Informe sobre la cuarentena en los barrios populares: segunda parte
El siguiente dossier reúne informes provenientes de 14 provincias argentinas, fue realizado durante el último día de marzo y se enfoca en dos preguntas principales: ¿Se está cumpliendo el aislamiento social obligatorio en los barriadas pobres? ¿Estamos ante una deriva autoritaria, especialmente, contra los sectores populares? No podemos ofrecer respuestas terminantes, pero los indicios recolectados contradicen al sentido común y nuestras intuiciones de partida. Entre tanto, acaba de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Un mapa para ingresar a la segunda etapa de la cuarentena.
Por Revista crisis
La pampa
Por Juan Pablo Gavazza
La cuarentena tuvo en esta provincia ultraestatal un par de picos de violencia institucional: un joven pelea por su vida después de haber sido detenido como infractor y permanecido cuatro días preso mientras era sometido a golpes por la policía. Antes, se hizo notable la sobreactuación del Poder Judicial, con 2.541 detenidos por violar el aislamiento, y la costumbre de “hacer estadística” llevada al extremo por la policía. Cifras oficiales del Superior Tribunal de Justicia ante la consulta de Crisis indican que entre el 20 de marzo y el 30 del mismo mes hubo 3.094 personas judicializadas. El organismo intentó atenuar la estadística bajo el argumento de que es solo el 0,5% de la población total (unos 350 mil habitantes), pero el número de personas criminalizadas es abrumador: una cifra similar a la que se registró en el mismo período en la ciudad de Buenos Aires. Otra cifra oficial que ayuda en la comparación: durante enero y febrero en La Pampa se realizaron apenas 291 audiencias de formalización por distintos delitos.
La situación se registra en un contexto en el que especialmente los fiscales hacen propaganda de su accionar, “escrachan” con nombre y apellido a quienes vulneran normas y dan vía libre a la caza de infractores. Eso incluye la promoción de fotografías de personas con las manos esposadas, como ocurrió con el acusado de haber difundido por “wasap” un mensaje falso. Los fiscales hacen uso de la crisis para mejorar su legitimación política, en un marco de exacerbado reclamo social que pide mano dura. En este contexto, el Poder Judicial donó parte de su dieta a un “fondo solidario” que lanzó la política: autoridades de todos los poderes se recortan salarios frente a la crisis. El gobernador Sergio Ziliotto puso plata en el bolsillo de la policía (un bono especial de $5.000), que aprovecha su momento para inflar el pecho y mandar con su estilo en las calles. Eso aviva conflictos y tensiones en los barrios populares, donde es más complicado quedarse en casa. El episodio más violento se registró en General Acha, la tercera ciudad de la provincia: a Francisco Vivandelli (27 años) lo demoraron por violar la cuarentena, le dieron cuatro días de prisión preventiva y mientras duró la detención fue golpeado, según denunció su familia. El fiscal Juan Bautista Méndez, sin embargo, investiga en principio “autolesiones”. Los efectivos involucrados dijeron que “se cayó de la cucheta”.
Otro episodio se registró en General Pico, segunda ciudad pampeana: un joven que salía de compras recibió varios balazos de goma en la cara, la cabeza y el cuello. El jefe policial Roberto Ayala bancó ese accionar: “Fue un rebote o un movimiento no determinado”. Las situaciones valieron repudios del Movimiento por los Derechos Humanos. Pero la población pampeana tiene la costumbre de “hacerle caso” al Estado. Desde el regreso de la democracia, en una provincia chica y de escasa población, lo estatal el verdadero poder fáctico, aparte de ser la principal fuente de trabajo. No hay familia a la que no llegue con alguna mano, maneja uno de los pocos bancos provinciales que quedan en el país, tiene la caja jubilatoria, también una empresa petrolera que gestiona estaciones de servicio, concesionó a las cooperativas la distribución de la energía eléctrica y con el pago de los sueldos públicos es el que pone a andar también la rueda del comercio “privado”. En síntesis: la necesidad de presencia estatal que en algunos puntos asoma como novedoso debate, en esta provincia –que el peronismo gobierna desde el ’83 de manera invicta– está resuelta desde hace tiempo.
Córdoba
por Lucía Maina Waisman
Si pudiéramos recorrer la provincia desde los helicópteros de la policía que por estos días sobrevuelan la Capital, veríamos un mapa atravesado mucho menos por la cuarentena que por la desigualdad. El hacinamiento y la necesidad de rebuscarse el plato de comida entre quienes, hasta hace un par de semanas, vivían de trabajos precarios, hacen que miles de personas se vean imposibilitadas de cumplir el aislamiento dispuesto por el gobierno nacional. “Mientras más pobre es el barrio, se ve más circulación y menos cambio”, dice Lisandro Levstein, integrante del Encuentro de Organizaciones (EO), que sostiene 34 comedores en diferentes zonas de la Capital. Sólo allí al menos 58 mil familias sufren el hacinamiento, con un solo cuarto para todxs sus integrantes. “Si en una casa son 20 personas, es mejor que los pibes jueguen afuera y no que estén adentro”, señala Nadya Scherbovsky, médica que también integra el EO. “La otra complicación que hay es que la gente vive al día en la economía popular y ya no les ingresa plata”, señala por su parte Mariano Shejter, quien integra el Frente Patria Grande. “Lo que estamos viendo en casi todos los barrios populares de Río Cuarto es que la gente ya no tiene plata, no están comiendo”, cuenta por su parte Lucía De Carlo, integrante del Partido Respeto. Mientras tanto, los comedores comunitarios de las ciudades hacen magia para multiplicar las porciones: la cantidad de familias que asisten crece cada día, pero los refuerzos de los gobiernos aún no llegan.
El despliegue de las fuerzas de seguridad también se hace sentir en los barrios populares. Sus habitantes, obligades a salir a las calles para sobrevivir, deben enfrentar el criterio arbitrario de una policía que históricamente se ensaña con ellos. Hasta este martes 31 de marzo más de 4000 personas fueron detenidas por la policía debido al incumplimiento del Aislamiento Social. La mayoría son enviadas a su casa o demoradas por unas horas, pero algunas pueden permanecer detenidas durante días.
Sergio, integrante en Córdoba de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala que la mayoría de las detenciones recaen sobre vecines de sectores populares que habían salido a comprar o que estaban trabajando, y que en algunos casos terminan encerradas en una comisaría, aumentando su posibilidad de contagio. “En Alta Gracia, por ejemplo, una persona hace tres días que está detenida por el incumplimiento del decreto por coronavirus y había pasado casi 48 hs. sin poder hacer contacto con la familia”, cuenta Sergio. Lo mismo denuncian desde el espacio de la Marcha de la Gorra en Río Cuarto, donde observan que los arrestos se centran en personas que circulan en moto y en trabajadoras sexuales.
El mayor caso de violencia policial ocurrió días atrás en la ciudad de Bell Ville, cuando un agente disparó balas de plomo a un hombre que intentaba detener en la calle y que finalmente resultó ileso. El hostigamiento también es frecuente, especialmente a las personas en situación de calle, que son detenidas y luego, al liberarlas, vuelven a encontrarse expuestas a lo mismo de siempre. Otros barrios populares, en cambio, parecen zonas liberadas por la policía donde casi no se perciben los controles.
Al mismo tiempo, las personas recluidas en las cárceles, siendo Córdoba la provincia con mayor cantidad de presos per cápita del país, padecen las condiciones insalubres y de hacinamiento que sufren desde hace años y que ahora se agravan con la crisis sanitaria. Días atrás, detenides de Bower, en las afueras de la Capital, protagonizaron un intento de motín para denunciar esta situación. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma.
Río Negro
por Santiago Rey
Hasta el momento hay pocos casos de coronavirus y más de 1000 detenidos desde el inicio de la cuarentena, toque de sirenas, patrulleros, fuerzas de seguridad en las calles y denuncias de abusos policiales; dos conferencias de prensa diarias del Gobierno y un sistema sanitario que hasta el momento se muestra con capacidad para responder a la emergencia.
Los dirigentes provinciales saben que su futuro político está atado al manejo de la crisis. Ya no hay política al margen de la pandemia. Y si de construcción de liderazgo se trata, Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, paradigma de una impúdica relación entre la clase política rionegrina y Joe Lewis, el magnate inglés que cercó el lago Escondido, dilapidó una gran oportunidad. El jefe comunal violó la cuarentena el último 17 de marzo cuando, a pesar de haber llegado desde Italia, viajó desde Buenos Aires a El Bolsón. El aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población -salvo las excepciones del artículo 6 del decreto- fue anunciado el día 19, pero ocho días antes, el 11 de marzo, el Presidente Alberto Fernández resolvió la cuarentena obligatoria para las personas llegadas de países con circulación del virus. Italia figuraba al tope de la lista. Aquel que “no lo cumple estará incurriendo en un delito, que es el delito que pone en riesgo a la salud pública”, dijo Fernández. Pogliano llegó de ese país europeo el día 15 y se alojó en un departamento del barrio de Belgrano, donde en teoría debía cumplir con las dos semanas de reclusión. Pero dos días después viajó a El Bolsón y continuó con sus tareas habituales, hasta que una “leve fiebre”, se informó desde el Municipio, lo obligó a permanecer en su casa. El 27 de marzo el Instituto Malbrán confirmó que la muestra correspondiente al jefe comunal dio positivo para coronavirus. Desde El Bolsón aseguran haberlo visto en las calles en los días posteriores a su arribo del viaje europeo, así como a integrantes de su familia. En los próximos días, Pogliano será denunciado penalmente por la violación de la cuarentena y se investigará si es el responsable de los futuros casos de coronavirus que puedan detectarse en la localidad cordillerana. Aliado del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, en el gobierno toman distancia sobre el caso y prefieren evitar los comentarios.
El sistema sanitario se caracteriza por la opacidad informativa en torno al número disponible de camas con respiradores. Fue decisión institucional del Ministerio de Salud, avalada tácitamente por el resto del gobierno. El Ejecutivo dice confiar en su sistema sanitario. O más bien, confía en que la vastedad territorial y la distribución poblacional concentrada en cuatro grandes ciudades -Bariloche, Cipolleti, Viedma, General Roca- no provocará ni contagios masivos ni una presión inmanejable sobre las estructuras públicas y privadas de salud. Pero “para evitar asustar a la gente” guarda el dato sobre la cantidad de camas de terapia intensiva con respiradores artificiales de las que dispone. Los números, ante el hermetismo oficial, son confusos. En toda la provincia, al 30 de marzo, habría disponibles menos de 160 camas con respiradores, para una población global que roza los 700 mil habitantes. Se confía que llegarán desde Nación a la brevedad 100 camas completas más con sus respectivos respiradores.
Concentración informativa y silencio sobre un dato clave son estrategias que, si sobreviene un desborde sanitario, pueden volverse en contra al gobierno. La primera mandataria, Arabela Carreras, hoy confía en que serán capaces de contener la presión provocada por el Covid-19. Al 31 de marzo se registraban seis casos de contagio y un fallecido. El Ejecutivo se muestra más preocupado por el impacto económico de la cuarentena, que incluye el cierre de comercios y su implicación en actividades clave como el turismo. “Más que en lo económico, yo diría en lo social”, especificó el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, y vaticinó que si se extiende la situación “el sistema no soportará” y estará en riesgo la cadena de pago de sueldos y el consumo, con una grave consecuencia para las pequeñas y medianas empresas. Los sectores medios serán, desde su perspectiva, los más golpeados, porque la estructura asistencial de la Provincia y Nación podrán dar cobertura a las demandas de los grupos más vulnerables. Turismo y Construcción, además de algunos sectores productivos, serán los más afectados, según esa proyección. Al cierre de este informe analizaba los datos sobre los ingresos generales y de jurisdicción propia del mes de marzo: caída en las regalías hidrocarburíferas, en la recaudación propia -aunque no en un nivel aún preocupante-, y en la coparticipación. “Hoy podemos pagar sueldos”, planteó Buteler, pero teme por la proyección. Y reclama al Presidente: sostener la coparticipación, un precio mínimo para el crudo -expresado en el “barril criollo”-, y mecanismos nacionales de asistencia a las PyMES.
Al igual que en el resto del país, en Río Negro se multiplicaron los casos denunciados de violencia institucional, ejercidos por fuerzas de seguridad bajo el paraguas del control de circulación y la cuarentena. Integrantes del Comité Municipal contra la Tortura de Bariloche plantearon públicamente su “preocupación y repudio frente a las reiteradas denuncias que estamos recibiendo por situaciones de maltrato de las fuerzas de Seguridad hacia vecinas y vecinos de nuestra ciudad, particularmente en los sectores más populares”.
También puertas adentro de las unidades penitenciarias se repitieron los casos. El más visible, el de la Unidad Penal 3 de San Carlos de Bariloche, donde en dos oportunidades integrantes del Servicio Penitenciario golpearon violentamente a los reclusos que reclamaban medidas de prevención del coronavirus y condiciones dignas de habitabilidad de las cárceles. Un video que circuló profusamente en las redes locales dan muestra de las consecuencias de la represión en uno de los pabellones. Desde el Comité Municipal contra la Tortura informaron a la Justicia y a la secretaría de Derechos Humanos de la provincia que “el jueves 19 personal policial ingresó a los pabellones reprimiendo con golpes y balas de goma a los detenidos como respuesta a su reclamo para que se tomaran las medidas sanitarias correspondientes frente a la pandemia”; y que “el día 26, en horas de la madrugada personal del penal ingresó nuevamente a los pabellones desatando una feroz represión, rompiéndoles y quitándoles sus pertenencias”. El Servicio Penitenciario provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad, elaboró un informe que dictaminió una actuación de los efectivos de acuerdo al protocolo defensivo ante una agresión de los detenidos. La supuesta agresión incluyó -siempre según ese informe que fue elevado al Comité Nacional contra la Tortura y a la Justicia, y del que Revista Crisis conoció los detalles- quema de colchones y la rotura de una pared que comunica los Pabellones 1 y 2.
Los atropellos institucionales no son exclusividad de Bariloche. Dramático fue el caso denunciado por una docente en Cipolletti que involucra a la Policía Federal. La directora de la Escuela 50 de la zona rural de esa ciudad del Alto Valle detalló que el pasado 27 de marzo fueron demorados padres y madres de la institución que se trasladaban para buscar los módulos alimentarios. “Un matrimonio, mamá y papá de dos alumnos de la escuela, salió en su auto para buscar los módulos. En el camino se encuentran con dos mamás que se dirigían también a la escuela, más de 10 km todavía tenían que caminar. En el camino lxs detiene la policía, lxs hace bajar del auto y les comunican (a los gritos) que van a ser demorados y que el vehículo queda secuestrado”, publicó en las redes sociales. Y detalló que los padres y madres fueron “llevados a la sección antidrogas de Cipolletti, lxs suben a la camioneta de la Policía como a delincuentes. Yo, directora de la escuela, lxs acompaño, ingresan al patio del lugar, les hacen pericias como tomar las huellas dactilares, les sacan fotos (así como en las películas… sí, sí como si acabaran de robar un banco). Las mamás me dicen que lxs niñxs quedaron solxs en las casa, lloran de un lado de la reja, yo del otro”.
Rosario (Santa Fe)
por María Cruz Ciarniello y Martín Stoianovich
El aislamiento social obligatorio y preventivo sirve como excusa y legitima el ya tradicional abuso policial que rige en los barrios populares. Las fuerzas de seguridad circulan hoy con mayor frecuencia y violencia por las calles periféricas. El domingo 22 de marzo se publicó un video casero filmado en Pedro Lino Funes y Riobamba, periferia oeste: a una chica la detienen y los vecinos protestan e insultan a los policías. La respuesta es rápida: disparos con municiones antitumultos en dirección a la ventana desde donde se estaba filmando. La policía dijo que la joven circulaba sin motivación por la calle y la detuvieron. “Lo que tiene la policía en los barrios es la diferencia en el trato. A los chicos que van a buscar alimentos al comedor nuestro la policía los hizo volver con tiros al aire”, contó Victoria Clerici, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El encierro obligatorio también agudiza al máximo una crisis económica preexistente. “La cuarentena se respeta como se puede”, señalan referentes de los movimientos sociales. “Lo que hoy padecemos es una doble crisis: sanitaria y alimentaria”, dice Claudia Fleitas, referente social del Movimiento Popular Libertador San Martín, en el barrio Molino Blanco. En Cabín 9, otra geografía muy humilde, hacen fila para buscar agua potable en una de las pocas canillas que abastecen al barrio.
Yolanda integra el Centro Social en ese lugar: “Hay mucha gente que no puede ir a trabajar, muchas familias cobran día por día, como los albañiles o las compañeras amas de casa. Muchas de ellas tienen que ir a trabajar a casas donde los dueños han viajado afuera y están expuestas”. Se suma que “vivimos en un barrio súper lejos, estamos aislados prácticamente. Acá hay un solo dispensario y está cerrado, y ante cualquier urgencia tenemos que ir a Pérez o Rosario. Como vecinos organizados, apuntamos a la solidaridad de clase, y ver de qué forma podemos darnos una mano para frenar esta crisis y a su vez tener todas las medidas de prevención. Con el tema del agua la exigencia es ya. Es un chiste que tengamos que hacer fila para ir a buscar agua”
En la zona semirural de Nuevo Alberdi, el merendero Granito de Arena se desborda de vecinos que van a buscar bolsones de alimentos y elementos de higiene. Milton Ríos, militante de la zona, describe que ese barrio “es conocidísimo por la gente que va a paquetear, que es salir a buscar basura, juntar cartones y revender. Pero no pueden salir porque la policía te mete adentro”. Las organizaciones barriales y de la economía popular convocaron a un Comité de Crisis del que participa el gobierno provincial y municipal. El objetivo es articular con el Estado para garantizar necesidades básicas, desde bolsones de comida hasta kits de bioseguridad para quienes trabajan en la producción y el traslado de alimentos.
Vivir puertas adentro resulta demasiado difícil cuando el único resorte de posibilidad es la vida en comunidad. “El aislamiento social es necesario, pero hay un cuidado colectivo que también es necesario”, advierte Victoria Clerici y envía fotos, a través de Whatsapp, para mostrar de qué manera las promotoras ambientales del MTE reciclan la basura en sus propios hogares para respetar el aislamiento. Mónica Crespo es cartonera y recicladora: “Reforzamos a los compañeros, con mercadería, con alimentos, se limpian los tupper. Está jodido, porque el compañero que tiene que cartonear no puede salir y no todos reciben la Tarjeta Alimentar. Salieron dos compañeros con el carro y Gendarmería los trajo a la casa”. Sobre la política de cuidados mientras transcurre la estricta cuarentena, Clérici analiza que “la realidad es que quienes están a la cabeza de los cuidados de lxs demás son las compañeras, y ahí hay que tener en cuenta muchas miradas: las compañeras que están en situación de violencia y se tienen que recluir con el violento; entonces estamos atentas para ubicarlas en otros lados si es necesario”.
Liliana Leyes, militante gremial e integrante del movimiento de mujeres de Rosario, denuncia que en estos días se hizo presente el femicida de Vanesa Celma, una joven de 27 años quemada viva y asesinada en 2010 mientras cursaba un embarazo de ocho meses (su bebé logró sobrevivir de milagro), en la casa de la persona que quedó a cargo de sus hijos. “Y apareció para llevárselos, fue un momento muy difícil. Por esta misma cuarentena, la situación es mucho más difícil. En este caso articulamos desde los teléfonos y se pudo lograr que ahora esté la familia cuidada”.
Paraná (Entre Ríos)
por Alfredo Hoffman y Sabrina Gullino Valenzuela Negro
Entre Ríos posee 13 casos confirmados y ningún paciente fallecido. Las autoridades de Salud hablan todavía de una “etapa de contención” y sin circulación local: todas las personas infectadas tienen antecedentes de viajes al exterior o son contactos estrechos. Entre efectores públicos y privados se prevé disponer de 240 camas en total en terapia intensiva. Veinte de ellas se encuentran en el Hospital de la Baxada, en Paraná, que el PAMI construyó durante los gobiernos kirchneristas, obra prácticamente paralizada durante el macrismo. Tras la llegada de 1000 reactivos de Nación, se podrá diagnosticar en el territorio.
El gobernador peronista Gustavo Bordet afirma que son inflexibles con quienes no respetan el aislamiento, que caracteriza como «un grupo minúsculo». El jefe de la Policía, Gustavo Maslein, dijo el lunes 30 de marzo que «se han realizado miles de notificaciones» por infracciones y que se desarrolló un sistema informático para detectar a los reincidentes, lo que derivó en «80 detenciones el fin de semana», una cifra muy superior a lo habitual. En el centro de Paraná se observa una importante circulación de personas a primera hora de la mañana, al mediodía y al finalizar la tarde, cuando la gente entra y sale de sus trabajos, principalmente en la administración pública, los comercios y servicios; el resto del tiempo funciona con movimiento similar al de los días feriados. Además, por ser una provincia eminentemente agrícola y agroindustrial, estas actividades que no se paralizan durante la cuarentena demandan un importante flujo de personas y vehículos. La situación en los barrios de la capital es paradojal. Referentes de organizaciones barriales han manifestado la escasa presencia de fuerzas de seguridad para controlar el cumplimiento del aislamiento; sin embargo, se han conocido imágenes de policías disparando al aire en el barrio Giachino que dan cuenta de hostigamientos policiales.
Por otro lado, hubo una huelga de hambre en el penal de Paraná y un intento de motín en la cárcel de Concepción del Uruguay, en reclamo de mejores condiciones de higiene y el restablecimiento de las salidas sociolaborales, suspendidas por el aislamiento. Organismos de Derechos Humanos y universidades pidieron al gobierno que garantice los derechos de la población carcelaria.
En sintonía con las cifras publicadas por el Ministerio de la Mujer, desde que empezó el aislamiento social obligatorio, en Entre Ríos se evidencia un aumento en las consultas por violencia de género, aunque esta grave situación domiciliaria no se traduce en el número de denuncias. Fuentes oficiales expresan un corrimiento en las demandas que tiene que ver con necesidades básicas alimentarias de mujeres, niñas y niños.
Una medida recientemente adoptada, en principio por el Ejecutivo provincial, a la que más tarde adhirió el Superior Tribunal de Justicia, fue la creación de un Fondo Solidario para afrontar la emergencia sanitaria que supone un aporte voluntario del 50% del sueldo para la categoría de magistrados y funcionarios por única vez en abril.
Salta
por Nicolás Bignante
En la provincia comandada por el peronista (ex Cambiemos) Gustavo Sáenz, las disposiciones para contener el avance del COVID-19 transcurren en paralelo a la emergencia sociosanitaria declarada en enero para los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín. La muerte de (al menos) trece niños wichís en el norte provincial en lo que va del año por causas relacionadas a la malnutrición, puso de relieve la impotencia del sistema sanitario para dar respuesta a problemáticas estructurales. La mayoría de las víctimas falleció a la espera de una ambulancia o a bordo de ella, mientras surcaba la extensa geografía del interior provincial.
En este contexto, y con pocas novedades que brindar en materia epidemiológica, las acciones de gobierno transitan preeminentemente por los carriles de la seguridad pública. Con 2424 personas «demoradas» y 134 vehículos retenidos, Salta se perfila como una de las provincias con mayor número de infractores en relación a su población y a los casos confirmados de coronavirus. Aferrado a estos índices y con la mirada puesta en su par jujeño Gerardo Morales, Sáenz arremetió contra los «imbéciles» que salieron de sus casas y le pidió al presidente Alberto Fernández que «saque al ejército a las calles» para hacer cumplir el decreto 297/2020.
“Mientras vos irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en la calle, hay otro trabajando para que vos no te enfermes”, sostuvo en tono enérgico. La retórica castrense acompaña al gobernador Sáenz desde su gestión en la municipalidad de Salta, donde dio participación al ejército en la refacción de plazas y espacios públicos. Más adelante, ya como primer mandatario provincial, nombraría como ministro de Seguridad al ex coronel Juan Manuel Pulleiro, reivindicador del combate de Manchalá acontecido en el marco del Operativo Independencia dirigido por el sanguinario Antonio Bussi. La hegemonía presidencial sumada a una evidente escasez de ideas llevó a que cada aparición pública del gobernador gire en torno a «extremar medidas de prevención». Tal es así que uno de sus últimos anuncios fue «promover” el uso de barbijos en la totalidad de la población, a contramano de lo recomendado por la OMS y por profesionales de su propio gabinete. La urgencia por sobresalir en un escenario centralizado por la dinámica nacional, encuentra asidero en la premisa de que «mejor es hacer de más, que lamentar». Siguiendo esa línea, tres intendentes implementaron por las dudas la “ley seca” o prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los municipios de San Lorenzo, Metán y Rosario de la Frontera.
El 80% de las detenciones, según el relevamiento oficial, se dieron en barrios y asentamientos de la capital salteña, Orán y Tartagal; donde los índices de hacinamiento se corresponden con un déficit habitacional de 72.203 viviendas, según un relevamiento del IERAL.
El lunes 30 por la tarde, la policía de Salta reprimió en el merendero «Carita Feliz» con la excusa de que había mucha gente. Según indicaron desde el MTE, «solo dos compañeras y un compañero estaban haciendo la merienda, respetando que haya la menor cantidad de gente posible, pero garantizando el alimento para decenas de niñxs». La policía golpeó a uno de los voluntarios, «los vecinos salieron a defender el merendero y a nuestro compañero y la policía se retiró sin identificarse y dejando desmayada a nuestra compañera».
A las sanciones previstas en el código penal por incumplir con el aislamiento preventivo, la provincia sumó castigos económicos derivados del cuestionado código de contravenciones. En tono justificativo, el ministro de Gobierno Ricardo Villada aclaró que los recursos obtenidos de aquellas multas serán destinados a financiar la alicaída sanidad pública provincial.
San Juan
por Natalia Caballero
Mediodía, 30 de marzo. La avenida Libertador, que atraviesa tres de los departamentos más populosos de San Juan, está vacía. Algún que otro auto pasa por el punto cero de la ciudad, pero el movimiento es escaso, sólo se ve gente en los cajeros y policías. La cuarentena para frenar el avance del coronavirus cambió el paisaje urbano. Sin embargo, en los barrios de los departamentos un poco más alejados del centro la situación es otra: hay mayor circulación de personas por las dificultades para sostener económicamente a la familia. Para controlar que se cumpla el aislamiento, la secretaría de Seguridad envió a las calles a 5000 efectivos de la fuerza provincial y 1000 más de la Federal y la Gendarmería. Hay dos tipos de sanciones para quienes incumplen la cuarentena en San Juan. Por un lado, multas que van de los $40.000 a los $150.000 (la más baja a quienes violan el aislamiento y la más alta a quienes lo hacen tras llegar de países de riesgo). Hasta el momento las sanciones han alcanzado a más de 2.800 personas en distintos puntos del territorio provincial. En paralelo, en una sesión online la Cámara de Diputados permitió que flagrancia sea el fuero que aplique reprimendas en forma expeditiva a los detenidos por incumplimiento; las condenas van de los 6 meses de prisión a los 2 años. Si bien de forma oficial no han sido denunciados casos de abuso policial, el único sector que alzó la voz en la provincia fue el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Mary Garrido afirmó que la mayoría de los episodios les fueron reportados vía redes sociales: «Consideramos que el avance en medidas represivas es selectivo y de clase. A los pibes y pibas de los barrios humildes los humillan y persiguen con el miedo mientras que para los sectores altos son sólo advertencias».
En San Juan hay un solo caso de coronavirus confirmado. El lento avance de la peste en el territorio ha permitido invertir en la compra de insumos para triplicar las camas de terapia intensiva. Entre el sector público y privado las camas en este servicio suman apenas 124 y el objetivo será llegar a las 360. De las camas disponibles, suelen estar ocupadas el 70%. Para lograrlo, el gobernador Sergio Uñac reasignó partidas del presupuesto ($4.000 millones de pesos). Ya se invirtieron $452 millones de pesos, recursos que han sido destinados a la compra de insumos y aparatología, entre los que se incluyen 140 respiradores. A las camas de terapia se les sumarán 1700 comunes, que estarán concentradas en el Hospital Rawson (el más grande de la provincia) y el resto montadas en un galpón de la minera Barrick, en un polideportivo y en el Autódromo.
El último informe del Ministerio de Trabajo de la Nación indica que el 43% de los trabajadores en San Juan no están registrados, siendo la segunda provincia con más empleo en negro de Cuyo (San Luis lidera, sigue San Juan, La Rioja y Mendoza). Para contener al sector, además de las medidas nacionales, se reforzó la entrega de módulos alimentarios tanto a nivel provincial como municipal. A la articulación estatal se le suman las acciones de merenderos y uniones vecinales, que continúan entregando raciones diarias de alimentos. Los empresarios y profesionales universitarios independientes han extendido notas al gobierno. Los primeros, porque aseguran que los créditos para pagarle al personal los sueldos tienen requisitos muy estrictos y en la provincia pocos son sujetos crediticios debido a la enorme deuda con las que quedaron tras años de inactividad. Por su parte, los profesionales unidos han presentado una nota para acceder a préstamos a baja tasa para hacerle frente a los días de inactividad por la cuarentena. Todavía no hubo respuestas, mientras la crisis avanza sin pausa.
Santiago del Estero
por Ernesto Picco
El miércoles 25 de marzo una docena de policías con barbijo y chalecos naranja caminaban lento y en silencio en un pueblo desierto. Sólo se escuchaban las sirenas de los tres patrulleros que acompañaban la marcha. Iban con una enorme pancarta que decía: “Fuerza Heroico Pueblo de Selva. Falta Poco”. Selva es un pueblo del sudeste santiagueño, que fue aislado cuatro días antes de que se decretara la cuarentena en el país. Allí viven 2.800 personas, entre las que se cuentan dos de los tres casos de coronavirus confirmados en la provincia.
Mientras, en los barrios de la Capital hay preocupación porque la policía tiene luz verde para intensificar los mecanismos de control y represión. Pero aun así son muchos los vecinos que no respetan la cuarentena. En la Provincia detuvieron a 4.184 personas y secuestraron 1.902 vehículos. Las aprehensiones y redadas se han multiplicado y son más intensas.
Desde el colectivo La Poderosa denunciaron que un vecino del barrio Bosco II de la Capital fue golpeado, ahorcado y amenazado en la Comisaría V. Había sido detenido en la cuadra de su casa, llevando artículos de higiene para una vecina. Denunciaron también apremios y tiroteos en los barrios Huaico Hondo, 8 de abril y La Católica.
En medio del rigor de los controles, ha aparecido una especie de pase mágico que hace aflojar a los policías: la boleta de la luz. Cuando comenzó la cuarentena, la empresa Edese informó en los medios de comunicación que sus oficinas permanecerían abiertas y alentó a los usuarios a ir a pagar. El todopoderoso Grupo Ick, dueño de la compañía, del Banco Santiago, el canal de televisión y el diario más importante, es uno de los pocos que puede flexibilizar algunas reglas en medio de la crisis. Hay quienes aprovechan la boleta para circular, mientras algunes se han indignado por este llamado que va en contra del mandato de quedarse en casa.
En el campo, la Mesa Provincial de Agrotóxicos ha denunciado que en 14 localidades continuaron las fumigaciones con avionetas que están violando el aislamiento obligatorio, además de envenenar a las comunidades. En las redes circularon decenas de videos donde participaron vecinos y artistas con el hashtag #ParenDeFumigarnos. El Mocase denunció también que un empresario de apellido Vivas ingresó con su familia y un grupo de obreros a un campo de 100 hectáreas en Guayaca, que se encuentra en juicio por la posesión con las comunidades campesinas, para construir una casa. La policía de Sumampa no ha acudido a la zona a atender la denuncia del movimiento campesino.
Mientras los viejos problemas continúan durante la cuarentena, el sistema de salud se prepara para enfrentar el posible pico de contagios en la pandemia. La provincia cuenta con 350 camas de terapia intensiva entre el sector público y el privado. La Universidad Nacional, el Penal de Mujeres y varias empresas privadas han comenzado a colaborar con la elaboración de insumos para el Ministerio. El lunes llegaron los reactivos de Nación para realizar los análisis en la provincia, que permitirán realizar en poco más de 24 horas los diagnósticos que hasta aquí demoraban por lo menos una semana. Además de los 3 casos confirmados, el último informe del Ministerio de Salud informa de 13 casos sospechosos, y 8 que fueron descartados.
Tucumán
por Sebastián Pisarello
La policía tucumana es la vedette de la cuarentena. Luego de años de desprestigio como consecuencia de la sedición que la tuvo como protagonista en diciembre de 2013, le llegó el turno de ponerse al frente del cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo ordenado por Alberto Fernández a partir del 20 de marzo y llevado adelante por el gobierno provincial de Juan Manzur apelando principalmente a la faz represiva estatal. Las consecuencias no se hicieron esperar: en apenas dos semanas fueron detenidas 1800 personas. Los controles se realizan conjuntamente entre la Policía, la Gendarmería, la Policía Federal y la Aeroportuaria, el Ministerio Público Fiscal y finalmente el personal de seguridad que tiene cada municipio. Ante la saturación de todos los lugares de detención (cárceles y comisarías), la provincia habilitó lo que denominaron “centros de detención” en distintas localidades. El principal fue en el Complejo Belgrano en San Miguel de Tucumán, un polideportivo público.
En las barriadas más humildes el acatamiento del aislamiento es bajo o “medio” en el mejor de los casos, según un Informe preliminar del Programa de Mejora del Hábitat Participativo (Mhapa) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT/CONICET. Los datos son un recorte de un relevamiento más amplio coordinado por Conicet para recabar información precisa sobre las condiciones de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Entre los obstáculos detectados por los investigadores sociales se encuentran la necesidad de salir a trabajar para hacer las compras diarias, las condiciones de hacinamiento que hacen imposible mantenerse dentro de la vivienda y situaciones de conflicto más allá del virus como la “dinámica de los jóvenes con el alcohol y la droga”. El informe plantea que el “accionar de la policía en los sectores urbanos se presenta con hostigamiento e infringe temor, no de sentimiento de contención” y advierte que se “observa falta de alimentos, así como alcohol y alcohol en gel, lavandina, repelente u otros insumos de cuidado”. Y concluye: “si los días de cuarentena se extienden hay temor al caos, ya que sin asistencia no habrá posibilidades de sostener el escaso aislamiento que se practica en los barrios populares debido a la dificultad de subsistencia”.
Durante la primera semana de cuarentena se viralizaron videos donde se ve a la policía ingresando a barrios populares, reprimiendo con balas de goma y deteniendo gente de manera violenta que luego serían hacinados en comisarías que ya están superpobladas. No sólo son procedimientos violentos sino arbitrarios. La delegación Tucumán de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente presuntos delitos cometidos por personal policial. En la presentación se plantea que uniformados pedían entre $1500 y $15 mil pesos para liberar a detenidos por violar la cuarentena. A partir de entonces, se decidió concentrar todos los aprehendidos en el Complejo Belgrano, donde se constataron nuevas arbitrariedades. “Para evitar la superpoblación, el Ministerio Público Fiscal decidió que una vez que la policía aprehende a la persona, se la identifica, se labran actuaciones por violación al artículo 205 del Código Penal, se piden informes de antecedentes y una vez que está ese información, se los deja en libertad. No debería demorar más de 7 horas pero en la realidad están demorando más de 24 horas”, indicó Carlos Garmendia, representante en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Distintos testimonios dan cuenta de detenciones que duraron entre 48 y 72 horas, sin alimentación ni agua. Juan es limpiavidrios y trabaja en la zona de San Cayetano (barrio popular del sur de la capital tucumana). Depende de lo que recauda cada día para comer. En ese contexto la policía lo detuvo durante dos días. “Son abusos acá. No les importa nada. Me tuvieron parado en la tribuna. No me dieron comida y todo el tiempo me verdugueaban”, denunció. “No solo están las fuerzas de la provincia, sino fuerzas federales, escuadrones que vinieron desde Salta y recorren las barriadas de forma permanente. En Mariano Moreno, una villa compuesta por varios barrios populares, los accesos los abren y cierran a determinadas horas”, expresó Hugo Heredia, referente del Frente Popular Darío Santillán regional Tucumán.
Se está dando, en el contexto del aislamiento, una profundización de las dinámicas violentas que cotidianamente suceden en los barrios populares pero en un marco en que esas prácticas aparecen mucho más legitimadas por la sociedad. Si antes la policía era cuestionada en sus accionares violentos, hoy aparece justificada por la situación de pandemia.
Mendoza
por Oscar Soto
Mendoza goza de buen prestigio, al menos entre los paisanos locales hay cierta petulancia en torno a eso, quizás porque este arraigada en su cultura o tal vez porque ha sido revestida de los buenos vinos y la bonanza de sol cuyano. Sin embargo, mal que pese, carga también con el mote de cobijar una sociedad pulcra y hostil a las radicalizaciones de cualquier tipo. Se trata de una sociedad conservadora. Desde 2016 en adelante atraviesa una crisis económica y financiera galopante. En este contexto, una pandemia con indicaciones de aislamiento social obligatorio no es otra cosa que una desgracia. Pese a todo, desde que el gobierno provincial decidió adecuar la normativa a la cuarentena impuesta a nivel nacional, se detuvieron varios relojes de arena. La situación deficitaria -que todos conocen pero nadie confiesa- pasó a un segundo plano en la crónica local, pues el COVID-19 acaparó todas las portadas en radios, diarios y televisores provinciales.
El acatamiento a la cuarentena comenzó a implementarse con una fuerte dotación policial tanto en los principales accesos del Gran Mendoza, como en la terminal de ómnibus y el aeropuerto provincial. Tal como prevé el Código Penal, las penas por violar las restricciones conllevan hasta 2 años de cárcel. Pero en la provincia, la changa, la urgencia del trabajo o la desobediencia civil consiguen saltarse las disposiciones oficiales. Desde que comenzó el proceso de aislamiento social se han detenido e imputado a más de 2000 personas por incumplimiento. Para cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, ya se había decidido que las fronteras con Chile se cerraran y que toda persona que ingresara por cualquier medio de transporte tuviera la obligación de guardarse durante 14 días. Posteriormente se decretó la emergencia social, administrativa, económica y financiera y el gobernador Rodolfo Suárez aprovechó para que Nación se convirtieran en el Muro de los Lamentos.
Vale recordar que este oficialismo tiene algunos antecedentes en materia de militarismo y criminalización de la pobreza muy frecuentes en la historia reciente. Desde el ex gobernador Julio Cobos hasta su correligionario el legislador Luis Petri, pasando por la mano dura de Alfredo Cornejo, el radicalismo mendocino siempre ha sido permeable a la soluciones con cierto aroma castrense. En todas partes se cuecen habas y Mendoza no es la excepción. En los barrios populares de la Capital, lo que vemos hoy es que desde la aplicación del aislamiento, el control social ha sido más rudo con los que menos tienen. Esta hostilidad policial se manifiesta cuando las madres circulan con sus hijxs, porque no tienen con quien dejarlos al realizar trámites o compras en comercios locales, y cuando los hombres se dirigen a alguna actividad laboral temporaria. Por otro lado, a pesar de que las mujeres son receptoras de políticas sociales de emergencia, el deterioro socioeconómico y la feminización de la pobreza es más severo en esta provincia: la tasa de desocupación de las mujeres (10,8%) fue más alta que la nacional (9,5%) en el cuarto trimestre de 2019.
De todos modos, así como en Mendoza abundan conservadurismos y formas punitivas, también existe una amplia gama de organizaciones sociales de base que se inventan las formas de salir adelante. Ante la suba de precios y las complicaciones de la cuarentena, los comedores populares multiplican su trabajo en los barrios. Los movimientos populares reclaman un Estado más activo mientras las grandes corporaciones económicas exigen resguardo legal para alivianar sus pérdidas. La cuita del coronavirus es menos un tropezón que da tiempo, que la fatiga acumulada del paso de los días: la provincia recauda apenas el 20% de lo que venía juntando en meses anteriores y el dato sobre el desempleo mendocino, que llegó a 7,3%, mientras que en San Juan es del 3,5% y en San Luis es del 2,9%, preocupa a propios y extraños. Objetivamente el trabajo en casa no florece igual para todos, menos en una economía de poco riego.
*Por revista crisis / Imagen de portada: Ana Medero
