«Se trata de Nora”: acusan a ex funcionario público cordobés por trata de personas
Familiares y amigues de “Nora”, y la Asamblea Ni Una Menos marcharon en la ciudad de Córdoba para visibilizar la demora y deficiente investigación sobre un caso de trata y explotación sexual contra una joven de 20 años. «Sospechamos que puede haber encubrimiento en los cargos que se ocupan actualmente”, afirman desde su entorno. Denuncian la escasa atención de salud de la víctima, exigen perspectiva de género y la aplicación de los protocolos vigentes.
Por Redacción La tinta
“Nora” es el nombre de uno de los personajes teatrales interpretados por esta joven actriz de 20 años, usado ahora para preservar su identidad. Sus familiares y amigues explican que, desde el 2018, estuvo con tratamientos voluntarios por el consumo problemático de cocaína, queriendo superarlo, “con algunos altibajos, pero pudiendo desarrollarse como actriz de teatro. Llegando a participar en Ecuador en un festival internacional de teatro en 2019”, escriben en un comunicado público.
En diciembre de 2019, conoció a “EG”, un hombre de unos 50 años, alto funcionario retirado del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, pero que conservaría estrechos contactos en la función pública. Lo conoció en casa de un vecino, funcionario judicial jubilado. Explican que, desde entonces, “EG” desplegó estrategias de seducción mediadas por la insistencia en el consumo de sustancias, enviándole “fotos de cocaína por chat e insistía constantemente para que se encuentren; incluso, yendo a buscarla a su casa a pesar de que ella se negaba”.
Desde ese momento, “Nora” abandonó sus proyectos y el tratamiento. Para la familia y sus amigues, “EG” le proveía “distintas drogas, entre ellas, crack, lo cual empeora su adicción. ‘Nora’ comienza a pasar la mayor parte de su tiempo en un departamento pequeño que ´EG´ tiene en el centro de Córdoba (en el que no vivía nadie y no estaba en condiciones habitables) y sólo vuelve a la casa de su familia esporádicamente, principalmente, a buscar ropa, dormir o alimentarse”.
Así, se precipita un alejamiento de los vínculos agravado por no tener celular propio, comunicándose solo por medio del de “EG”. La joven dejó su trabajo y terminó dependiendo económicamente de este hombre. Explican, además, que su cuerpo y su psiquis se fueron deteriorando, y presentaba marcas de violencia física. Además, le habría contado a sus allegades que él la llevaba a fiestas para que tenga relaciones sexuales con hombres y, luego, la pasaba a buscar.
La familia, les amigues y las organizaciones que apoyan denuncian que el caso de “Nora” es un evidente caso de trata, donde el vecino operó como entregador, y “EG” utilizó drogas para captarla y “como forma de generar y mantener la relación de dependencia y dominación”. La Ley Nacional N° 26842 estipula que la trata es un delito complejo que “implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación”. El artículo 1°, inciso “c”, detalla que comete delito quien “promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”.
El 3 de junio de 2020, la familia presentó una denuncia por trata de personas en la Fiscalía Federal N° 2, que llevó, dos días más tarde, al allanamiento del departamento de “EG” donde se encontraba “Nora”, quien fue internada en el Instituto Provincial para el Alcoholismo y la Drogadicción (IPAD).
Sin embargo, el proceder generó desconfianza y cuestionamientos en sus familiares y amigues. Si bien la denuncia fue radicada como “trata de personas”, el allanamiento no se realizó bajo los protocolos correspondientes, sin secuestrar los dispositivos electrónicos como el teléfono de “EG” y no habiendo constatación del estado de ‘Nora’ por medicina forense, para verificar su condición de su salud.
Por otro lado, denuncian que, si bien en el departamento se encontró gran cantidad de cocaína y sustancias para fraccionarla, no se procedió al arresto de “EG”, quien todavía está libre. Por otro lado, a pesar de que hay pruebas de amenazas contra la familia tras el allanamiento, la fiscalía tampoco accionó.
Actualmente, “Nora” continúa internada en el IPAD, con una custodia que se le brindó después de la presión de la familia, amigues y organizaciones que apoyan. Sin embargo, esta institución “no le puede brindar el cuidado y atención que requiere una mujer que ha pasado por tal situación”, explica la familia.
Denuncian que no hay cambios ni avances en la investigación judicial y que esto se relacionaría con que el victimario es funcionario público. “Creemos que la dilatación e irregularidades observadas desde un principio se deben a tal razón. Sospechamos que puede haber encubrimiento en los cargos que se ocupan actualmente, ya que hay repetidas situaciones contradictorias y contraproducentes en el accionar de las instituciones responsables”, afirman.
Además, explican que es llamativo que, luego de archivar el 20 de diciembre la denuncia presentada por la hermana de “Nora” en la Unidad Judicial 2 de la Justicia Provincial, se comuniquen con la familia seis meses más tarde para reactivar de oficio la causa. “El Polo de la Mujer, que, en diciembre, negó la restricción solicitada para el victimario, ahora, además de mostrarse interesado en el caso, también sin requerimiento de la familia, transmite información errónea, lo que evidencia un interés sospechoso en intervenir en el proceso, tanto judicial como terapéutico”.
Por esto, el 8 de julio, con amplio apoyo de referentes de derechos humanos, feminismos y otras personalidades políticas, apelaron la decisión de Juzgado Federal N° 2, que no permite a la familia constituirse como querellante en la causa que investiga el delito de trata, de la que “Nora” habría sido víctima. Ser parte de la querella les permitiría acceder al expediente completo y conocer las acciones que se llevaron a cabo y las que podrían realizarse, entendiendo que el tiempo que demore la investigación es clave para el proceso, tanto para ocultar pruebas como para dificultar el esclarecimiento de lo sucedido, teniendo en cuenta los contactos del captador. Además, Miriam, madre de Nora, explicó que un temor es que busquen acercarse a Nora para intimidarla y amenazarla, corriendo peligro su vida.
“Esta es una situación en la que podemos intervenir sin que ella esté desaparecida, es crucial que la denuncia y el abordaje de esta situación se dé antes de que perdamos el contacto con la pibas que después, lamentablemente, no volvemos a encontrar como Marita Verón, Yamila Cuello y tantas otras”, explica Natalia Di Marco, integrante de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba. Además, creen importante acompañar al identificar “ciertas recurrencias que dan cuenta de que estamos en una causa donde hay explotación sexual para la trata de personas y, porque no presenta todas las características que debiera tener para caratularse como trata, la Justicia no investiga y deja que sea la familia quien tenga que acreditar esto. Como criterio, la Justicia Federal debe partir desde la protección a la víctima y asumir que hay una potencial víctima, avanzar en la investigación y, si es necesario, desestimar”, explica Nati.
Familiares y amigues de Nora y la Asamblea Ni Una Menos Córdoba convocaron a una movilización el jueves “Contra la Trata” y por la salud y la vida de Nora, desde Colón y General Paz. Exigieron que el Estado Nacional garantice un tratamiento adecuado para “Nora”, la intervención de un grupo interdisciplinario especializado e independiente, y una correcta investigación de los hechos con la imputación de los responsables y la dilucidación de sus cómplices o encubridores.
“Desde Asamblea Ni Una Menos, decidimos acompañar el reclamo de les familiares de ‘Nora’ partiendo de que hay una sistematicidad en el abordaje de la Justicia Federal de desestimar cualquier causa que pueda tener una perspectiva desde la trata de personas”, explicó Natalia Di Marco.
Para Natalia Bilbao, abogada de la familia, es importante “ocupar los espacios públicos de los que las mujeres siempre han sido relegadas y las conquistas, justamente, se disputan ahí”. La perspectiva de géneros en la investigación es imprescindible, “porque, históricamente, este delito tuvo otras modalidades y, en la actualidad, tiene una mecánica más sutil en la que pueden quedar entrampadas víctimas en situaciones de vulnerabilidad”, explica.
“Sostenemos que solamente la movilización en la calle es la que logra que, eventualmente, se tomen medidas y el caso de ‘Nora’ y el de Yamila Cuello dan cuenta de eso. No se explica, incluso estadísticamente, que no haya en Córdoba ninguna investigación de la justicia federal en relación a causas de trata de personas, no hay forma de sostener objetivamente que no haya redes de trata en la provincia y que ninguna pueda ser abordada por la Justicia Federal”, concluye Natalia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Asamblea Ni Una Menos.
