Incendios en el Delta: todos los caminos conducen a los productores agropecuarios
En diálogo con Página 12, el ministro de Ambiente Juan Cabandié aseguró que los responsables son «los productores de la zona que están quemando los pastizales para mejorar el forraje» y se mostró convencido de que, para resolver el problema, la justicia debe detenerlos y apresarlos.
Por María Cafferata para Página 12
El humo de los incendios en el delta del Paraná, que invade la ciudad de Rosario hace días, llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Ayer a la mañana, la ciudad amaneció cubierta por una densa columna de humo y olor a quemado que obligó a dirigir las miradas hacia la catástrofe ambiental que se está desarrollando hace más de tres semanas en los humedales del Río Paraná. Son alrededor de 5 mil focos de incendio que, desde hace más de un par de semanas, cubren los humedales del Río Paraná, resecos debido a la pronunciada bajante del río. Mientras que organizaciones ambientales cortan el puente Rosario-Victoria denunciando un «ecocidio», el gobierno de Entre Ríos reconoce que la situación «se les fue de las manos», que la sequía histórica los «desbordó», y demanda más ayuda del gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe. La Justicia, mientras tanto, investiga a productores agropecuarios de la zona, denunciados penalmente por quemar los pastizales del delta para el desarrollo de la producción ganadera.
«Impresiona ver la dimensión del daño que este ecocidio está causando sobre el humedal. Los responsables de estas quemas tan dañinas para la salud de las personas y tan brutales con nuestra tierra tienen que pagar por lo que han hecho», declaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, quien hace un par de semanas denunció penalmente y pidió la detención de los propietarios de los terrenos en donde se realizaron las quemas. En diálogo con Página 12, Cabandié aseguró que los responsables de los incendios son «los productores agropecuarios de la zona que están quemando los pastizales para mejorar el forraje«, y se mostró convencido de que, para resolver el problema, la Justicia debe detenerlos y apresarlos. «El Ministerio de Ambiente no tiene competencia sobre los recursos naturales, no tiene poder de policía, quien sí lo tiene es la provincia de Entre Ríos», determinó.
«Todo lo que la provincia de Entre Ríos tenía disponible para apagar los incendios lo destinó ahí: comisarías, brigada de delitos rurales, bomberos. Pero la verdad es que la provincia cuenta con pocos recursos, porque no hay infraestructura y no es que se puede entrar ahí con camiones hidratantes o lanchas, la única manera es con helicóptero y por eso pedimos ayuda al gobierno nacional», explicó, por su parte, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. «El delta tiene un millón y medio de hectáreas, representa el 20 por ciento de la superficie total de Entre Ríos. Empezaron con la quema de pastizales hace unos meses y los incendios se fueron propagando como nunca por la condiciones meteorológicas: no llueve, el río está en una bajante histórica, casi no hay agua, así que el fuego comenzó a expandirse de forma espontánea. Esta vez la situación se desbordó, es imposible de controlar», argumentó Rodríguez Signes, quien sin embargo admitió que la quema de pastizales es una práctica ilegal que se repite todos los años. Consultados sobre por qué el Estado no sancionaba a los productores que, cíclicamente, prendían fuego los pastizales del delta, fuentes del gobierno de Entre Ríos respondieron: «Fracasa el sistema, la provincia no tiene los recursos para hacer uso del poder de policía que necesitás para controlarlos. Generalmente ellos hacen los incendios, pasa y nos olvidamos».
Desde febrero, los incendios han consumido un total de 50 mil hectáreas (una superficie que equivale a tres veces la ciudad de Rosario), según el relevamiento de una organización ecologista llamada «Naturalistas santafecinos».
Si bien el gobierno nacional destinó helicópteros, aviones hidratantes, efectivos del Grupo Albatros (el cuerpo de elite de Prefectura Naval), que se sumaron a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, el impacto ambiental del fuego en los humedales es devastador. «Lo grave no es sólo que afecta un importantísimo recurso natural estratégico, en tanto que es uno de los reservorios más grandes de agua dulce, sino que también impacta sobre las funciones ecosistémicas que tiene, como evitar inundaciones. Los humedales son, además, grandes consumidores de carbono y, en el caso del Paraná, cuentan con más de 700 especies de plantas, 100 especies de peces y 200 especies de mamíferos», explicó el diputado socialista de Santa Fe, Enrique Estévez, que presentó un proyecto de ley para la protección de los humedales.
«Basta de quemar las islas», «No al ecocidio», «No es pasto quemado, es bosque nativo ardiendo», «Ley de Humedales Ya», rezaban los carteles de la protesta que el sábado cortó el punte Rosario-Victoria. La convocatoria, organizada por la Multisectorial por la Ley de Humedales, reclama, además del cese de las quemas y la efectiva sanción de los responsables, la sanción de una Ley de Humedales.
«La Ley de Humedales tiene un largo derrotero, se intentó sancionar en el 2013 y en el 2016 pero las dos veces terminaron dormidas en alguna de las Cámaras por el lobby de los agronegocios. Una Ley de Humedales te permite realizar un inventario de los humedales, te da unas pautas mínimas y, además, te permite evidenciar y desnaturalizar la quema como actividad», indicó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien también acusó al gobierno de Entre Ríos de «ser históricamente muy sumiso a los intereses del agronegocio y de relativizar las quemas en la zona».
Por otro lado, Cabandié aseguró también haber intentado conciliar con la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos la creación de un área protegida – «que contemplara lo productivo, pero desde un punto de vista sostenible» -, pero que el gobierno de Entre Ríos se negó.
Según una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario, el 60 por ciento de la población local responsabiliza a los empresarios ganaderos por los incendios. Hasta el momento, la Justicia Federal está investigando a ocho personas por las quemas, todos propietarios de lotes que fueron incendiados. Uno de ellos es Rufino Baggio, empresario y descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio.
Los productores rurales de Entre Ríos, por otro lado, niegan tener responsabilidad sobre los incendios y aseguran que estos se producen por culpa de la circulación de personas en el terreno en un contexto de gran sequía, en el que «ante cualquier descuido puede ser fácil presa del fuego». Siguiendo esta línea, el domingo pasado fueron detenidos dos pescadores santafecinos, acusados de haber iniciado uno de los focos de incendio en las islas del Departamento Diamante. Sin embargo, los funcionarios de Entre Ríos y Santa Fe coinciden en que, si bien es cierto que pueden ocurrir ciertos «descuidos» que provocan algunos focos de incendio, los principales responsables son los productores agropecuarios de la zona.
*Por María Cafferata para Página 12 / Imagen de portada: Télam.
