No bombardeen Barrio Norte o la importancia de gravar grandes fortunas. Primera parte
Por Constanza Gutiérrez Casas para La tinta
Intenté transformar mi afán pedagógico por redes sociales, acentuado por la condición cuarentenal, en unas palabras que pudieran centrar tanta divagación mediática y mediatizada respecto al inminente proyecto de ley para gravar grandes fortunas en nuestro país en el marco de la pandemia, en el que se está trabajando para su tratamiento en el Congreso de la Nación.
El resultado de esa sistematización es esto que ahora ustedes leen y que resulta de vital importancia, creo yo, convencida en el poder de la información a la hora de performar cabezas, opinión pública y sentido común. Lo es no sólo para la instancia en el Congreso sino intentando proyectar esta iniciativa como uno de los eslabones posibles de aquella deseable transformación del sistema, que esbozan algunos comunicadores y referentes del pensamiento público, en un contexto que pone en jaque todo aquello a lo que nos creíamos inmanentemente habituados.
Se trataría de pensar en una especie de apocalipsis del que emerja una nueva política distributiva, con mayor equidad impositiva como rasgo, no en términos del final devastador de nada, sino del surgimiento de un nuevo orden, de una lógica justiciera que venga a redimir lo dado.
Puede ser esta la modalidad según la cual la idea de un gravamen a las grandes riquezas permita resignificar la distribución social de los medios de producción, el rol que cada uno de nosotros ocupa en la máquina de hacer andar al mundo, el tiempo que dedicamos a producir y su valor ante una vida que ahora se nos exhibe frágil.
Me gusta esa idea de linkear impuesto a la riqueza con apocalipsis en este sentido. No puedo hacerlo sin remitirme a Héctor Schmucler, a quien leo hace días, con esta y otras ideas en la cabeza, mientras ordeno de qué modo y para qué inscribirme en un concurso respecto a un texto suyo, Elogio del apocalipsis.
En torno al panorama actual respecto a la posibilidad pronta de un gravamen a las grandes riquezas y para evitar sumar la propagación del virus de la desinformación a la coyuntura que transitamos es que resulta pertinente la explicitación de algunos criterios que, en términos políticos, económicos y jurídicos, rigen propuestas como esta.
Bueno y, entonces, cómo sería el impuesto
1) Excepcional. No permanente, sino coyuntural.
Su implementación sería por única vez, a los efectos de lograr una recaudación puntual que permita engrosar los recursos económicos del Estado para ampliar y profundizar medidas para mitigar la dificultad sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales inmediatas.
2) No me digas que yo lo voy a tener que pagar.
No, excepto que tengas un patrimonio a tu nombre de más de 3 millones de dólares. Eso incluye a las aproximadamente 12 mil personas más ricas de Argentina, apenas el 0.08% de nuestra población económicamente activa.
3) Las empresas no van a querer invertir acá, al final, este país siempre caga a los que arriesgan.
El impuesto no tiene nada que ver con actividades productivas o empresariales ni desincentiva la inversión. Está destinado a personas físicas que, por actividades diversísimas, hayan acumulado grandes patrimonios personales y es a ese patrimonio personal al que se grava, no la estructura productiva que pueda el sujeto tener a cargo -en el mejor de los casos, si es que no completa en formularios ocupación: timba financiera.
4) ¿Por qué mejor los políticos no se bajan los sueldos?
Porque lo que se pretende recaudar a través de este impuesto es estimativamente 3 mil millones de dólares. Comparativamente, lo que cobra de sueldo el Presidente de la Nación -funcionario del Ejecutivo con sueldo más alto, a excepción del Canciller, según disposición específica- es, más o menos, 200 mil pesos. A su vez, por ejemplo, los Diputados de la alianza en la Cámara Baja de Juntos por el Cambio no pudieron acordar entre sí el monto de sus dietas que donarían tras los intermitentes reclamos al respecto y apenas algunos confirmaron en los hechos la cesión de parte de sus ingresos, que, en el caso de los más generosos, no supera los 50 mil pesos mensuales.
Es decir, no se trata de montos comparables como para evaluarlos equivalentes para trazar una política de recaudación con objetivos ni siquiera parecidos
5) Le quieren confiscar la riqueza a los que se la ganaron.
La alícuota estimada sería de entre apenas el 2 y el 3.5% del patrimonio declarado, por única vez, con carácter progresivo -más riqueza, más alícuota- y, en el rango de mayor tributación, se encontrarán personas físicas con patrimonios de más de cien millones de dólares.
6) En Argentina, tenemos una carga impositiva que no aguanta nuevos impuestos.
Sí, y hay que discutir cualitativa y no cuantitativamente esa afirmación. Para ello, considerar la injusta preponderancia en la recaudación argentina de impuestos regresivos. Teniendo presente sobre estos que no sólo no contribuyen a la redistribución de la riqueza como misión de toda política impositiva, sino que acentúan la desigualdad porque cargan con valores relativos de carga impositiva mayores a quienes menos tienen: son los que destinan casi el total de lo que perciben a la adquisición de productos de primera necesidad y, en ese consumo, la tributación se lleva buena parte de lo gastado. Para alguien con más ingresos, esa proporción es, por lejos, menos preponderante. Resulta evidente así que, si se gravara con más carga a quienes más ganan, tienen y pueden, entonces, la política impositiva tendería a una distribución más equitativa de los ingresos.
Una política económica despiadada con los que menos tienen lleva, como en los últimos años, a condenar con más carga impositiva a los más vulnerables: en la recaudación nacional para 2018, el IVA representó su 32.6%, más que en ningún período fiscal desde 2002. En igual sentido, descendió del 45 al 39% la incidencia de impuestos progresivos en lo recaudado -por la baja de retenciones al campo, la no actualización de bienes personales y ganancias e iniciativas económicas que propiciaron la fuga de capitales, y la condonación de deudas por evasión, a cambio de una pequeña alícuota-.
En este contexto, la idea de gravar las máximas fortunas parece contribuir, por ejemplo, a criterios como los del inefable ex Ministro Nicolás Dujovne sobre la necesidad de revertir la carga impositiva de la Argentina, por su “carácter distorsivo”. Así es, Nico, vamos por una transformación impositiva hacia impuestos progresivos por los que los que más tienen, más contribuyan.
7) Esto de cobrar impuesto a todo no pasa en ningún otro lugar del mundo.
No es así: Argentina recauda en impuestos el 22.8% del PBI, mientras que los ‘países del primer mundo’ que integran la tan ansiada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recaudan, mediante sus sistemas tributarios, 34.2% de sus Productos Brutos.
Para peor, Argentina tiene la dificultad, como es característico de Latinoamérica, de la inaplicabilidad en los hechos de los gravámenes de más peso, por los altos índices de maniobras de evasión, entre ellas, la adhesión de los más grandes patrimonios a paraísos fiscales.
8) La culpa de ideas como esta la tienen setenta años de peronismo.
No es este en absoluto el único lugar en el mundo en el que se baraja esta idea. De hecho, son múltiples los países que ya gravan las máximas concentraciones patrimoniales y no se trata precisamente de modelos económicos que puedan tildarse de ‘populistas’ ni de liderazgos personalistas con pretensión de condensar simbólicamente la representatividad de lo popular.
En España, Podemos, fuerza que integra la coalición gobernante, ha expresado su voluntad de gravar con una “contribución solidaria” a las grandes fortunas para costear los gastos de la pandemia. Si bien esta contribución se prevé, como en nuestro país, excepcional, se evalúan medidas estructurales: suba de tasas para los mayores contribuyentes y gravamen a grandes corporaciones.
Italia -tercer país en el mundo en el ranking de cantidad de contagiados de coronavirus- debate en igual sentido la creación de un impuesto que tendría vigencia durante este año y el próximo, la “tasa Covid”, con una alícuota progresiva de hasta el 8% a grandes rentas financieras. Si bien sus destinatarios representan apenas el 2% del universo de contribuyentes, sus detractores recurren a los argumentos del costo de la política -sí, la misma que tiene a su cargo la mitigación de la pandemia y el abordaje de sus múltiples y complejas consecuencias humanitarias, económicas y productivas- y de tomar la parte por el todo: “Que los parlamentarios se recorten sus sueldos” -repitió el Viceministro de Desarrollo Económico italiano- y “en un momento como este, nadie debe meter la mano en los bolsillos de los italianos” -Silvio Bernusconi dixit, pretendiendo diluir, bajo el manto nominativo del conjunto y de proclama casi patriótica, el conflicto social y la acentuadísima desigualdad-.
En Inglaterra, el partido laborista promueve “un nuevo contrato impositivo” plasmado en un impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias de los bancos y al sector financiero.
En Alemania, existen, desde 1991, el “impuesto complementario de solidaridad”, que condensa, en su carácter progresivo, características similares a nuestro impuesto a las ganancias e impuesto a la renta financiera -pero con una alícuota extra y diferenciada para grandes fortunas, del 5,5%– y el “impuesto a la herencia” , que alcanza 80% de los patrimonios.
En Estados Unidos, la derrota del Partido Demócrata ante Trump llevó al archivo las intenciones electorales respecto a gravar la riqueza: 0,1% de gravamen anual a la máxima riqueza -estadounidenses con más de 32 millones de dólares de patrimonio-.
¿Y en Latinoamérica? Cobra fuerza la demanda de un impuesto a los que más tienen, signada, eso sí, por los quilombos que afrontan los países de la región y la dificultad para dar este tipo de disputas en esos contextos de fragilidad institucional, law fare y coso. Llevan la batuta las fuerzas políticas opositoras a las corrientes liberales a cargo de la mayoría de las administraciones nacionales. En Brasil, lo puso en agenda el PT, apoyado por la izquierda y la central sindical. En Ecuador, dirigentes allegados al ex Presidente Correa. En Perú, se esbozan proyectos desde el Congreso. En Bolivia, el MAS defendió este tipo de iniciativa. Y en Chile, apenas tibios esfuerzos, si bien, tras el estallido social reciente, se incrementó en un 30% la alícuota por la que se grava a los mayores patrimonios, lo que resultó en migajas.
*Por Constanza Gutiérrez Casas para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
