatientes que se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Carrizal.
El equipo coordinador de ese ETCR informó que la madre de la joven había recibido amenazas de muerte en días anteriores, cuando se encontraba en el municipio de Caucasia; por esta razón, se desplazaron hacia el ETCR como medida para salvaguardar su vida.
Según la denuncia del partido FARC, la joven recibió 12 puñaladas y, posteriormente, fue degollada. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, se han registrado 20 asesinatos contra integrantes del núcleo familiar de ex combatientes, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Tres días más tarde, el 15 de agosto, asesinaron a ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, en Nariño. Las víctimas, quienes oscilaban entre los 17 y los 25 años, fueron identificadas como Daniel Vargas, Campo Elian, Brayan Cuarán, Laura Mishael Riascos Melo, Sebastián Quintero, Óscar Obando, Byron Patiño y Rubén Ibarra.
Los jóvenes se encontraban en una vivienda de la vereda Santa Catalina cuando cuatro hombres con armas de fuego dispararon indiscriminadamente. Esa misma noche, también hallaron en el mismo municipio el cuerpo de Yesica Zúñiga Jaramillo, una joven de 26 años.
Los medios de comunicación tradicionales, así como las administraciones locales y nacionales, han justificado estos asesinatos bajo el pretexto de que los jóvenes estaban incumpliendo con la cuarentena. Estas afirmaciones desvían la atención ante la emergencia humanitaria que han denunciado las comunidades durante la pandemia, así como de los responsables de estos hechos.
Aunque la institucionalidad ha asegurado que se trata del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la insurgencia emitió un comunicado en el que desmintió estas afirmaciones.
Mientras tanto, los habitantes de distintas ciudades y regiones rurales han denunciado la agudización de la militarización en sus territorios, así como la reconfiguración de grupos paramilitares en los mismos.
Erika Prieto, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, aseguró que, desde los grupos poderosos, como lo es el partido de gobierno, se ha generado una estigmatización directa contra las poblaciones diversas y críticas, entre las cuales se encuentra la juventud.
Según Prieto, se hacen “una serie de señalamientos a través de los medios, una serie de cuestionamientos y, posteriormente, se les asesina. Así, se responde además a una estructura que ha venido reproduciendo y reconfigurando, que es la estructura de los grupos paramilitares, que nunca dejaron de existir”.
Finalmente, expresó que estos hechos “ocurren también con la connivencia de la institución; ocurren en un contexto de convivencia entre las fuerzas en general y el Estado. En este sentido, es importante entender que es una fuerza pública que actúa con la certeza de la impunidad”.
*Por Colombia Informa / Foto de portada: EFE
