La Municipalidad de Córdoba hace ajustes y recortes ilegales en plena pandemia
En medio de la cuarentena, de manera unilateral e inconsulta, el Ejecutivo Municipal recortó la jornada laboral y los salarios de lxs trabajadorxs, y puso en la categoría de «no remunerativos» ítems que, desde hace años, estaban en blanco. Medidas que atentan contra los derechos mientras a los sindicatos se les prohíbe salir a la calle a reclamar.
Por Redacción La tinta
El Concejo Deliberante aprobó, el viernes pasado, el recorte salarial a empleados municipales en una sesión virtual controvertida, con 16 votos afirmativos del oficialismo, la abstención de Olga Riutort, el voto negativo de la concejal Laura Vilches y 13 ausentes de la votación (la Unión Cívica Radical, Evolución, Córdoba Cambia y Encuentro Vecinal se retiraron de la votación y manifestaron su rechazo a las formas de la sesión).
Centrales obreras, partidos políticos, organizaciones sociales y especialistas en el tema se han expresado en contra. Aunque, por supuesto, es el SUOEM quien está a la cabeza de los reclamos, lo importante de esta situación es el gran repudio desde diversos sectores que las medidas están teniendo, más allá de los colores políticos y las negociaciones, principalmente, porque es un atentado contra los derechos de lxs trabajadorxs y se teme una posible expansión de estas lógicas antidemocráticas para diversos sectores.
Recordemos que, desde fines de diciembre, el intendente tiene aprobado un decreto que le asegura superpoderes para hacer y deshacer discrecionalmente sobre el reordenamiento de los proveedores y el gasto público, escudándose en la situación de emergencia.
Desde el sindicato, hacen foco en que el Ejecutivo Municipal cerró de manera unilateral el diálogo en las negociaciones por el salario de abril, sin buscar consenso y sin intervención provincial.
Con el proyecto aprobado, que reduce la jornada laboral eliminando la séptima parte del salario e impactando en todos los adicionales correspondientes en plena pandemia, el Gobierno Municipal incumple compromisos firmados en los últimos meses, negándose a pagar horas extras ya trabajadas y a blanquear los aumentos otorgados en negro.
Además, el SUOEM expresó que las medidas no son temporales y que, a diferencia del recorte para los funcionarios -y solo 10 secretarios- pautado en tres meses, para lxs demás municipales será definitivo.
En tiempo récord y sin tratamiento en comisiones, el oficialismo de Martín Llaryora aprobó una ordenanza que reforma el estatuto de trabajo, reduciendo a seis horas diarias el horario laboral y recortando el 15% de los salarios, sin fijar la duración de la medida. El sindicato -que ya elevó el reclamo a la cartera laboral de la Nación a cargo de Claudio Moroni- señaló que, con esto, la gestión municipal no solo puso en práctica “una serie de acciones tipificadas como práctica desleal” por el artículo 53 de ley 23.551, obstruyendo el proceso de negociación, sino que, al modificar las condiciones de trabajo de su personal, se violentan los derechos otorgados por los artículos 14 bis, 16, 17,18, 19, 28 y 31 de la Constitución Nacional.
Desde los dispensarios barriales, lxs profesionales de la salud -quizás lxs más afectadxs en este contexto- comunicaron a lxs vecinxs en sus redes sociales: “La ordenanza que se excusa en la emergencia por covid-19 atenta contra un derecho fundamental como es el salario, nuestro sueldo. Aunque se diga que no afecta educación y salud, es mentira. Ayer, accedimos a nuestro recibo de sueldo de este mes y pudimos ver la mitad del pago en negro, y eso implica un daño directo a nuestros derechos y a próximos reajustes salariales. Además, el Ejecutivo ya nos mintió solicitando horas extras que no se abonaron, demostrando que su palabra sin nada escrito no tiene ningún valor, y es por esto que, a partir de hoy, se empieza con las medidas de fuerza».
«Hoy, nos impactó mucho porque estamos poniendo todo, haciendo demasiado esfuerzo para afrontar la situación, poniendo nuestros autos para buscar medicamentos o anticonceptivos, elementos de cuidado, o llevando gente a los hospitales, comprando de nuestro bolsillo algunas medicaciones cuando la familia no puede, comprando nuestros propios elementos de protección cuando no nos alcanzan los que nos dan para poder seguir atendiendo, estamos poniendo nuestros celulares porque no tenemos teléfono para llamar ambulancias o hacer seguimientos de dengue, sospechas de covid-19, situaciones de violencia, interrupciones de embarazos, crisis de salud mental. Todo este esfuerzo tiene que ver con nuestro compromiso con la comunidad y con la intención de hacer lo mejor posible nuestro trabajo”, explican lxs profesionales de la salud.
“Ahora, necesitamos hacer visible todo lo que estamos sosteniendo (por fuera de nuestro contrato de trabajo) y que favorece a la gestión. El Intendente no respeta lo que se ha planteado a nivel nacional de no recortar sueldos ni el bono de 5000 pesos que era para el personal de salud ni nada. Y aprovecha que no podemos salir a la calle para avanzar con ajustes y recortes y precarizaciones laborales. Debido a esta situación, el centro de salud estará sin atención cada vez que haya paro de colectivos o no tengamos elementos de protección, o no dispongamos de limpieza, de insumos de trabajo, de recolección de residuos patógenos, etc. Ya que trabajaremos a reglamento desde hoy. Esto será así en muchos centros de salud de la ciudad. Nos duele muchísimo lo que está pasando”, agregan en el comunicado.
La preocupación por las políticas de precarización progresiva del salario (en consonancia con lo que se viene denunciando del gobierno provincial de Juan Schiaretti) activó redes de solidaridad y apoyo: diversas centrales de trabajadorxs y gremios, así como partidos políticos, vienen adhiriendo al repudio de las medidas con comunicados propios, transparentando un frente de unión que hacía tiempo no se veía en Córdoba. Los sindicatos y gremios aunados en la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Córdoba, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores y CTA autónoma) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Organización Nacional de Trabajadores radicales de la UCR, el Partido Comunista y la Corriente Clasista Combativa son algunas de las organizaciones que pusieron voz al repudio.
En esta línea, el Centro Cultural La Piojera publicó un comunicado repudiando y solicitando dar marcha atrás en las medidas tomadas que impactan directamente en un espacio que es co-gestionado por diversas organizaciones. “Se trata de un atropello a los derechos laborales de nuestres compañeres y de todes les trabajadorxs municipales. Mientras nos organizamos para construir redes, fortalecer las dinámicas comunitarias y contribuir a las salidas colectivas de la crisis económica, social y sanitaria, el Poder Ejecutivo lleva a cabo unilateralmente un ajuste sobre lxs trabajadorxs, dejándoles incluso más desprotegidxs. Cabe destacar que esta medida se suma a una serie de prácticas por parte del Estado que desde hace muchos años fomentan la precarización laboral y la vulneración de derechos adquiridos».
Y agregaron: «Desde la reapertura de La Piojera, en marzo de 2019, se conformó un equipo de trabajadorxs municipales que ha garantizado el acondicionamiento técnico de la sala para cada uno de los eventos, así como su presencia en las diferentes comisiones de trabajo, realizando tareas de administración, producción, programación y comunicación, junto a todes les representantes de las organizaciones. A su vez, han participado activamente del Plenario del Espacio de Cogestión, máximo espacio de toma de decisiones. Quienes compartimos en este colectivo cotidianamente damos cuenta del compromiso y la consistencia de su trabajo, y celebramos la posibilidad de construir un vínculo con todes elles a través de las actividades que nos convocan. Exigimos que se dé marcha atrás en esta acción. Respaldamos y apoyamos a lxs trabajadorxs, acompañando las medidas que crean necesarias en esta situación”.
Por otro lado, el apoyo explícito también viene de parte de abogadxs laboralistas reconocidxs en nuestra provincia, quienes salieron a cuestionar las medidas de la gestión de Llaryora. Lucio Garzón Maceda -en diálogo con los SRT- hizo especial hincapié en el impacto y en que se pone en juego la esencia de una sociedad democrática con carácter social y el papel que tienen los sindicatos en nuestra vida política.
Entretanto, algunos diputados nacionales de extracción sindical solicitaron al Ministerio de Trabajo de la Nación, en un proyecto presentado por el legislador Pablo Carro, que intervenga para poder revertir esta decisión y “que arbitre los medios para que no se modifique la situación laboral de los municipales”.
“En momentos de crisis como los que estamos viviendo, necesitamos más Estado, más presencia y más atención, no menos”, concluyeron.
* Por Redacción La tinta
