Camino a la integración de los Barrios Populares
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación lanzó el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que financiará proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat en estos territorios. Conversamos con Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio Urbana, y con les militantes cordobeses Sandra González de Encuentro de Organizaciones y Javier Montantalvo del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Por Redacción La tinta
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat resolvió, mediante la Resolución 52/2020, la creación del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, cuyo objetivo es financiar proyectos de infraestructura para la integración de barrios populares. Es un programa diseñado desde la Secretaría de Integración Socio Urbana que contempla la participación de las organizaciones comunitarias y de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
En 2017, se declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y, un año más tarde, se aprobó la Ley 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Urbana, “conquistada por los habitantes de los barrios populares de la mano de las organizaciones sociales”, cuenta Sandra Gonzalez, vecina de un barrio popular de Córdoba y militante en Encuentro de Organizaciones.
Fernanda Miño es militante social, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares y del Frente Patria Grande. Actualmente, es Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Explica que “el programa está creado desde la construcción en el territorio, lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el apoyo incondicional de las organizaciones sociales. Por eso, no tenemos más que empezar a hacer ese trabajo junto a las organizaciones de todos los territorios de la Argentina, trabajando con las Municipalidades, las Gobernaciones, dejando claro que venimos iluminadas por la Ley 27.453 que se consiguió con mucho esfuerzo de las organizaciones en la calle”. Si bien esta legislación se aprobó sin presupuesto, actualmente, cuenta con una partida proveniente del Impuesto País, con financiamiento externo y con el presupuesto del Ministerio para el área.
Explica, además, que se trata de un programa federal que tiene en cuenta el trabajo de la Mesa Nacional de Barrios Populares donde hay representación de todas las provincias. “Estoy al tanto de lo que viene pasando, esa posibilidad me la da ser militante, haber participado de todas las instancias y trabajar principalmente desde la construcción que fuimos dando en los años anteriores”, expresa.
Para Javier Montantalvo, referente cordobés del Movimiento de Trabajadores Excluidos, “este programa busca cerrar las heridas que nos han dejado año tras año, nos da la firme convicción de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y la confianza de que es posible tener integración social con la intervención de los movimientos populares. Pasar del frío invierno a la primavera no se logra de un día para otro, hay un trabajo arduo de los movimientos con un proceso de organización y lucha que se viene dando y que va tomando forma”.
Según los datos del ReNaBaP, de las tres millones de personas que viven en los 4500 barrios populares de Argentina, más del 70% no tiene garantizado el acceso seguro a la electricidad, el 93,8% no tiene agua potable, el 98,8% no cuenta con la conexión al sistema de saneamiento y el 98,5% no tiene acceso a gas natural por red para cocinar o calefaccionarse. En Córdoba, los datos son similares: de las 16 mil familias encuestadas, la abrumadora mayoría no cuenta con conexión a la red eléctrica regular y a la red pública de agua corriente, utilizan garrafa para cocinar y energía eléctrica para calefacción.
La Ley estipula que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana, así como cualquier obra en Barrios Populares incluidos en el ReNaBaP, deberán adjudicarse, al menos, el 25% a cooperativas de trabajo y grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por habitantes de esos barrios.
“Los movimientos populares tenemos una amplia gama de experiencia en trabajo organizado y gran capacidad de realizar obras como cualquier empresa extranjera, el Estado junto con las provincias deben empezar a mirar más de cerca y tener más en cuenta a los suyos”, dice Javier.
Por su parte, Sandra cuenta que las cooperativas ya están trabajando en los ocho primeros convenios del país. “Esto es grandioso, es el trabajo y la obra en manos de los trabajadores de la economía popular, una cachetada a la patria contratista”. Para Sandra, se trata de un comienzo “porque soñamos con la urbanización de los casi 4.500 barrios de nuestro país, y la lucha es hasta que la dignidad habite nuestros territorios”.
Fernanda confía en que las organizaciones sean las que articulen las herramientas que brinden desde la Secretaría. “Si hay un proyecto serio, si hay ganas de construir colectivamente, si es para beneficiar a la comunidad, nosotros vamos a estar acompañando. Si es solamente politiquería, como vimos mucho los que vivimos en los barrios populares, que, a la hora de la acción, quedamos siempre con los sueños truncados de un hábitat digno, ahí estaremos viendo cómo transformarlo porque no queremos repetir eso”.
El contexto actual de pandemia ofrece otro lente para analizar el Programa. Fernanda cree que el trabajo de acceso a los servicios debe ser declarado como esencial. “Tenemos que empezar a trabajar más allá de que afloje o no la pandemia, porque si seguimos esperando a que la curva baje para recién empezar a hacer una zanja y pasar un caño de agua vamos a estar hasta el año que viene y no es la idea, tenemos que ejecutar las obras para que las familias miren con esperanza el futuro, porque la están pasando muy mal en los barrios populares”, explica.
Les entrevistades coinciden en que la pandemia evidenció lo que vienen denunciando desde años: la situación de pobreza e inequidad de nuestro país, con miles de barrios que no cuentan con servicios esenciales para la vida digna. Si bien este programa es un logro, para Javier, se trata de la punta del iceberg “pues solo con paz, pan, tierra, techo y trabajo lograremos frenar la desigualdad y en esto va la experiencia de todos nosotros, que es el trabajo organizado”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
