No bombardeen Barrio Norte o la importancia de gravar grandes fortunas. Segunda parte
Por Constanza Gutiérrez Casas para La tinta
Cuando alguien objete el para qué de un nuevo impuesto
Un impuesto a la riqueza permitiría afrontar el aumento del gasto público que ha demandado el abordaje de la pandemia y de las medidas consecuentes para su mitigación parte del Estado.
Sólo desde el 17 de marzo -días antes de la declaración vía Decreto de Necesidad y Urgencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio- y hasta los primeros días de abril, el Presupuesto de la Administración Pública Nacional se incrementó, en términos objetivos chequeables a través de información pública, 1.500 millones de pesos respecto a lo previsto -que, recordemos, es lo dispuesto por la Ley de Presupuesto para 2019, que fue prorrogada-.
El 80% de ese aumento del gasto se concentró en las siguientes partidas presupuestarias -áreas y programas de gasto según los cuales se reparte el dinero a cargo del Estado-: Políticas Alimentarias, Abordaje Territorial; Asignaciones Familiares, Apoyo al Empleo, Complementos a las Prestaciones Previsionales, Pensiones No Contributivas; Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Atención Sanitaria, Prevención, Control e Investigación de Patologías, y asistencia financiera a provincias y municipios.
Es decir, el aumento excepcional del gasto público y la reasignación de partidas, jurídicamente avalados por la emergencia sanitaria, se justifica casi plenamente en estas áreas específicas de atención a la cuestión social y sanitaria.
Si el aumento del gasto es asimilable, en esta coyuntura, a más del 3% del PBI y la baja de los ingresos del Estado en materia de recaudación, según AFIP, es del 15% y 27% en marzo y abril respectivamente, se ve indudablemente indispensable el aumento de los ingresos del Estado a través de la vía impositiva, ¿o podría alguien sostener que mejor receta es el endeudamiento externo, por el cual Argentina adeuda, a diciembre de 2019, el 89% de su PBI, récord sin pandemia mediante?
Además y finalmente, toda negación de la necesidad de barajar y dar de nuevo en términos impositivos, no lleva consigo otra cosa que la resignificación, a través del prejuicio, la frase hecha, el slógan como mercancía y cuantiosa inversión en el desparramo de fake news vía redes sociales diversas, de los principios de equidad distributiva y redistribución de la riqueza malversándolos en favor del sostenimiento del status quo. Explicitar estas intenciones, ponerles nombre de disputa política por el poder y por la distribución de la riqueza -quiénes, cuanto, para qué, en el marco de un todo con sentido comunitario-, resulta entonces en sí un acto de justicia.
Cuando alguien pregunte ¿para qué más dinero al Estado?
Desde el comienzo de la pandemia y en el marco de las medidas del Poder Ejecutivo y las administraciones provinciales y locales para su mitigación, las siguientes disposiciones fueron financiadas con fondos del Estado Nacional.
1. Transferencias económicas para el sostenimiento del empleo
a. Programa de emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que el Estado se ocupa del 50% de las obligaciones salariales de privados afectados en su facturación por la coyuntura, con condiciones cada vez más flexibles y, por ende, progresividad de ampliación de beneficiarios.
b. Actualización y expansión de Programa REPRO, que, en igual sentido, aborda sumas fijas remunerativas por doce meses destinadas a trabajadores, cuya carga sobre la retribución total percibida por estos se ha ampliado en los últimos meses hasta la totalidad, con un esquema progresivo de cantidad de trabajadores por empresa asistida. Su cobertura se cuadruplicó en el lapso hasta ahora transcurrido de la emergencia sanitaria.
c. Créditos a tasa del 24% de interés destinados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para el pago de sueldos y capital de trabajo, por entidades bancarias, con respaldo del engrosamiento del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), con discutida adhesión por la banca privada.
d. Línea de créditos en proceso de puesta en marcha, a través de entidades bancarias y destinada a doscientas mil Micro y Pequeñas Empresas sin calificación para el acceso al crédito, con igual tasa.
e. Línea de crédito a tasa cero a cargo de AFIP, para monotributistas y autónomos, cuyo cobro se prevé tras seis meses de gracia, en doce cuotas sin interés.
2. Asignaciones económicas a trabajadores informales e independientes, jubilados y sectores vulnerables
a. Ingreso Familiar de Emergencia para los meses de abril y mayo, destinado a monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal Por Hijo/a/e -AUH- y del -por el macrismo deshilachado- Programa Progresar. Fue ratificada su percepción en el corto plazo para casi ocho millones de personas y una asignación presupuestaria reciente dispuso su extensión a un millón más de ciudadanos, parte del espectro de solicitudes inicialmente rechazadas.
b. Remuneración extraordinaria por el mes de abril para jubilados, beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor -por la que el gobierno anterior excluía el derecho a la percepción de jubilación a través de la eliminación de la moratoria previsional-, pensiones no contributivas y beneficiarios de AUH.
c. Extensión del período de gracia por el cual se suspende el pago de los créditos personales que ANSES otorgó a beneficiarios de prestaciones sociales desde 2017 y por el cual actualmente existe un universo de cinco millones y medio de personas físicas endeudadas para el abordaje de gastos corrientes: medicamentos, alimentos y otros bienes y servicios así de indispensables, cuyo 34% corresponde a beneficiarios -pero, sobre todo, a beneficiarias- de Asignación Universal por Hijo.
d. Refuerzo que duplica el monto acreditado a Tarjeta Alimentar para el mes de mayo, beneficio social destinado a la compra de alimentos por familias con hijos menores de seis años a cargo y personas con discapacidad, por entre cuatro y seis mil pesos.
3. Fortalecimiento del sistema sanitario, expansión de su cobertura, compra de insumos
a. Refuerzo por 1500 millones de pesos adicionales a la partida presupuestaria prevista, al Instituto Malbrán, epicentro del diagnóstico y estudios de investigación epidemiológica respecto a la pandemia.
b. Construcción de 12 hospitales modulares en zonas de gran concentración urbana, sumaron 840 camas de terapia intensiva a la factible sobrecarga del sistema sanitario por aumento de la demanda.
c. Adquisición de 170.000 test rápidos para la detección de presencia de anticuerpos contra Covid-19, como parte de programa de vigilancia sanitaria, a cargo del Ministerio de Salud.
d. Eliminación de impuestos de importación y tasa estadística para la adquisición de insumos críticos: alcohol, artículos de laboratorio y farmacia y todo otro insumo sanitario.
e. Pago extraordinario al personal sanitario.
Cuando alguien diga que un impuesto a las grandes riquezas es de zurdo o comunista
El Financial Times, principal diario británico, publicó, hace un mes, un editorial titulado “El virus pone al descubierto la fragilidad del contrato social”. El contenido del texto refuerza toda interpretación que esa frase pueda suscitar: refiere a “nuevas lógicas de legitimación de líderes políticos occidentales”, emergentes en el marco de la pandemia.
El editorial plantea, como concepto inicial y según traducción propia, la “sensación de comunidad” (“togetherness”) que, en sociedades polarizadas por su honda desigualdad, introdujo la pandemia: “Para demandar sacrificio colectivo, debes ofrecer un contrato social que beneficie a todos”.
Que uno de los principales portavoces del mundo financiero asuma el surgimiento de modificaciones estructurales -y la necesidad de estas- en cuanto al rol y el engrosamiento de los Estados y de transformaciones de los modos de construcción de lo social desde un perspectiva materialista -y lo haga desde la capital de la revolución industrial y del surgimiento de la burguesía asociada a la propiedad de los medios de producción-, no parece condecir con teorías conspirativas acerca de resabios comunistas con supuesto y gracioso poder internacional.
El Fondo Monetario Internacional, amigo de la casa, publicó, el pasado 6 de abril, su periódico “Informe de monitoreo fiscal”, cuyo contenido alude exclusivamente a la vinculación entre pandemia y políticas fiscales de sus países asociados en este contexto.
El documento institucional refiere a que, en el marco de la pandemia, “la adopción de medidas de política fiscal es más necesaria que nunca”. Entre sus recomendaciones, el FMI plantea la importancia de la rapidez y proporcionalidad de las respuestas por los Estados a la gravedad de la crisis sanitaria, para la cual prescribe prioritario el «gasto sanitario plenamente satisfecho», y el financiamiento de medidas necesarias a la implementación del distanciamiento social: “licencias financiadas por los gobiernos, transferencias, prestaciones por desempleo, subsidios para salarios, aplazamiento del pago de impuestos e inyección de liquidez a empresas para evitar quiebras”.
Recomienda a sus asociados, a través de este texto, tener como “prioridad durante la pandemia”, gestionar las necesarias modificaciones del sistema público para engrosar las “redes de protección social”. Concretamente, alude a la importancia de “proteger los ingresos de los hogares ante los shocks adversos y reforzar la resiliencia” a fines de mitigar los efectos de la recesión mundial y explícitamente: “Un buen ejemplo sería un sistema de ingreso mínimo garantizado”.
Es finalmente en este sentido, inesperadamente para muchos, los convencidos interlocutores locales de este modo trasnacional de hacer política, que el principal acreedor de la deuda externa argentina -y destinatario del enamoramiento solicitado a la ciudadanía por el comandante de la última conducción neoliberal de nuestro país- indica prescriptivamente el cómo de la ejecución de estos preceptos. El modo para ponerlos marcha, aquí y ahora es “considerar aumentar alícuotas de impuesto a ganancias y bienes personales, garantizar el cumplimiento de obligaciones impositivas de grandes contribuyentes y aumentar la carga a la riqueza”, a través de lo que llama “recargo solidario”.
*Por Constanza Gutiérrez Casas para La tinta / Imagen de portada: A/D.
