Mitos y realidades del default

Por Julio C. Gambina para Marcha

Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, como en el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad de que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente la constitución de activos en el exterior.

El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o garantizar derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto es que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19 de febrero pasado, se afirme que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”.

Existe temor al incremento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, sea ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.

Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó la asistencia financiera del FMI. ¿Con qué beneficio para la sociedad? En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el Fondo que todo estaba bien. Ahora dicen lo contrario.

¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso pretende descargar cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo de 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizás una quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, hacia los especuladores.

Resulta de interés desenmascarar esta situación y, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.

¿A quién se le debe?

Según la información oficial, al tercer trimestre de 2019 la deuda bruta del país ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI:

a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total).
b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total).
c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total).
d) Se completa el 100% con 2.406 millones de dólares de deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).

El FMI viene sustentando la posición de que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.

Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda a acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda que, como sostuvimos, no sirvió para satisfacer necesidades sociales. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, algo que el FMI no aceptaría y, con él, los sectores que dominan el Directorio: en primer lugar, EEUU, sumado a los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.

Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quiénes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares que remiten a “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con el ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.

Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda. Ni hablar del ANSES u otros organismos estatales.

En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado acumula un 39,2% y los organismos internacionales, entre los que está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.

La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según el cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, el gobierno pretende no verse obligado a un default ante la imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.

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En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.

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¿Qué podría ocurrir ante un default?

El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002, hasta los canjes de deuda, unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.

Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y en default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.

La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default. Sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial y en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local y desafío a una estrategia de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambios políticos en la región.

Pagar la deuda en nuestros días demanda, en promedio, unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, se explica más por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas, sea por inversiones, préstamos o la venta de capital público.

El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, que ralentiza aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.

Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.

¿A qué atenerse?

Una línea política de confrontación con el FMI y los acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros, hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EE.UU. y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.

Si la auditoría y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.

*Por Julio C. Gambina para Marcha. Imagen de portada: Juan Noy.