Violencia institucional durante la pandemia
El viernes 3 de julio, se realizó el conversatorio “La violencia institucional en el marco del aislamiento social y obligatorio: el caso de Córdoba en relación al contexto del país”, en el que presentaron los resultados del relevamiento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en nuestra provincia.
Por Redacción La tinta
“Aunque en la provincia, en los últimos años, hubo avances importantes en tanto se redujo exponencialmente la cantidad de detenciones contravencionales, la estigmatización de los barrios pobres y de las/os jóvenes que los habitan no disminuyó y, en algunas prácticas, parece haberse intensificado”, explica el informe elaborado por las organizaciones sociales que integran la «Comisión Seguridad y Derechos Humanos» del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCS-UNC), responsables del relevamiento. El objetivo es presentar la situación de violencia institucional en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19.
En el conversatorio, se expusieron los datos recogidos a través de un formulario online, de casos que acompañaron y registraron organizaciones que integran la Comisión, además de noticias publicadas en medios locales. Alrededor de setenta personas de Córdoba y otras provincias asistieron al evento online, donde participaron como panelistas referentes de distintos espacios.
Manuel Tufró es Director del Área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Expuso acerca de las diferencias a nivel país entre los primeros días del aislamiento y esta segunda etapa, con situaciones graves de violencia institucional, ya no necesariamente vinculadas con la pandemia y la no circulación, como casos de violencia letal y heridas graves en varias provincias. Hizo referencia, además, a la aparición de nuevas interacciones policiales en sectores medios y la relación de esto con sensibilidades y puesta en agenda de casos mediáticos, como EE.UU. y el planteo renovado de «sentirse víctima» privada de derechos.
Por su parte, Federico Medina, Becario Postdoctoral CONICET e Integrante del Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos del INDES de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, compartió una mirada desde su provincia, con relevamientos realizados en esa parte del país. Expresó la preocupación por prácticas policiales específicas, como los «paseos» policiales en móviles oficiales y particulares, y el recrudecimiento por la ausencia del funcionamiento del Poder Judicial en este contexto.
En relación al caso Córdoba, expusieron Valeria Plaza, coordinadora Programa Seguridad y Derechos Humanos de la FCS-UNC; Jessica Vega de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba; Julio Pereyra, comunicador de La Garganta Poderosa; y Serena Plaza, referenta de la Asamblea Cortaderos de la organización La Poderosa.
Finalmente, María José Castillo y Josue Diaz Cuesto, abogades de H.I.J.O.S. y Asociación Pensamiento Penal de Salta, presentaron los puntos claves del informe local y plantearon la inconsistencia de la violencia y brutalidad policial en torno a la acciones y represión emprendida.
Entendiendo que la problemática de abuso e interacción violenta de las fuerzas de seguridad con algunos sectores sociales son de larga data en la provincia, buscan comprender la particularidad que asume en este contexto, con el fin de proponer iniciativas y sugerencias al Poder Ejecutivo para resguardar la integridad física y los derechos de les ciudadanes, y “sumar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”, explican.
En el informe preliminar realizado a fines de abril de este año, se expone la continuidad de prácticas de hostigamiento policial “tradicional” y la aparición de “nuevas interacciones” policiales, en sectores sociales no habituados a estas intervenciones. Advierten que la permanencia en el tiempo de las fuerzas de seguridad como garante de la no circulación y de cuidado en la pandemia “ha generado mayor preocupación en los sectores medios y altos que en los sectores bajos”. En estos últimos, la preocupación se relaciona a los “operativos sanitarios que se despliegan en los territorios en zona de riesgo de contagio (ya que muchos de ellos no son articulados con los referentes sociales de la zona) y el reclamo está más centrado en demanda al Estado de alimento y otros derechos sociales básicos”. Esta diferencia se debería a la tolerancia de cada sector frente a la violencia institucional, mediada por la naturalización de ciertas prácticas policiales.
Entre las prácticas “tradicionales”, se registraron casos más graves, como disparos con balas de plomo o goma contra jóvenes por violar la cuarentena, denuncias por tortura y falta de intervención forense en casos de detención, detenciones arbitrarias sin acceso a derecho de comunicación con familiares. Si bien no identifican variaciones en la intensidad y modalidad en el período de aislamiento, sí registran operativos que generan prácticas de hostigamiento a grupos específicos, como el del Mercado Norte a trabajadoras sexuales. La ausencia del funcionamiento normal del poder judicial, “encargado institucionalmente del control del accionar policial, contribuyó a estas profundizaciones del hostigamiento y generó mayores condiciones para las vulneraciones de derecho”, exponen.
Respecto a los “nuevas” interacciones policiales, “aparece con frecuencia que el hostigamiento o arbitrariedad tiene una fuente o habilitación legal (la restricción de la circulación sin documentación correspondiente), pero, por determinadas circunstancias, la situación se convierte en hostigamiento”, explican. En algunos casos, existe arbitrariedad en la documentación exigida y en cuanto al radio que se considera “cercano”, por lo que explican que es la policía la encargada “de determinar quiénes pueden circular y por dónde”.
Observan, además, situaciones que aparecen particularmente en contexto de pandemia, como las detenciones a docentes y estudiantes universitarias/os, o les trabajadoras de la economía informal que, en algunos casos, terminan en detenciones y secuestro de la mercadería, sobre todo, cuando están por fuera de los perímetros de los barrios de procedencia. Destacan que estas prácticas novedosas se desarrollan en espacios no tradicionales de interacción policial, como los barrios de clase media y en lugares de concentración de personas, como cajeros automáticos, farmacias, despensas y en calles con controles vehiculares.
En relación a los casos de violencia institucional cuya fuente es la protesta social, si bien no se trata de una “nueva” práctica, sí adquiere modalidades particulares en este contexto. Se registraron detenciones y represiones en protestas, ingreso de policías a sedes de organizaciones con amenazas de detención por violar la cuarentena cuando se estaba repartiendo donaciones o en una olla popular.
Explican que el registro de estos casos, la denuncia y la circulación de información sobre deberes y derechos de les ciudadanes son esenciales para garantizar la restricción de circulación necesaria para evitar la propagación del virus.
“Pero esto con el menor costo posible de restricción de derechos y protegiendo siempre, y en primer lugar, los derechos humanos de todas/os y, en particular, de los grupos más vulnerables”, concluyen.
Tras dos horas de exposición y debate, se plantearon acciones de trabajo conjunto entre organizaciones sociales y espacios académicos, como la construcción de datos unificados, la articulación con el poder judicial, encargado de controlar el poder policial y potenciar el control popular de las fuerzas de seguridad.
*Por Redacción La tinta.
