Una ley para la expropiación de las Empresas Recuperadas
El proyecto de Ley presentado en el Congreso contempla la expropiación de las unidades productivas que se encuentren en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono, desmantelamiento, vaciamiento o disolución de la sociedad, a favor de los, las y les trabajadores que quieran continuar con la producción constituyéndose como cooperativa y declarando de “utilidad pública” al proceso de recuperación.
Por David Pike para La tinta
El fenómeno de recuperación de empresas se remonta a principios de siglo. La crisis neoliberal que trajo el cierre de muchas empresas, en un contexto de alto índice de desempleo, motivó a sus trabajadores a ocupar las fábricas o unidades productivas para evitar el vaciamiento de las mismas, resistir los intentos de desalojo de las patotas patronales o las fuerzas represivas del Estado, y volver a poner a producir en forma cooperativa en un sistema que no ofrecía alternativa y empujaba a la marginalidad. De allí, el lema de las empresas recuperadas, “Ocupar, Resistir y Producir”.
La primera de esas experiencias fue la metalúrgica IMPA del barrio de Almagro en el año 1998. El referente de esta actual cooperativa es Eduardo “Vasco” Murúa, quien, desde hace años, encabeza el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y, desde diciembre, está a cargo de la nueva Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social. “Ya nadie duda que los trabajadores y trabajadoras de Argentina podemos recuperar el trabajo y defender nuestra dignidad a través de la autogestión”, afirma el Vasco en una carta pública que promueve dicha ley.
Este proyecto denominado “Recuperación de Unidades Productivas”, si bien es un vieja propuesta del sector a la cual hizo alusión Murúa cuando lo entrevistamos en diciembre al tiempo de asumir la nueva Dirección, resurge con fuerza en la actual crisis desatada por la pandemia COVID-19. Diferentes estimaciones calculan, para este año, una caída de la economía nacional en torno al 5%, cuando las estimaciones de principio de año rondaban el 1%, por lo cual se espera un aumento de la desocupación y el cierre de empresas, fenómeno que ya se empieza a advertir en las últimas semanas.
En ese sentido, el diputado Leonardo Grosso, quien firma los fundamentos con los que se acompaña dicho proyecto de ley, plantea que “en la nota técnica ‘El COVID- 19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política’, la OIT ha destacado la necesidad de que el gobierno ponga en marcha «políticas para mitigar el impacto socio-económico de la crisis. Cuando pueda ser superada, mucho habrá cambiado en Argentina y el país será diferente al que recibió la pandemia’”. Por lo que concluye que “en este contexto, el tratamiento y sanción de esta ley (…) cobra nueva urgencia y relevancia en el marco de la crisis desatada”. El proyecto es acompañado por la firma de las y los diputados Juan Carlos Alderete, Héctor Bárbaro, Mabel Caparrós, Federico Fagioli, Itai Hagman, Graciela Landriscini, Mónica Macha y Ayelén Spósito.
La ley establece un fondo fiduciario para pagar el monto indemnizatorio con la compensación de créditos y la cesión en comodato de los inmuebles condicionada a que aquellos espacios no utilizados para la producción sean utilizados para actividades sociales, educativas o culturales. Recordemos que, en la actualidad, funcionan cientos de bachilleratos populares en las instalaciones de las empresas recuperadas.
Desde la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, sostienen que funcionan, en nuestro país, más de cuatrocientas empresas de este tipo, en los más diversos rubros y que generan más de dieciocho mil puestos de trabajo autogestionados. Por lo cual, plantean la necesidad de “generar políticas estratégicas de reconocimiento y acompañamiento”. En ese sentido, el proyecto estipula la creación de un Registro Nacional de Empresas Recuperadas, al cual llama RENACER. La inscripción en ese registro beneficiaría a las cooperativas por tener preferencia como proveedoras del Estado, derecho acceder a una tarifa social, además de asistencia técnica, tratamiento fiscal preferencial y líneas de crédito.
Esta experiencia estudiada en el mundo, que muestra cómo la cooperación posibilita aquello que la competencia destruye, que prefigura valores propios de una sociedad justa y solidaria, y que mantiene su dinamismo con nuevas empresas recuperadas luego de más de dos décadas de lucha, se propone ofrecer, con la sanción de esta ley, una alternativa a la crisis que se profundizará en los próximos meses.
*Por David Pike para La tinta.
