La situación de los pueblos originarios en América se agravó rápidamente debido a la pandemia mundial de coronavirus, mientras los Estados miran para otro lado.
Por Magdalena Gómez para La Jornada
La etapa pos-COVID-19 nos depara enormes desafíos, como la situación de los indígenas en las Américas. Más vale que nos preparemos y anticipemos reflexiones y propuestas sobre problemas que, siendo históricos y estructurales, no encuentran cabida en la mira de los Estados nacionales reconvertidos, en contextos de neoliberalismos y globalización.
El sacerdote jesuita Javier Ávila, con varias décadas de acompañamiento a los rarámuris, señaló: “Estos tiempos y estas emergencias no son de hoy ni de ayer; son de siempre. Lamentablemente, nuestras respuestas tampoco son de hoy ni de ayer, sino las de siempre. Seguimos buscando cómo atacar los efectos, dejando intocables las causas. ¿Cómo se le pide a una comunidad que se aísle cuando todo lo importante para ellos es hacerlo en comunidad, celebrando juntos, planeando juntos, trabajando juntos, organizando las cosas entre todos? Así es la única forma de hacer justicia, de celebrar la fiesta, de arreglar y no se le puede pedir a alguien, cuyo sustento lo tiene fuera de su casa, que se quede en casa. Se va a morir antes y no por la pandemia. Ellos manifiestan otros temores, no a morir, sino al hambre, al dolor, a la injusticia, a la pérdida de libertad y de autonomía”.
Igual que reiteran numerosos pueblos en Sudamérica, aseveró que imponer un neoliberalismo violentando los derechos humanos de los indígenas y a la naturaleza es genocidio (Diálogos Encuentro Mundial de Valores, 12/6/20). Queda así planteado el nexo de la cuarentena histórica de los pueblos respecto al Estado y abierto un tema que será preciso reconceptualizar: el neogenocidio.
El contexto de la pandemia, donde el vínculo de la catástrofe sanitaria con la crisis climática es evidente, nos obliga a escuchar el grito de auxilio que desde la Amazonia se emite sobre el riesgo inminente de genocidio. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica alerta sobre la grave situación de los pueblos en un territorio vasto y selvático, con una población vulnerable, dispersa y mayoritariamente indígena, deficientes redes hospitalarias y bajo jurisdicción de los nueve países de la cuenca (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Guyana Francesa y Surinam).
Por ejemplo, en Brasil, las aldeas no pueden hacer el aislamiento social, pues son tierras deforestadas, invadidas por mineros, madereros y acaparadores. Además del capital trasnacional, los incendios han sido devastadores. El alcalde de Manaos, capital de Amazonas, ha reiterado el riesgo de genocidio en lógica opuesta a la del presidente Jair Bolsonaro: “Cada indio que muere lleva con él una parte de la historia, que no es escrita, sino pasada de forma oral de generación en generación. Si los indios muriesen, estaríamos perdiendo más de 10 mil años de civilización indígena en nuestra región y sería imperdonable”.
En México, dirán algunos, no estamos como en la Amazonia, desde las miradas del racismo encubierto y/o el interés puesto en un proyecto político del que los pueblos no son artífices en la llamada Cuarta Transformación, como no lo fueron en las anteriores. Con la pandemia, no se conoce la afectación exacta a los pueblos, sólo en términos de contagios y fallecimientos, pues no son factor explícito de atención.
La crisis se vive en términos de las casi nulas condiciones de acceso a la salud, la inseguridad, los desplazamientos. No existe respuesta oficial contundente. Sin embargo, si ubicamos la cuarentena histórica, la del pre-COVID-19, observamos a los pueblos indígenas en México enfrentando a los megaproyectos esenciales, como el Tren Maya y el corredor transístmico, así como a los concesionados en minería.
Encontramos que, en general, las decisiones oficiales se toman a nombre del supuesto progreso, al margen de los hipotéticos beneficiarios del mismo. Los pueblos y sus comunidades organizados les llaman proyectos de muerte, pues atentan contra la libre determinación y propician su desaparición. Mientras, de manera oficial, se increpa a ellos y a sus seguidores como negacionistas.
Más allá de las falacias que se endilgan a las resistencias indígenas, tenemos las oficiales: desde que es sólo un tren hasta que no cortaremos ningún árbol por el Tren Maya y estamos exentos de manifestación de impacto ambiental, para luego solicitarla y cuantificar los miles de árboles que se cortarán.
Aún no se avanza en lógica de reconocer el neogenocidio, pues, como sabemos, se definió al delito de lesa humanidad de genocidio, en el contexto del exterminio masivo de los judíos europeos por los nazis alemanes. Ese origen ha generado rechazo a conceptualizar como tal a numerosos crímenes y políticas de exterminio de ayer y hoy.
*Por Magdalena Gómez para La Jornada / Foto de portada: Bruno Kelly – Reuters
