El gendarme espía de Macri y Bullrich para el caso Maldonado
El “Potro” Jorge Domínguez, comandante mayor que fue director de Inteligencia Criminal de la Gendarmería y pasó a revistar en la AFI macrista. Fue la pieza clave de la ex ministra y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, para realizar operaciones de espionaje ilegal vinculadas al caso Maldonado. También participó de la persecución a las comunidades mapuche y en el armado de la hipótesis del enemigo interno impulsada por el ex presidente Mauricio Macri.
Por Sebastián Premici para Nuestras voces
Si algo quedó claro en las últimas semanas es que parte la matriz de la Alianza Cambiemos fue su política de espionaje ilegal que comandó directamente Mauricio Macri. En cada uno de sus principales ejes persecutorios –desde el armado de causas de “corrupción” contra dirigentes del kirchnerismo hasta el ataque a las comunidades de pueblos originarios, pasando por los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado- el macrismo montó un aparato de inteligencia ilegal a través de la AFI y la Gendarmería.
A medida que avanzan las investigaciones judiciales y los sótanos de la democracia expulsan toda su podredumbre, distintos actores de ese mundillo aportan su pieza al rompecabezas. El ex espía Allan Bogado, instrumento clave para el armado de la causa (trucha) del Tratado de Entendimiento con Irán, sostuvo durante una entrevista en Radio 10 (en el pase entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan) que toda la “mano de obra pesada” de inteligencia la tenía Patricia Bullrich, actual titular del PRO y ex ministra de Seguridad; y que había una persona poco nombrada, “un general de apellido Domínguez, que le decían El Potro”.
“Esa persona, de ser general de dirección de investigaciones en Gendarmería, pasó a revistar automática y mágicamente en la AFI. Un oficial de alto rango, que hace de enlace entre la AFI y la GNA”, sostuvo Bogado; y agregó: “Tanto (Pablo) Noceti, como Domínguez, en las causas más resonantes del macrismo, desde la pericia trucha de Nisman a Maldonado, esos personajes están, siempre”.
El “Potro” Domínguez es Jorge Domínguez (comandante mayor), quien se desempeñó como director de Inteligencia Criminal de la GNA y fue la pieza clave utilizada por Bullrich para realizar operaciones de espionaje ilegal vinculadas al caso Maldonado; también participó de toda la persecución hacia las comunidades mapuche y en el armado de la hipótesis del enemigo interno que le permitió a la dirigente del PRO modificar la ley de flagrancia y revestir de una legalidad (fraguada) todos los actos espurios de su gestión.
En julio del año pasado, Domínguez pasó a la AFI de manera formal –antes el vínculo habría sido desde las sombras-, en calidad de “retirado” de la GNA. Su buen vínculo con Noceti y su experiencia en el área de las operaciones de inteligencia, es decir, hacer uso de la información obtenida para “operar contra distintos blancos”, le valieron su retiro en la Agencia que conducía Gustavo Arribas y Silvina Majdalani.
Operación Maldonado
El Gobierno de Mauricio Macri ejecutó dos premisas claras e interrelacionadas apenas asumidos en diciembre de 2015: establecer una doctrina de seguridad nacional como sustento de sus acciones de espionaje ilegal. La Alianza Cambiemos modificó los alcances de la “flagrancia” al enmarcarla en un conjunto de leyes de corte represivas para otorgarle mayor autonomía y discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. Los proyectos fueron presentados en marzo de 2016; además de la flagrancia avanzaron con cambios vinculados a los agentes encubiertos, ley antiterrorismo y videovigilancia, todos plexos normativos copiados de los Estados Unidos. Esa podría ser catalogada como la génesis de la violencia institucional del macrismo.
El espía Domínguez –señalado por Bogado como actor clave de todas las operaciones de inteligencia desplegadas por Bullrich- fue una pieza central de las operaciones alrededor del caso Maldonado para vincularlo con una organización terrorista. De la mano de este comandante y de Rafael Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia de la GNA, Bullrich hizo todo lo posible para ensuciar la causa judicial que debía tener como eje investigar la represión ilegal de la propia la fuerza, desencadenante de la desaparición forzada y muerte del joven anarquista.
Como parte de esa injerencia concreta dentro del expediente, Bullrich habilitó a Domínguez y a Benz a rubricar un acuerdo de cooperación con la inteligencia de Carabineros. Entre ambas fuerzas, convirtieron a Santiago Maldonado, su familia y los distintos referentes mapuche ligados a Facundo Jones Huala en “blancos subversivos”.
Domínguez y Benz viajaron varias veces a Temuco y Esquel para “operar” a favor de la fuerza que debía ser investigada. Pero ambos agentes dejaron sus dedos marcados en sucesivas comunicaciones telefónicas e intercambios de mensajes con sus pares chilenos, acusados en su país de llevar adelante sus propios montajes de inteligencia (Causa Huracán); de ahí todo el material probatorio existente sobre dicha cooperación, que incluso ya fue analizado por el fiscal Franco Picardi.
La intervención
El 12 de agosto de 2017, Santiago Maldonado llevaba desaparecido 11 días; Domínguez ya estaba en Esquel; una semana antes, le había dicho al jefe de la inteligencia de Carabineros, Patricio Marín Lazo, que “si estaba en el círculo de Jones Huala, no descarto que, en algún momento, haya pasado a Chile”.
Tres días después, Domínguez mantuvo una reunión con el comisario de la localidad de Epuyen; ¿para qué? Porque de ahí salió la versión de que Maldonado había sido herido durante un ataque de la RAM; el 16 de agosto, fue la propia ministra Bullrich la que instaló desde el Senado que Maldonado podía ser un “terrorista”. “A partir de ahora, no se habla más de mapuches, se habla de la RAM”, fue la bajada de línea impartida por el jefe del Escuadrón de Bolsón, Fabián Méndez, previos intercambios con las áreas de inteligencia.
Así, instalaron y construyeron a un “Maldonado subversivo”. Después, Domínguez y Benz intercambiaron informes con Carabineros sobre la RAM, “minutas sobre el caso”, fichas de personas “vinculadas a la causa mapuche”, intervenciones telefónicas, todo por fuera del expediente judicial y a sabiendas de que debían mantener un bajo perfil para que no hubiera preguntas sobre el material intercambiado, tal como ya publicó Nuestras Voces.
El 29 de agosto de 2017, Domínguez tenía una reunión en el Ministerio de Seguridad con Bullrich; en un mensaje de WhatsApp, le preguntó a Marín Lazo si contaba con novedades sobre el teléfono chileno de Santiago. La ex ministra hacía un seguimiento minucioso de toda la operación.
Exactamente un mes después, Rafael Benz había llegado a Temuco y, desde allí, le escribió a Marín Lazo: “Me están preguntando de Buenos Aires si ya contestó la compañía. En estos momentos, está reunida la Ministra con el Director General de Gendarmería (Gerardo Otero). Y está preguntando el tema, por eso te molesto amigo”.
Ese mismo 29 de septiembre de 2017, en Buenos Aires, Bullrich estaba reunida también con el subsecretario de Interior de Chile, Mahmud Aleuy, encuentro que sirvió para alimentar la falaz hipótesis del tráfico de armas entre las comunidades mapuche de ambos lados de la cordillera.
El armado de fichas para hacer seguimientos e identificar a distintos grupos políticos, la intervención remota de teléfonos, la elaboración de hipótesis de conflicto internas para desplegar acciones de inteligencia, con la identificación de posibles “blancos subversivos” son actividades prohibidas por la ley local. Todo esto fue parte de las “operaciones” de Bullrich para que el Estado nacional quedase libre de cargo y culpa por la desaparición y muerte de Maldonado.
Pero, en este punto, también dejaron los dedos marcados. El 14 de agosto de 2017, las “inteligencias” de ambas fuerzas intercambiaron un documento en el que se comprometían al intercambio de información vinculada a “blancos de investigación sobre la causa mapuche y subversivos”.
Bullrich y Noceti manejaban toda la “mano de obra” de la estructura de inteligencia, según afirmó el ex espía Bogado en la entrevista con Radio 10. Parte de ese nexo fue Domínguez, un “retirado” de la GNA que pasó a la AFI; bien podría ser llamado a declarar en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
*Por Sebastián Premici para Nuestras voces / Imagen de portada: Nuestras voces.
