Amicus Curiae por los DD.HH. y juicio y castigo a los golpistas en Bolivia
Por Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano para La tinta
Este martes a 10:30, integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, junto a Nora Cortiñas, la Colectividad Boliviana Autoconvocada en Córdoba, Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales y Sindicales, harán la presentación de un Amicus Curiae a la denuncia contra Jeanine Añez y los golpistas por crímenes de lesa humanidad en Bolivia.
La cita será en Tribunales Federales de Córdoba, donde está radicada la denuncia que presentó la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares por los crímenes de lesa humanidad de los golpistas en Bolivia. Esta denuncia se encuentra en el Juzgado Federal N° 2 a cargo del Juez Alejandro Sánchez Freytes.
Posteriormente se realizará una conferencia de prensa en la Facultad de Ciencias Sociales UNC (aula Paula Sosa) que contará con la presencia de Norita, Madre de Plaza de Mayo; Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Roberto Carlés, integrante de la Asociación Americana de Juristas, Rafael Ortiz; abogado patrocinante y querellante por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; la Colectividad Boliviana autoconvocada en Córdoba; y los abogados Martin Hissa, Ignacio Andrés y Sergio Job, integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano quienes aportaron como prueba el informe final de su misión en Bolivia para esta denuncia.
Jurisdicción Universal como garantía de los derechos humanos
Los Derechos Humanos constituyen hoy uno de los mayores bienes que como Humanidad logramos conseguir y debemos proteger. Esto costó muertes, desapariciones, torturas, violaciones y persecuciones que de forma sistemática y planificada fueron perpetradas por diferentes regímenes dictatoriales contra pueblos enteros por motivos raciales, ideológicos, políticos, religiosos, entre otros, a lo largo del Siglo XX.
Uno de los principios del derecho penal internacional que garantizan su protección a través de la efectiva investigación, procesamiento y juzgamiento de lxs responsables por la violación de los derechos humanos es el principio de “jurisdicción universal”, fruto principalmente de la práctica internacional de los estados y reconocida también en diversas fuentes legales.
Este principio supera los límites del derecho penal clásico ya que, en contra del principio de territorialidad, establece que cualquier estado puede avocarse, investigar, procesar y juzgar a lxs autorxs de crímenes contra la humanidad.
Ese fue el caso de Augusto Pinochet cuando a fines de los 90s los juzgados españoles solicitaron a Inglaterra la extradición del dictador por los crímenes cometidos durante la dictadura chilena entre 1973 y 1990. Los tribunales ingleses acordaron con el pedido de extradición a España y en 1998 y ordenaron la detención de Pinochet por los delitos de terrorismo y genocidio. Luego de su detención, el Ministro de Interior Británico permitió que el dictador volviera a Chile arguyendo motivos de salud y ya en ese país la historia fue otra.
En Argentina uno de los antecedentes de la aplicación del principio de jurisdicción universal tiene como protagonista a la Jueza Servini de Cubría a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 1 de CABA cuando en 2010, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denunciaron los crímenes de humanidad cometidos por la dictadura franquista en España.
Luego de vaivenes entre desestimaciones y nulidades, finalmente la Jueza decidió imputar y librar órdenes de detención y extradición, entre otras medidas, contra ciudadanos españoles señalados como responsables. Sin embargo la justicia española fue y es reacia a colaborar con la justicia argentina ocasionando que en 2018 el CELS, junto con otras organizaciones de derechos humanos, enviaran una carta al entonces presidente español Mariano Rajoy para expresar su preocupación por este comportamiento. Es de destacar que la justicia española archivó casi la totalidad de las denuncias penales en contra de la dictadura franquista interpuestas en ese país.
Golpe de Estado en Bolivia, Violaciones de DDHH y la justicia Argentina
Hoy la Justicia Federal Argentina está al frente de una nueva obligación, esta es la de investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de facto boliviano siendo señalados como responsables la actual Presidente Autoproclamada senadora por la oposición Jeanine Añez; ministros de la Presidencia Jerjes Justiniano; de Gobierno Arturo Murillo; de Comunicación Roxana Lizárraga; de Defensa Fernando López; de Justicia Alvaro Coimbra y los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho; Carlos Mesa; y Marco Pumari, junto con los responsables de las FFAA Comandante Carlos Orellana Centellas y su antecesor Williams Kaliman, y de la Policía Nacional Boliviana, Vladimir Calderón y su sucesor.
En este sentido, se realizaron diferentes denuncias dentro del país. En Buenos Aires la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos-Nacional (APDH) denunció los hechos ocurridos en Bolivia y se constituyó como querellante ante el Juzgado Federal No. 8 de CABA. En Córdoba la denuncia penal internacional por crímenes de lesa humanidad fue promovida por la Asociación Civil “Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares” quienes a la vez son querellantes, acompañada además por la Colectividad Boliviana autoconvocada en Córdoba, la Mesa de Trabajo de DDHH de Córdoba y la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, quienes aportaron el informe final de la misión llevada a cabo en Bolivia como prueba para el proceso.
Finalmente estas denuncias se acumularon en el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba a cargo del Juez Alejandro Sánchez Freytes, siendo este Juzgado ahora quien se encuentra a cargo de promover la investigación de los hechos denunciados y en su caso, responsabilizar penalmente por violación a los derechos humanos a las personas señaladas como responsables.
Las Masacres de Senkata y Sacaba, las persecuciones políticas, las represiones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, heridxs, los asesinatos, las presuntas desapariciones, los actos de racismo y humillación que se viven hoy en el Estado Plurinacional Boliviano y que tienen como principales víctimas a integrantes de los pueblos indígenas y campesinos, niños y mujeres llevadas a cabo por las fuerzas militares, de seguridad y paramilitares en connivencia con los sectores de la oposición derechista y racista, poder judicial, entre otros, imponen investigar y condenar a los responsables de estos hechos, en Bolivia no hay garantías para un debido proceso.
Hoy el pueblo Boliviano sigue luchando y resistiendo el golpe, el golpe contra las organizaciones sociales indígenas y campesinas, el golpe contra la dignidad que costó y cuesta 500 años de colonialismo. Las herramientas jurídicas están, la responsabilidad de investigar también. Nuestro deber es acompañar y solidarizarnos para que en pleno siglo XXI se terminen estos hechos de crueldad contra un pueblo hermano y para que sobre todo haya justicia para un “nunca más”.
Por eso luego de que el Juez a cargo a fines de febrero rechazara, por el peligro de “violar el principio de jurisdicción universal”, la desestimación de la denuncia requerida por el Fiscal Federal Nº 2 Vidal Lascano, es que se nos hace fundamental y urgente cooperar con el proceso presentando un “Amicus Curiae o Amigo del tribunal” integrado por diferentes organismos especializados en derechos humanos.
Invitamos a toda la Comunidad a acompañarnos con tal presentación que se llevará a cabo el día martes 10 de marzo a las 10:30 de la mañana en Tribunales Federales ubicada en calle Concepción Arenal 690, Ciudad de Córdoba. Posteriormente a las 11:30 se realizará una conferencia de prensa en la Facultad de Sociales-UNC, aula Paola Sosa, contando con la presencia de: Nora Cortiñas; la colectividad Boliviana autoconvocada en Córdoba; Roberto Carlés, integrante de la Asociación Americana de Juristas; el abogado patrocinante e integrante de la querella Rafael Ortiz; integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano; la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba; entre otros.
Por nuestra Abya Yala, por la memoria, verdad y justicia. ¡No pasarán!
* Integrantes cordobeses y jujeños de la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano.
