Colombia: no pongan en cuarentena los derechos de las mujeres
Con la pandemia de coronavirus, los derechos de las mujeres colombianas se ven afectados todavía más por la desatención estatal y de empresas de salud privadas.
Por Colombia Informa
El mundo se encuentra “patas arriba”. Hoy, 183 países del orbe buscan cómo enfrentarse a la crisis sanitaria, económica y social en la que la pandemia ocasionada por la Covid-19 nos ha sumido. Pero esta crisis no es igual para todas las personas. La llegada del nuevo coronavirus ha significado un aumento de las violencias sistemáticas en contra de las mujeres.
A diario, múltiples voces denuncian cómo el actual aislamiento incrementa la recarga de los trabajos del cuidado que tenemos las mujeres, la violencia contra nuestros cuerpos, la precarización de nuestros trabajos, tanto en mercados formales como informales. Asimismo, uno de los temas que más hacen saltar las alarmas mundiales es el evidente retroceso en cuanto a nuestros derechos a tener una salud sexual y reproductiva plena.
A pesar de la legislación vigente en Colombia, que ampara las Interrupciones Voluntarias de los Embarazos (IVE) a raíz de tres causales, las mujeres todavía enfrentamos diversas trabas burocráticas y sociales para poder mandar sobre nuestros cuerpos con total soberanía. Pero esta situación no es nueva, la pandemia incrementa y profundiza aún más los problemas del sistema patriarcal existente.
Colombia Informa habló con Carolina Triviño, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo compuesto por personas y organizaciones que desde hace más de 20 años trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. En particular, con los relacionados con la libre opción de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización del aborto. Triviño cuenta cómo su colectivo está evidenciando el fortalecimiento de las barreras que ponen en cuarentena los derechos de todas.
—Los sistemas de salud a nivel mundial están colapsados. Su prioridad es casi exclusivamente atender los casos de contagio de la Covid-19 y algunas urgencias. Sin embargo, organizaciones feministas declaran una prioridad incluir dentro de estas urgencias las interrupciones voluntarias de embarazos. ¿Puede ampliarnos el porqué de esto?
—La Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho fundamental de niñas y mujeres en Colombia a partir de la sentencia C-355 de 2006, en tres circunstancias. Y, siendo así un derecho fundamental, pues no se puede suspender por una emergencia sanitaria. En ese sentido, la IVE es un procedimiento cubierto por el Plan Obligatorio de Salud.
Además, el Ministerio de Salud, por medio de varios lineamientos que ha generado para la contención de la pandemia, también ha establecido que los servicios que no se pueden suspender son todos aquellos relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Con medidas como el confinamiento, las vidas de las mujeres siguen. Y también su vida sexual y sus relaciones sexuales, sean consentidas o no. Por ello, continúa la posibilidad de enfrentarse a embarazos no deseados. Tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su reproducción y acceder a los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue siendo un derecho.
—Teniendo entonces esta máxima de que es un derecho fundamental, ¿qué manejo se le está dando en Colombia?
—En el marco de las medidas establecidas por el gobierno, con el fin de contener el contagio por coronavirus (como el confinamiento obligatorio, el cierre de fronteras, el cierre de terminales aéreas y terrestres), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a través del acompañamiento de casos que realizamos, ha evidenciado mayores dificultades de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Hemos encontrado, al menos, tres barreras recurrentes. Una que tiene que ver con que la atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo no se está tratando como un servicio de salud prioritario. Esto quiere decir que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se excusan en la priorización de los servicios de salud que están relacionados con el coronavirus para no atender la solicitud. Dilatan la atención y así incumplen con los términos legales que tienen para dar respuesta (que son cinco días calendario).
La segunda barrera que hemos identificado está relacionada con el hecho de que los trámites administrativos para la atención en salud deben ser en su mayoría virtuales. Esto implica que no todas las mujeres pueden solicitar el servicio de IVE, porque muchas no cuentan con las herramientas tecnológicas para enviar correos y hacer llamadas, o porque no cuentan tampoco con las herramientas para hacer un derecho de petición. Desde ahí se limita su acceso.
Y la tercera barrera es que con el cierre de los terminales de transporte intermunicipales, aquellas mujeres que requieren ser trasladadas a EPS lejos de sus territorios, encuentran graves dificultades para movilizarse. En el caso de las mujeres que cuentan con afiliación a seguridad social, sus EPS no autorizan la IVE, porque no autorizan el traslado o transporte para que ellas puedan llegar. Este es su deber. Sin embargo, aducen a la falta de transporte público o niegan el uso de las ambulancias para no cumplir con lo legislado.
Por otra parte, en el caso de las mujeres no aseguradas (como por ejemplo las migrantes venezolanas con estatus migratorio irregular) tampoco pueden tomar algún tipo de transporte y no tienen la posibilidad de acceder porque no hay instituciones en el lugar donde están.
Otra situación que hemos identificado es que las mujeres no acuden a las EPS para iniciar la ruta de IVE porque están a cargo de sus hijas e hijos. No tienen con quién dejarles mientras ellas acuden al servicio y se realizan el procedimiento. Hay otra barrera allí. Las instituciones que prestan el servicio de cuidados para niñas y niños no están funcionando.
—¿La sociedad civil se está organizando para hacerle frente a este problema? ¿Cómo?
—Las organizaciones de mujeres que como la nuestra trabajan el tema de derechos sexuales y reproductivos, hemos venido realizando algunos productos comunicativos. Buscamos poder garantizar que las mujeres tengan información sobre cómo acceder a la IVE. Que sepan que según los lineamientos del ministerio de Salud, esta es una de las atenciones que deben seguir ofreciendo y garantizando todas las entidades.
Sin embargo, creemos que también hay que seguir evidenciando las barreras que están enfrentando las mujeres. Porque debemos seguir acompañando a quienes encuentran estas barreras para tener tanto acciones administrativas como judiciales, y poder garantizar que se cumplan sus derechos sexuales y reproductivos.
—¿Cómo podría describirse el estado actual de estos derechos?
—Si bien tenemos un marco normativo que reconoce como fundamentales los derechos sexuales y reproductivos en sus distintas dimensiones, seguimos evidenciando que el acceso a métodos de planificación es bastante complejo en muchos lugares de nuestro país.
La educación sexual no ha tenido mayores avances para realizar un ejercicio efectivo. En el caso de la IVE, a pesar de haberse referido 23 sentencias por la Corte Constitucional, siguen existiendo barreras para su acceso. Tanto en tiempos de la Covid-19 como antes.
Todavía tenemos mucho que recorrer. El aborto tiene un doble estándar: si bien es reconocido como un derecho fundamental, todavía sigue siendo un delito tipificado por el Código Penal. Muchas mujeres siguen siendo judicializadas por tomar decisiones sobre su cuerpo y su reproducción. Debemos avanzar hacia la desaparición del delito de aborto en el Código Penal, que se despenalice completamente el aborto, y que las mujeres podamos acceder sin ningún tipo de requisito más que la decisión informada y autónoma sobre nuestros cuerpos.
—¿Cuál podría ser un escenario soñado en esta lucha?
—Hay muchas organizaciones, entre ellas la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que hemos adelantado un movimiento que se llama Causa Justa, que está orientado a lograr la despenalización total del aborto en Colombia y busca que se eliminen las barreras de acceso a la IVE. También quiere avanzar en la despenalización social del aborto.
Causa Justa está impulsado por 45 organizaciones, 60 activistas, prestadoras de servicios de salud, centros de investigación y miembros de la academia en todo el país. Hemos aceptado y jugado con las reglas de la Corte Constitucional, pero reconocemos la urgente necesidad de despenalizar el aborto en Colombia y continuar avanzando en los derechos de las mujeres.
Tenemos alrededor de 90 argumentos para demostrar la necesidad de despenalizar totalmente el aborto en Colombia. Esto nos permite abrir el debate para que ninguna mujer vaya a la cárcel ni se le inicie un proceso penal por acceder a la IVE. Buscamos que tampoco ningún prestador de servicio vaya a la cárcel ni se le inicie un proceso penal por realizar un aborto consentido o por brindar información. Queremos que todas las mujeres que así lo decidan puedan practicarse un aborto en condiciones seguras y sin ser penalizadas.
También queremos evitar las maternidades impuestas, porque despojan a las mujeres de su autonomía y del control sobre sus cuerpos. Creemos necesario que se reconozca que el cuerpo de las mujeres no solo está ligado a la reproducción y a la maternidad. Esto quiere decir que tenemos proyectos de vida distintos y por ello somos las únicas que decidimos si tener hijos o no. Para todo esto es de una gran importancia que se eliminen las inequidades entre las mujeres para que todas podamos acceder a un aborto seguro y un aborto oportuno y a una salud sexual y reproductiva plena.
*Por Colombia Informa / Foto de portada: Efe
