Secreto en la montaña: urbanizar ilegalidad
Por Redacción Sala de Prensa Ambiental
Desde hace 4 años, en la ciudad de La Calera, se discute una futura urbanización llamada Altos de la Estanzuela, enclavada en un área de bosque nativo con máxima categoría de protección. Sin autorización, la empresa desarrollista siguió con sus obras en el lugar, frente a las narices de todos los organismos públicos.
Dentro del loteo, existe un establecimiento donde se practica esquí acuático en una laguna interior. Alrededor del espejo de agua ya hay calles trazadas y postes de electricidad instalados, además de carteles que indican el número de lote, todo en un marco de ilegalidad.
Dos Audiencias Públicas suspendidas por este tema y una empresa que avanza fuera de la ley: uno de los mayores desafíos para Juan Carlos Scotto, nuevo secretario de Ambiente cordobés. El caso “Altos de la Estanzuela” y su loteo ilegal en áreas protegidas por la ley: un proyecto que busca intervenir sobre 16,67 hectáreas donde se planifican trazar 165 lotes.
El proyecto Altos de la Estanzuela está emplazado en una zona roja que protege una franja de valioso bosque nativo, colindante con 2 reservas naturales: una bajo la órbita de la Nación y la otra, del propio municipio calerense.
Dos Audiencias Públicas suspendidas en los 2 últimos años por decisión de la Secretaría de Ambiente provincial -aduciendo la masiva inscripción de ciudadanos- colocan puntos suspensivos a un conflicto de intereses sin resolver: de un lado una empresa desarrollista y su negocio inmobiliario respaldado por el municipio de La Calera y en la vereda de enfrente, los vecinos y un amplio abanico de especialistas que advierten sobre las implicancias de habilitar un loteo en esa área.
Emiliano Salguero, biólogo e integrante del Grupo EsCalera, indica a Sala de Prensa Ambiental que “este proyecto pone en riesgo a buena parte de la población porque se trata de habilitar un ‘barrio de montaña’ en zonas altas de las sierras y, ecológicamente hablando, afectará al resto de los habitantes que viven abajo. La ciudad de La Calera creció el 300% en las últimas 2 décadas y ese no es un dato menor porque es el ejido urbano que más ha sentido la presión desarrollista en todas las Sierras Chicas en los últimos 20 años”, sentencia el biólogo Salguero.
Fuera de la ley
La Ley de Política Ambiental de Córdoba (10.208) estipula que, para la apertura de loteos mayores a 3 hectáreas, es necesario hacer un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este proceso conlleva la realización de una Audiencia Pública donde los ciudadanos pueden expresarse respecto de un proyecto. Es decir que, la ley ambiental cordobesa toma 3 principios básicos que hacen a los derechos de los ciudadanos en materia ambiental: la transparencia, la consulta pública y el acceso a la información.
María Luz Cammisa, ex asesora del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación y Magister en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión, en diálogo con Sala de Prensa Ambiental, advierte que “lo grave es que en este caso, primero abrieron un loteo y después intentaron, en 2 oportunidades, llamar a Audiencia Pública para convalidar una obra que ya se está haciendo fuera de la ley”. La experta en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos, agrega que “en 2018 convocaron a la primera audiencia y a fines de 2019, hicieron un segundo intento. En los dos casos se inscribió tanta gente que las autoridades dijeron que por problemas de espacio, se postergaba. Pero desde el año pasado hasta el día de hoy, sin los permisos, siguen desarrollando infraestructura para loteos: sólo les falta pavimentar, ya que están puestos los números de lotes en cartelitos, incluso”. Cammisa agrega que “se ha trastocado todo el proceso, porque lo lógico es delinear el proyecto primero, presentar el EIA y cuando está todo listo y aprobado, hacer la obra una vez obtenida la licencia ambiental; eso es lo que dice claramente la ley: que no se puede hacer un proceso de urbanización sin un Estudio de Impacto Ambiental aprobado”.
Hace 4 años, en febrero de 2016, SIMA Ambiente SRL concluía el Estudio de Impacto Ambiental y la firma Saltiva Propiedades S.A. se aprestaba a concretar una urbanización sobre una porción de bosque nativo en buen estado de conservación, respaldado por la autorización del municipio de La Calera, mediante la Ordenanza N° 88/CD/2015.
El biólogo Salguero expresa que el área que pretende urbanizar Saltiva Propiedades S.A., respaldada por la municipalidad calerense, “es una zona de alta pendiente en zona roja que contiene bosque nativo en muy buen estado de conservación, ya que se ha mantenido durante muchos años con pocos incendios; bosques de orco quebracho y otros ejemplares nativos. Altos de la Estanzuela -retoma el biólogo- está dentro de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa Bamba, que es el entorno de otra área natural protegida: la Reserva Natural de la Defensa, por lo cual debería tener un plan de uso de suelo armónico con esa zona de preservación ecosistémica. Estamos hablando de invadir un sitio que forma parte de un corredor biológico”, advierte el biólogo Salguero.
A su turno, María Luz Cammisa, observa que “el proyecto Altos de la Estanzuela se sitúa colindante con 2 reservas naturales y lo grave es que uno de los principios de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -en materia de loteos o apertura de tierras para la urbanización- es prevenir que su proximidad afecte áreas protegidas. En ese caso, es un agravante que una obra esté perturbando los recursos naturales que se preservan en una área resguardada. En el EIA de este proyecto ni siquiera mencionan que está a 300 metros de una Reserva Natural nacional».
Una montaña de irregularidades
El EIA realizado por SIMA S.A., concluido hace 3 años y que lleva la firma como Responsable Técnico del Aviso de Proyecto del Ing. Agr. Pablo Mazzini, aún espera ser confrontado por la opinión adversa de vecinos, ONGs y especialistas en impacto ambiental.
Para el integrante del grupo EsCalera, “este intento de urbanización pone en riesgo a la población que está instalada aguas abajo. En el interior de esas casi 17 hectáreas, se encuentra también una laguna que se origina en las napas, por lo que se trata de un espejo de agua que debería ser conservado al igual que el bosque”, explica Salguero y agrega que “por las crecientes, por la zona roja de bosques nativos y por la laguna que brinda un uso paisajístico no debería urbanizarse esa zona. Además, no realizaron un relevamiento arqueológico que debió incluirse en el EIA para luego ser considerado en la Audiencia Pública. Sucede que, generalmente, en este tipo de emprendimientos evitan hacerlo para decir, una vez comenzada la obra, “ah, yo no sabía nada”. Cuando hablamos de lo arqueológico no me refiero solo a lo indígena, sino también a los vestigios de patrimonio colonial de los puestos serranos y de las estancias que había en la zona jesuítica. También, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de suelo porque ya ha habido problemas con barrios que ha desarrollado esta misma empresa (Saltiva S.A) y que no han podido resolver”, afirma el biólogo calerense.
“Es una obra fuera de la ley realizada a la vista de todo el mundo, ni el municipio ni la provincia pueden alegar desconocimiento”, remarca María Luz Cammisa y agrega que Altos de la Estanzuela “es producto de una gran irregularidad porque ese predio tiene además, una actuación de Policía Ambiental y de la Dirección de Bosques ya que cuando trazaron las calles arriba, en la cima de las sierras, se produjo una destrucción de monte categorizado como rojo, en muy buen estado. En el expediente del EIA hay actuaciones concretas por esa apertura de caminos”, indica la especialista.
La irregular situación del proyecto Altos de la Estanzuela entró, desde la suspensión de la segunda Audiencia Pública en octubre pasado, en un receso aunque la provincia se verá obligada a convocarla nuevamente. Al respecto, la experta en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión indica que “para que la empresa pueda concretar lo que le interesa -que es escriturar los lotes que ofrece a la venta- necesita tener la Licencia Ambiental firmada por el Secretario de Ambiente provincial, quien a su vez, no puede firmar esa autorización sin que se lleve adelante la Audiencia Pública, primero” y añade que “las autoridades deberían dar cuenta de esto, porque esta situación debe detenerse; tiene que haber una consecuencia en este proceso porque no puede ser que tengamos una muy buena ley provincial, como la 10208, y que sea supinamente ignorada y avasallada desde todo punto de vista, eso no puede seguir ocurriendo. Es serio como antecedente y muy complicado como precedente”, concluye la especialista.
*Por Redacción Sala de Prensa Ambiental.
