¿El delivery puede ser un servicio público?
La pandemia potenció con fuerza a las plataformas de servicios y puso en evidencia las paupérrimas condiciones laborales de los repartidores. El carácter fantasma de las empresas en tanto empleadoras, las incógnitas sobre el modo en que tributan sus descomunales ganancias y la búsqueda de alternativas como Mercado Justo, la plataforma comunitaria impulsada por el Concejo Deliberante de Rosario.
Por María Clara Olmos para ANCCOM
Hasta los días previos a que se inicie el aislamiento social, preventivo y obligatorio, estaban en el terreno de lo ilegal; ahora, son actividades esenciales: las plataformas digitales de prestación de distintos servicios han cobrado una importancia tal que ya no se puede ocultar la necesidad de su regulación. ¿Es posible, además, pensar alternativas, como plataformas digitales públicas, que se rijan bajo condiciones más democráticas y emancipatorias que las actuales?
Arduos debates sobre las posibilidades que brindan y, a su vez, sobre la perversidad de las mismas han abundado tanto a nivel internacional como nacional: conectando ofertas y demandas de bienes o servicios, o bien agregando valor a actividades no monetizadas de la vida cotidiana, aplicaciones como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, AirBnb, Uber o Cabify son opciones de empleo -inmediato y garantizado- para muchísimos jóvenes de nuestro país y el mundo entero. Pero es necesario preguntarse a qué costo: el pasado lunes 29 de junio, falleció Leonel, de 28 años, el sexto repartidor en lo que va de la cuarentena, dejando en evidencia, una vez más, las condiciones paupérrimas en materia de seguridad y derechos laborales de las plataformas de la “economía colaborativa”.
En este contexto, el proyecto de Mercado Justo, presentado por Ciudad Futura y aprobado en el Concejo Deliberante de Rosario, supone una interesante iniciativa: se trata de una plataforma digital sin fines de lucro que unifica toda la oferta y demanda de bienes y servicios de la ciudad, y su distribución, buscando fomentar la economía local. Aunque se trata de una experiencia todavía excepcional, en un escenario dominado hábilmente por las grandes, publicitadas y poderosas compañías.
“Si bien las plataformas no aumentaron las bases de pagos por los pedidos, lo que hicieron fue aumentar algo que se llama ‘bono por productividad’, es decir, un bono por cantidad de pedidos realizados, para incorporar a más trabajadores para que cubrieran la alta demanda que había durante la cuarentena”, expresa Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de la Asociación de Personal de Plataformas (APP). “Esto significó un fenómeno de transformación e intensificación del trabajo porque muchos trabajadores, que antes hacían jornada parcial, ahora, hacen completa y quienes ya hacían completa hacen más horas aún. Todo esto en el marco de la contratación autónoma: es decir, sin ningún tipo de protección de la salud o ante los riesgos. Los trabajadores se hacen cargo de todos los elementos de seguridad y todos los gastos”.
La utilización de sistemas de asignación de trabajo y de control de la productividad a través de rankings son el común denominador en todas estas plataformas. “El ranking te evalúa la cantidad de pedidos aceptados sobre la cantidad de pedidos ordenados y, además, te evalúa la cantidad de horas o el tiempo que cada trabajador está conectado, sobre todo, en las horas de alta demanda. Ahora bien, ese cómputo está determinado pura y exclusivamente por la plataforma y, en general, no es justo”, afirma Ottaviano.
De allí se desprende la necesidad de truncar la idea que se pretende fomentar acerca de la supuesta neutralidad y autonomía de las aplicaciones y las tecnologías en general, y su carácter fantasmagórico. “Muchas veces, se dice que estas empresas no tienen existencia real: que exista un control remoto no significa que no haya un sujeto controlante, un medio de control y un controlado. Por supuesto, al ser remoto este control, se diluye la presencia de ese sujeto controlante y eso puede dar a pensar que se diluye la responsabilidad. Para atribuirle responsabilidad, primero, hay que hacer emerger la figura del empleador”, asegura el abogado y continúa: “Son empresas, con capital, que tienen un domicilio, que tienen administradores, gerentes, dueños. Que diseñan los algoritmos para la organización del trabajo y los servicios, y diseñan un modelo de empresa tradicional con el agregado de una existencia digital también. El gran dilema a resolver o la gran disputa en torno al trabajo en plataforma es establecer la relación que existe entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras. Si creemos que el sujeto empleador no existe o existe sólo digitalmente, va a ser muy difícil establecer cuál es esa relación”.
Este contexto propicia la obtención de siderales ganancias, sobre la base de condiciones laborales profundamente desiguales, de las cuales sólo un ínfimo porcentaje queda para el fisco del país. En este sentido, Martín Becerra, investigador y profesor universitario especializado en medios de comunicación e industrias culturales, afirma que “no sólo es imprescindible e impostergable revisar las condiciones de tributación de las grandes plataformas en los países donde comercializan productos y servicios (propios o ajenos), sino, además, definir reglas democráticas para distribuir el aporte que necesariamente estos conglomerados, beneficiados por las inversiones en infraestructura, en contenidos y en capital social de otros actores, deben hacer como contraprestación del usufructo de ese capital y de esos bienes”.
Además, afirma que “en el ecosistema digital, la posición significativa de un puñado de plataformas asfixia la competencia, dado que la asimetría en el acceso y distribución de recursos necesarios para competir es capitalizada por los grupos más concentrados en detrimento del resto”. En consecuencia, agrega, “la captura de la rentabilidad que exhiben los principales conglomerados contrasta con los márgenes de beneficio del resto de los participantes del mercado. Una determinación estructural crítica que afecta la manera en que, en una misma sociedad, sujetos distintos acceden a oportunidades de desarrollo muy desiguales. La ficción democratizadora de las tecnologías encuentra en las condiciones materiales de acceso por parte de los sectores populares en el marco de la pandemia su fracaso más cabal: las brechas digitales afloran a la vista del conjunto”.
Una gran cantidad de emprendimientos o pequeños locales barriales de bienes o servicios están invirtiendo enormes esfuerzos en un intento por no quedarse fuera del mercado virtual. Las experiencias evidencian lo difícil que se torna competir contra empresas multinacionales: no hay forma de que, por ejemplo, una cadetería de barrio logre hacerle frente a las difundidas plataformas de delivery. Cabe preguntarse, entonces, si con políticas regulatorias alcanza o si es necesario, además, pensar en alternativas más democráticas y horizontales, con inversión y decisión política, que ofrezcan al resto de los actores del mercado una posibilidad real de participar.
Al respecto, Juan Ottaviano afirma que “estas alternativas requieren de una inversión y de decisión política para ser llevadas a cabo. Está claro que una iniciativa cooperativa, por ejemplo, no quiere ser una alternativa a Uber a nivel global. Pero, a nivel local, también es necesario un desarrollo de la tecnología que requiere de un financiamiento y conocimiento científico muy robusto. Me parece que la forma de resolver esto es que el Estado ejerza un rol en este asunto, estableciendo reglas justas, que respeten a todos los usuarios de estas plataformas, sean trabajadores, consumidores, prosumidores”.
En este escenario, la aprobación del proyecto de Mercado Justo, que llevó al Concejo rosarino el bloque de Ciudad Futura, representa un avance importante en el nivel local. Carla Tepp, concejala del bloque, explica que la propuesta surgió a partir de advertir durante la pandemia una tendencia muy fuerte a que todas las compras y ventas -que aumentaron exponencialmente- se hagan a través de plataformas de e-commerce hegemónicas, “siendo Mercado Libre la más representativa, que nació en Argentina, pero que hoy funciona con una lógica multinacional que nada tiene que ver con la defensa de la economía cercana”. Frente a esta realidad, es necesario que los gobiernos locales puedan crear herramientas que vayan por la positiva y no queden sólo en la prohibición. “No podemos naturalizar que se concentre en un par corporaciones económicas todo el mercado virtual y digital ni que el resultado de las medidas que se tomaron por la pandemia, que todos reconocemos como necesarias, sea una mayor concentración de la economía en perjuicio de todos”, afirma Tepp.
De allí surge Mercado Justo, una alternativa local que busca unificar toda la oferta económica y productiva de la ciudad de Rosario y poder vincular a quien necesita algo con quien lo tiene, produce o sabe hacer. El objetivo es que a todos estos esfuerzos particulares que están dispersos en el mercado digital “se los pueda centralizar en esta plataforma municipal sin fines de lucro y que se priorice toda la economía local”, afirma Tepp, y agrega que “muchas veces, se cae en una discusión inconducente de tecnología sí, tecnología no, cuando, en realidad, es tecnología a favor de quién”. El objetivo de crear esta herramienta es que quienes se beneficien sean quienes interactúen a través de la plataforma, es decir, “que quien produce u ofrece un servicio se le pague de manera digna y que al consumidor se le cobre un precio justo”.
Además, atendiendo al gran aumento de jóvenes trabajando en pésimas condiciones en aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, Mercado Justo “incorpora los servicios de delivery para poder fomentar desde el Estado el cooperativismo de plataformas y la posibilidad de que esos jóvenes puedan seguir teniendo ese trabajo, pero en términos realmente dignos y económicamente más justos y emancipatorios”, cuenta la concejala rosarina.
Una característica fundamental de estas plataformas que hay que considerar a la hora de llevar a cabo un proyecto es la autoadministración del tiempo laboral. En este sentido, Ottaviano afirma que la posibilidad de desconectarse es un pequeño margen de libertad que existe, pero está desregulado. Es por ello que “la insistencia está en tratar de establecer mecanismos justos de medición de la productividad, más que la adecuación de este sistema a un sistema de jornada continua. Hay puntos intermedios entre una regulación tradicional y la no regulación. El debate es el de poder, sobre la base de las protecciones laborales, admitir que este trabajo tiene algunas particularidades que pueden ser respetadas”.
Como lo ha sido siempre, la organización de los y las trabajadoras de plataformas supone una instancia fundamental frente al avasallamiento de derechos laborales. “La digitalización del trabajo, sin dudas, rompe con un concepto muy propio del siglo XX del ámbito de trabajo, del establecimiento. En muchas ocasiones, la construcción de los sindicatos está pensada en función de un espacio común. Creo que, por ese motivo, las estrategias sindicales de los trabajadores digitales consisten en preservar los ámbitos de encuentro, espacios que pueden ser idealmente físicos, pero posiblemente virtuales, es decir, se trata de combinar estrategias de encuentro físico con estrategias de encuentro digitales. Sería necio pensar que la única forma de construcción sindical es en base al establecimiento, porque, si fuera así, los sindicatos estarían renunciando a disputar a las empresas el código, el lenguaje y las herramientas de la digitalidad”, concluye Ottaviano .
Desde los tiempos modernos de Chaplin hasta los actuales de Rappi, Uber y Galperin, el mundo ha cambiado mucho y no ha cambiado nada: las técnicas avanzaron y las innovaciones llegaron a niveles jamás imaginados, generando condiciones y posibilidades inéditas. Pero no para cualquiera: la inequidad y la desigualdad en la distribución y el acceso evidencian que, en sus bases, todo sigue igual. Las fábricas han cedido su lugar a enormes infraestructuras digitales globalizadas, donde el nivel de producción, lejos de cesar, cada vez aumenta más. Plataformas que reproducen la relación asimétrica entre trabajadores y patrones adheridas al capitalismo, con el agregado de que, entre códigos y algoritmos, intentan escurrir sus responsabilidades. Al igual que en las grandes crisis económicas, quedan expuestas las contradicciones de un sistema que ha producido a ritmo frenético, a lo largo de su historia, un nivel de explotación y precarización proporcional a las ganancias siderales que se facturan.
*Por María Clara Olmos para ANCCOM / Imagen de portada: Guillermo Kozlowski.