Un Plan para luchar contra la violencia de género
Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se presentó el Plan Nacional contra las Violencias en Materia de Género para los próximos dos años. El mismo hace hincapié en «la necesidad de un abordaje integral de la problemática que promueva condiciones óptimas tanto materiales como subjetivas para que las víctimas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo».
Por Mariana Di Mauro para La tinta
El viernes pasado, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y Dora Barrancos como asesora presidencial ad honorem, presentaron el Plan Nacional contra las Violencias en Materia de Género para los próximos dos años. Esta iniciativa se enmarca “en la Ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres del año 2009 y es la primera vez que su organismo rector tiene jerarquía ministerial”.
En principio, cabe destacar que el programa contará con un presupuesto de 18 mil millones de pesos. Es un aumento significativo con respecto a las partidas presupuestarias otorgadas anteriormente durante el gobierno de Macri a planes sobre esta temática, que eran alrededor de 750 millones de pesos. Además, gran parte de ese dinero estaba destinado a la construcción de refugios y hogares para víctimas de violencia, que, de los 36 prometidos, sólo finalizaron 9 (8 iniciados en el gobierno de Cristina Kirchner).
El Plan apunta, en términos generales, a contribuir con la autonomía e independencia económica y laboral de las víctimas de violencia de género, y a fortalecer los vínculos con organismos estatales y organizaciones sociales para responder de manera integral a la problemática. Por otro lado, una particularidad del Plan está en pretender modificar “el paradigma de abordaje estatal de estas violencias y pensar en acciones para el corto, mediano y largo plazo”. Es decir, es un proyecto cuyo aporte radica no sólo en fortalecer los canales de apoyo y ayuda inmediata a las víctimas que estén en una emergencia, sino, también, en modificar las formas de ver, comprender y atacar las violencias.
En este sentido, una de las líneas de acción se vincula con complementar los enfoques de corto plazo, dirigidos a las emergencias, con transformaciones en la base estructural del problema, removiendo “los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género”.
Se hace hincapié en la necesidad de un abordaje integral de la problemática que promueva condiciones óptimas tanto materiales como subjetivas para que las víctimas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Este aspecto es clave porque contempla que, si bien los refugios y las medidas de emergencia son medulares para apartar y asistir a la víctima en una primera instancia, es fundamental que el Estado contribuya para que pueda construir una vida propia e independiente una vez desligada del agresor o vínculo violento. Para esto, se plantean, particularmente, programas de inclusión social que faciliten el acceso a un trabajo y a una vivienda que le permitan a la víctima construir una vida digna e independiente.
Parte del cambio de paradigma que promete el Plan también se refleja, por un lado, en las medidas para evitar la revictimización de quien sufre violencia, sobre todo, en las intervenciones del ámbito judicial; y, por el otro, en trabajar sobre el agresor, mediante programas acerca de la construcción de nuevas masculinidades y vínculos sexo-afectivos responsables y diversos. Todo esto se prevé a través de campañas nacionales de formación y capacitación.
En relación al trabajo articulado que se propone con diversos sectores, por un lado, se incluye el Programa Generar para el fortalecimiento institucional de áreas de género y diversidad del sector público nacional y subnacional. Y, por el otro, se propone el Programa Articular con el objetivo de fortalecer el vínculo con organizaciones sociales que trabajan en el área de género y diversidad en el territorio, con el fin de llegar a todas las mujeres y diversidades de los barrios más vulnerados. Además, se prevé la creación del Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario, con el fin de fortalecer la articulación con aquellxs que trabajan cotidianamente en los barrios populares y conocen mejor que nadie sus realidades. Esto es importante porque, si bien un plan estatal es necesario por el acceso a los recursos y demás, son las organizaciones sociales las que están en el territorio y las que, efectivamente, puedan generar mecanismos de asistencia a las víctimas de violencia de género.
En la presentación, la ministra Gómez Alcorta hizo particular mención a la transversalidad con la que había sido elaborado el proyecto, haciendo referencia a la participación de múltiples áreas del Estado, pero, sobre todo, de organizaciones sociales y feministas. En total, participaron 3406 personas y hubo 1646 propuestas recibidas, y, además, se realizaron cuatro foros presenciales regionales y cinco foros virtuales. Estas instancias de intervención son valorables, ya que la militancia popular y la lucha de las organizaciones feministas fueron la causa y el impulso para que hoy exista un Ministerio de las Mujeres y que una referente de esos movimientos esté a cargo. Sin embargo, se han escuchado voces de referentes que sintieron que no se les ha dado el lugar de participación adecuado para la elaboración del plan ignorando su experiencia e incidencia en el territorio.
Sin dudas es un proyecto prometedor y ambicioso. Habrá que ver qué dificultades generan, a la hora de su implementación, aquellos grupos políticos, funcionarios o gobernadores abiertamente declarados anti-derechos y dispuestos a boicotear propuestas que fomenten la ampliación de derechos de las minorías sexuales. Pensando en esto, sería positivo que, luego de estos dos años de implementación, se instale una política de Estado permanente dirigida a eliminar completamente las violencias en materia de género en nuestro país. Sin embargo, es evidente que este Plan es un avance importante para el feminismo y se convierte en una herramienta más para la lucha contra la violencia de género y el patriarcado.
*Por Mariana Di Mauro para La tinta.
