Sudán: entre el camino a la democracia y las amenazas al gobierno de transición
El gobierno de transición sudanés celebra su primer aniversario y tiene algunos logros a sus espaldas. Sin embargo, la escalada de violencia pone en riesgo el frágil camino hacia la democracia.
Por Raquel Rero para La tinta
Sudán ha cerrado un mes de julio histórico, con la aprobación de un conjunto de reformas legales para ampliar las libertades personales de la ciudadanía. Entre ellas, algunas muy significativas, como el castigo a la mutilación genital femenina, la supresión de la pena de muerte o de la flagelación por tener relaciones homosexuales, además de la eliminación de la ley de apostasía.
En paralelo, en las últimas semanas, la violencia ha escalado de manera significativa en la región de Darfur, lo que ha llevado al primer ministro Abdalla Hamdok a anunciar el despliegue de una fuerza conjunta del Ejército, las Fuerzas de Apoyo Rápido y la policía en los cinco estados del país, con el objetivo de “proteger a los ciudadanos y garantizar la temporada agrícola”.
La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) calcula que se han producido, al menos, siete episodios de violencia graves, dejando decenas de muertes y personas heridas, incendios y desplazamientos. Además, el agravamiento de los ataques y enfrentamientos socava las cosechas y los medios de subsistencia, incrementando las necesidades humanitarias en el Estado.
La delicada situación en la zona supone un importante reto para el gobierno de transición, que se marcó como objetivo finalizar con décadas de conflicto en Darfur. Tras la caída en abril de 2019 del gobierno de Omar Al Bashir, después de meses de protestas y negociaciones mediadas por la Unión Africana y Etiopía, el Consejo Militar y la coalición opositora acordaron, entre otras cosas, unas nuevas conversaciones de paz con los grupos rebeldes, que ahora han tenido que ser aplazadas.
Lo que sí se ha logrado es poner fin a parte del legado islamista de Al Bashir, después de tres décadas de una dictadura considerada entre las peores del mundo. La batería de reformas aprobadas por el Ejecutivo de transición sudanés -compuesto por cinco militares y seis líderes civiles hasta las elecciones de 2022- incluye la eliminación de leyes discriminatorias contra minorías y mujeres.
La mutilación genital femenina será castigada con hasta tres años de cárcel, en un país donde la han sufrido el 86,6 por ciento de las mujeres entre los 15 y 49 años. Además, las mujeres ahora podrán viajar con sus hijos sin el permiso de un familiar varón y se ha anulado el artículo que marcaba su código de vestimenta. El gobierno también ha derogado la pena de muerte para las relaciones homosexuales, aunque mantiene la cadena perpetua como pena máxima.
Por otro lado, se levanta la prohibición de vender o beber alcohol para los no musulmanes, se eleva la edad de responsabilidad penal a los 18 años y se despenaliza la apostasía, castigada hasta ahora incluso con la pena de muerte.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), y los sectores progresistas del país dieron la bienvenida a las reformas, pero consideraron que no van lo suficientemente rápido para cumplir los objetivos de la declaración constitucional. HRW señaló otras leyes problemáticas: la derogación del delito de adulterio, el fin de los castigos corporales, otras normas discriminatorias contra niñas y mujeres -como el matrimonio infantil-, o la adhesión a tratados internacionales contra la tortura.
El Ejecutivo de Hamdok aseguró que es el primer paso hacia la reforma de todo el sistema legal del país de una forma más integral. Del otro lado, partidos y sectores islamistas conservadores no han recibido bien los cambios, y cientos de personas han protestado varios viernes en la ciudad de Jartum contra las medidas que suavizan estas leyes de corte moral y religioso. Incluso, se teme un nuevo intento de golpe de Estado.
Al mismo tiempo, Sudán ha iniciado el juicio al ex dictador. La comparecencia ante la justicia de Al Bashir para ser procesado tendrá su segunda fecha el 11 de agosto. Junto con el resto de acusados, se lo imputa por el golpe de Estado del 30 de junio de 1989. También tendrá que responder ante la Corte Internacional de Justicia por el conflicto de Darfur, en 2003, que dejó más de 300.000 muertes.
*Por Raquel Rero para La tinta / Foto de portada: Ahmed Mustafa – AFP
