Stella Segado: de inteligencia y documentos
Mientras asistimos a la investigación sobre los servicios ilegales de inteligencia que vinculan al ex presidente Mauricio Macri, entrevistamos a Stella Segado, Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa durante la gestión de CFK y una de las personas que presentó uno de los testimonios más contundentes en el Juicio Contraofensiva Montonera.
Por Luz Ailín Báez para Marcha
Es de público conocimiento que la Agencia Federal de Inteligencia se encuentra hoy sumergida en un escándalo judicial por la salida a la luz de presunto espionaje ilegal realizado durante el macrismo a funcionarios públicos, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos y periodistas, entre otros. La trama digna de un mainstream de agentes secretos de Hollywood tiene al ex titular de la Agencia, Sergio Arribas y a la ex Segunda de la Agencia, Silvia Majdalani o Señora 8, en el centro del huracán y a una serie de agentes que se escudan con grabaciones de diálogos secretos que implican al ex Presidente de la Nación Mauricio Macri e informes escritos: Documentos que dan cuenta del aval de las altas esferas para realizar distintas tareas de espionaje.
Pero hagamos un viaje hacia atrás en el tiempo: durante la última dictadura cívico eclesiástico-militar, la AFI todavía tenía el nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) el cerebro estatal encargado de realizar operaciones de espionaje y contraespionaje para el gobierno de facto.
Tras la vuelta a la democracia, por mucho tiempo rondó la idea de que “cuando los milicos se fueron destruyeron todos los papeles” junto con algunas evidencias de los lugares físicos donde se torturaba y asesinaba sistemáticamente. Sin embargo, hoy sabemos que no es así. Se sabe que los documentos existen y han sido ocultados a la sociedad por el mismo pacto de silencio que nos impide saber, al día de hoy el paradero de miles de desaparecidos y desaparecidas.
Corría el año 2013 cuando Stella Segado- nombrada ese año como Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de nuestro país- recibió el llamado de Agustín Rossi- entonces Ministro de dicha cartera- para que se presentara en el Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea en Buenos Aires. Allí, durante una limpieza y casi de imprevisto habían encontrado una habitación cerrada en el sótano que contenía más de 1.500 documentos que mostraban el marco burocrático y político del accionar durante la última dictadura militar argentina. Luego de seis meses el resultado fue el Archivo Abierto, una fuente de información abierta a toda la sociedad para la consulta del Ministerio de Defensa de la Nación.
Hace menos de un mes, Stella Segado dio un testimonio extenso y contundente en la audiencia 37 del Juicio Contraofensiva Montonera, en la que fue la primera audiencia de nuestra historia transmitida íntegramente por el medio popular y alternativo La Retaguardia. Durante seis horas explicó y “tradujo”- para el tribunal y el público presente en las redes- aquellos documentos del Ejército que dan cuenta de cómo funcionaba la Inteligencia, herramienta principal con la que contó el Terrorismo de Estado en la represión a la Contraofensiva de Montoneros (entre otras acciones “contra la subversión”).
En la siguiente audiencia, Verónica Almada- antropóloga especializada en archivos y derechos humanos y miembro del equipo de Segado- haría sus respectivos aportes, cerrando así las dos audiencias donde se desplegaron con sumo detalle los rastros burocráticos de la inteligencia durante la dictadura.
Los documentos burocráticos: piezas clave
En tiempos líquidos donde la palabra parece perenne, donde se crean documentos a posteriori para justificar acciones por fuera de la legalidad, la difusión de la labor de Stella y su equipo resulta crucial para poner en el centro del debate la importancia de este tipo de registros en la conservación de la memoria y como piezas claves para los procesos de justicia en nuestro país. Segado es especialista en archivos de la represión y charló con Marcha sobre esto y la importancia de la difusión popular de los juicios.
—Te definieron en un momento como exhumadora de archivos.
—Me ha pasado de tener que trabajar con archivos que no eran considerados como tales. Siempre en principio trabajé con el Archivo de CoNaDeP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Ahí inicié mi carrera (como Coordinadora del fondo documental de dicha Comisión). Ese era un archivo consolidado como tal. Pero después ya cuando empecé a trabajar más con otro tipo de archivos no definidos como tales, un poco es sacar a la luz aquello que está oculto, que es un poco el trabajo de exhumar: traer del pasado al presente algo que estaba enterrado u oculto. Entonces me pareció muy interesante el término de exhumadora de archivos.
—Sin ir más lejos trabajas en tu equipo con antropólogos, entre otros especialistas.
—Sí, y también psicólogos, sociólogos, abogados. Es bastante multidisciplinar. Si bien la mayoría viene de ciencias sociales, hay formaciones muy diversas y todas aportan muchísimo a comprender algunas cuestiones que tienen que ver con los documentos. Yo soy licenciada en gestión de políticas públicas. Pero poder entender el entramado de una política pública y de la administración pública también te permite entender cómo funcionan los archivos administrativos. Que es básicamente sobre los que yo trabajo: no son archivos de represión, sino que son archivos administrativos donde uno puede entender cómo la lógica de la burocracia va dejando huellas en la misma administración sobre hechos del terrorismo de Estado.
—Ahí radica la importancia de la información que ustedes van “exhumando” y le otorgan a la justicia.
—Toda mi tarea ha sido siempre en relación de aportar evidencia para los juicios. También verdad para los familiares y víctimas. Poder comprender un poco qué es lo que pasó. Pero siempre entendiendo que está ligado: para mí no basta solo la verdad si no hay justicia. Me parece que va de la mano.
Difundir los juicios de lesa humanidad: democratizar el acceso
Mientras Segado dio el testimonio, hubo cerca de mil personas en ese momento escuchando y mirando vía streaming.
“La última vez que entré [al video de la transmisión] tenía más de 2.000 reproducciones”, resalta Segado y agrega que la transmisión “dio la posibilidad de que mucha gente que no puede asistir a los juicios por trabajo u otras cuestiones sí pudiera verlo en el momento que tenga. También muestra que este momento tan extraño que estamos viviendo, donde tenemos más disposición del tiempo, habría mucha más gente participando de los juicios de las que hay. Me parece, a la vez, interesante y atractivo el formato para la juventud, que permite cuestiones pedagógicas y didácticas, como recurso para utilizar en la [escuela] Secundaria. Obviamente que no tiene la experiencia de estar en vivo. Pero es probable que alguien que arranque con este tipo de experiencia también quiera hacer el vivo. Habrá que pensar la posibilidad de que esto se multiplique. Me parece que hay un nexo de unión entre la comunicación alternativa y la memoria. Son dos cosas que llevan adelante la idea de ir en contra del poder y me parece que es interesante que esas dos cosas se unan: la lucha por la memoria y pensar en una comunicación alejada de la hegemonía y del poder. Para mi es importante que los juicios sean públicos en serio”, resalta. Y aclara:
“Hay un montón de trabas en los juicios para mí innecesarias. Los juicios tienen documentos que ya están desclasificados, que los encontrás en internet al igual que los testimonios. Cuando una víctima quiere que no sea público lo que va a decir, con cerrar el sonido es suficiente. No hay magia. Así como podés vaciar una audiencia y pedir que la gente se retire porque la persona que va a declarar no quiere hacerlo públicamente, también podés acallar el micrófono”.
—Se han llevado a cabo audiencias en otros juicios (como la Megacausa ESMA IV) donde se pudo probar que militares que habían declarado no haber pasado por dicho Centro, mentían: de pronto, una firma en un legajo burocrático se transformaba en una fuente clave para mostrar su paso por la Escuela Mecánica de la Armada.
—Y así muchísimos que en su destino decía una cosa y después se encontró que estaba “en comisión” y que esa comisión estaba registrada en otro lado. Por eso también es muy importante poder entender los caminos administrativos. No todos tienen la misma forma de registro: para la Armada era una cosa, para Ejército otra, para Fuerza Aérea otra, para Inteligencia es de otro modo. Entonces poder entender cómo son esos circuitos burocráticos ayuda a comprender, a buscar esa evidencia.
—¿Qué particularidades podés enumerar en el caso de la burocracia de la Inteligencia que estuviste desplegando durante la audiencia 37 del Juicio Contraofensiva Montonera?
—En todos los juicios se viene ventilando ya, desde los inicios de los juicios, el rol de la Inteligencia. Siempre fue sabido el rol de la Inteligencia y de sus operaciones. Lo distintivo ahora es entender cómo era la línea de la Inteligencia desde el nivel más alto (que es el nivel estratégico nacional de Inteligencia) es decir: los objetivos de la política en relación a Inteligencia, dónde se cocinaban esos objetivos y cómo esos objetivos iban hacia abajo en distintas planificaciones de Inteligencia.
Eso es fundamental. Hasta ahora siempre se creyó que el órgano máximo de inteligencia era el Batallón 601 y queda claro que el Batallón era una organización operacional, de planificación de sus operaciones pero no de planificación de objetivos políticos en relación a la Inteligencia. Eso me parece que es lo novedoso: la aparición de la SIDE y de la Central Nacional de Inteligencia en todo este entramado que entonces le da forma de sistema. Antes teníamos piezas separadas. La Inteligencia de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía Federal en aquel momento. Y no había nada que los unificara.
Estos documentos permiten entender a la Inteligencia como un sistema donde cada una de las partes tiene un rol importante y donde no puede faltar ninguna de esas partes en ese sistema: hay por lo menos un contacto entre ellos. Ese me parece que fue el aporte distinto en este juicio.
—¿Qué sucede con las documentaciones que salieron a la luz de las comunicaciones probadas entre la SIDE y organismos de inteligencia de Estados Unidos- la Desclasificación de los documentos de la CIA?
—Eso te muestra el rol: A diferencia del Batallón 601, la SIDE siempre ha tenido un área exterior: en cada país donde hay embajadas hay un delegado de la SIDE. Los tuvo en aquel momento y los sigue teniendo [en la actual AFI]. Es parte del rol que tienen. Esos contactos con organismos extranjeros se daban a través de esos delegados. Es lo esperable.
—Pareciera existir una tensión entre la normalidad de lo burocrático y la línea que separa lo legal y lo que no es legal en un determinado momento.
—Lo que pasa es que este es un país que decidió tener inteligencia. No es ilegal tener inteligencia. Lo ilegal es hacer lo que está fuera de la ley de Inteligencia. En aquella época todo estaba armado para la persecución, incluso desde lo reglamentario. Era un gobierno ilegítimo (mira hacia arriba, hace una pausa)… Yo preferiría un país sin Inteligencia. Pero bueno. Tenemos un país con Inteligencia, que tiene leyes que la regulan y que hay que controlar. Porque ya vimos que se puede usar para el mal.
—Sos Licenciada en Gestión de Políticas Públicas y trabajás específicamente con Archivos. Si tuvieras que explicarle a alguien que no está en tema cuál es la importancia de tener una política de archivos a nivel nacional, ¿qué le dirías?
—Nosotros no tenemos una política de archivos en el país sino que tenemos una práctica de archivos. A partir del 2003 hubo como un boom de los archivos empujado por los archivos de memoria y la política de derechos humanos. Pero en realidad los archivos son parte de nuestra historia. Si pudiéramos entender a los archivos como las bibliotecas populares podríamos pensar en los archivos que, por ejemplo, cualquier intendencia tiene desde que se generó esa municipalidad. Los pobladores o ciudadanos de ese municipio podrían tener acceso y saber cómo fue la historia de ese municipio: desde la primera escuela, el primer hospital, quiénes fueron sus médicos. Los archivos administrativos dan cuenta de la gestión que hizo cada uno de los organismos que generó y produjo esa documentación como parte de su gestión, de lo que hizo.
Entonces, por un lado los archivos guardan memoria, sin duda, y por otro guardan derechos. Siguiendo con el ejemplo: si algún empleado de la misma municipalidad necesitara hacerle un juicio a esa municipalidad es probable que dentro de esos archivos haya documentación que lo ayude, que lo ampare. El valor de los archivos es múltiple desde la historia que se puede reconstruir como desde los derechos de cualquier ciudadano y de la misma organización.
En pleno siglo 21: regulaciones para archivos de papel
Segado opina que la Argentina no tiene una ley acorde a estos tiempos en relación a los archivos.
“La ley que regula el Archivo General de la Nación (AGN) es de los ´60, pensada en el único formato existente en ese momento: el papel. Hoy tenemos más formatos Digitales que de papel”, sostiene la especialista, que se muestra, además, preocupada por el futuro del AGN:
“Hay que pensarlo como un archivo acorde a estos tiempos, que pueda incluir dentro de sus colecciones también los archivos digitales de estos tiempos. Y debería poder regularse. De lo contrario, el AGN va a pasar a ser un Museo”, sentencia.
Stella detalla que la ley de acceso a la información la maneja la Agencia de Acceso a la Información, que regula el cumplimiento de los Ministerios cada vez que un tercero solicita información. Para la especialista, resulta sorprendente que dicha Agencia no funcione bajo la órbita del AGN, sino por fuera del mismo. Y agrega, a modo de recordatorio que durante la gestión macrista, “se creó el Ministerio de Modernización para manejar todo lo que tenía que ver con archivos digitales”, sin ligarlo de modo alguno al área del AGN.
—No se considera a los archivos como un engranaje clave…
—No. Realmente no hay una consciencia real de lo que son los archivos y me parece que se pierde, se los ve de manera obsoleta como si fueran un cúmulo de papel. Los archivos siguen siendo archivos. Lo que ha ido cambiando son los soportes. Hay que pensar en cómo incluir esos nuevos soportes a la concepción de archivo. El AGN debería manejar los archivos digitales de la administración pública. Pero para eso hace falta una ley.
—¿Hay algún proyecto de ley en función de esto?
No. Pero es un interés y una necesidad. Algo que preocupa en este momento porque siguen pasando los años y no se lleva adelante esa idea de la ley.
*Por Luz Ailín Báez para Marcha / Imagen de portada: Nuevo diario.
