“Aunque la Constitución no cambie, Chile ya cambió”
El próximo 26 de abril, si todo sigue el curso establecido, los chilenos y chilenas votarán un plebiscito donde dirán si quieren una nueva Constitución.
Por Diego Picotto y Josefina Payró para Nodal
A casi cuatro meses del estallido, la movilización social es aún visible en las calles chilenas, y las plazas albergan asambleas y cabildos. Aunque en las últimas semanas la protesta bajó su intensidad y se recrudeció la represión, el (no) inicio de las clases en escuelas secundarias y universidades, la movilización feminista del 8M, un paro general programado, el siempre belicoso “Día del Combatiente”, hacen suponer que en el próximo mes el conflicto social volverá a tomar fuerza y masividad. Detrás de la consigna “Chile Despertó”, que se estampó infinitamente en las paredes y pancartas, la pregunta que permanece abierta es qué va a pasar en los próximos meses. Concretamente, si logrará gestarse una nueva Constitución que deje atrás el legado que Augusto Pinochet y Jaime Guzmán diseñaron con la precisión de un relojero: la Constitución de 1980, base legal sobre la que se construyó el experimento neoliberal más festejado de las últimas décadas.
Jaime Bassa, docente de Derecho Constitucional y abogado chileno constitucionalista, está participando activamente del debate sobre la nueva Constitución, forma parte de asambleas y cabildos en los barrios explicando los mecanismos y posibilidades de participación popular. “Cuando estalla esto, el 18 de octubre, ya había un grupo social organizado por una nueva Constitución, que venía trabajando de antes y que cuando empiezan a articularse todas las demandas sociales, emerge”, explica.
La primera etapa del proceso constituyente se celebrará el 26 de abril -si el presidente Sebastián Piñera no decide vetar la decisión-. Ese día se va a plebiscitar si se aprueba o rechaza una nueva Constitución, y cómo será el órgano que la redactará: mixto o 100 por ciento ciudadano. La segunda etapa será en octubre, cuando se elijan los congresistas, y en 2021 se realizará el referéndum para validar o rechazar el nuevo texto constitucional.
—¿De qué modo el estallido del 18 de octubre reinstaló el debate por la constituyente?
—El estallido implicó una dimensión destituyente muy relevante, destituyente no solo respecto de los políticos que están hoy en los cargos de poder, sino respecto del modelo neoliberal en su conjunto. Lo que está en juego va más allá de sacar a Piñera: lo que está en disputa es la destitución del neoliberalismo. Y esta situación genera condiciones muy interesantes para pensar formas de organización política distintas. El problema es que es difícil pensar aquello que antes no ha sido pensado, y nuestras condiciones de posibilidad de pensamiento están condicionadas por el neoliberalismo. No obstante, el dato clave es la incapacidad de la élite gobernante para procesar la dimensión estructural que tienen las demandas sociales condensadas en el estallido. Demandas que no son nuevas, sino que algunas tienen más de 20 años, vinculadas a salud, educación, trabajo, seguridad social, medio ambiente, igualdad ante la ley, fin del patriarcado. Más allá de parches o reformas parciales, todas estas demandas han sido postergadas e invisibilizadas, pero luego del estallido se volvieron comunes a los que estábamos en la calle. No había pasado una semana y alguien dijo: “nueva Constitución”, una demanda que también venía de antes. La Constitución ha sido sistemáticamente utilizada como un mecanismo para evitar cambios sociales, por eso el debate constituyente es tan importante.
—Apenas se da el estallido, sobre todo los ideólogos del neoliberalismo afirmaban que en realidad estábamos frente a la crisis de crecimiento del modelo…
—El principal intelectual que instala esa idea es Carlos Peña, y dice que en realidad esto es una rebelión de las clases medias que están demandando más acceso al consumo, como si fuera una especie de consecuencia natural de la modernización capitalista que estaba viviendo el país.
Sin embargo, siempre dijimos que había por lo menos dos elementos que su “modernización capitalista” no estaba considerando: el primero, un mercado laboral muy precario, con sueldos muy bajos. Y el segundo, que esta “modernización” no se sostiene en desarrollo ni en mayor actividad económica, sino en endeudamiento. El nivel de familias sobre endeudadas en Chile es casi del 70 por ciento, y muchas están endeudadas por el doble de sus ingresos. Entonces, no es demanda por más acceso a productos, es por otro tipo de vida que la gente está en la calle.
—¿Que instancias supone el proceso constituyente?
—El proceso constituyente tiene tres etapas. Una es el plebiscito de abril, luego la elección del órgano constituyente en octubre y una tercera etapa, que es la elaboración de la Constitución, de noviembre en adelante.
En abril, la ciudadanía debe contestar dos preguntas: si quiere una nueva Constitución, y en caso de que haya nueva Constitución, qué órgano quiere que lo redacte: si una convención constitucional elegida democráticamente 100 por ciento para esos efectos, o una convención constitucional mixta compuesta 50 por ciento por diputados y senadores en ejercicio, y 50 por ciento por ciudadanía elegida para ese fin. Esas condiciones de participación no son perfectas, pero son bastante buenas porque el pueblo va a poder decidir si quiere una nueva Constitución o no, que es lo que el movimiento social por la asamblea constituyente venía pidiendo hace 10 años, por lo menos.
Además, hay un espacio de participación ciudadana que sigue su curso paralelo: muchos cabildos y asambleas territoriales están trabajando el tema constituyente desde el 23 de octubre, cuando se retiran los militares de las calles y la gente empieza a reunirse para pensar qué significa el estallido, a pensar una nueva organización y una nueva Constitución. Esa es una dimensión de la participación que va a acompañar este desarrollo institucional del proceso constituyente.
—¿Cómo puede darse ese puente entre lo que se discute en las asambleas y lo que efectivamente exprese el texto constitucional escrito?
—Esa es la gran pregunta. Como la constituyente va a definir sus propias reglas de funcionamiento, podríamos pedirle a cada integrante que organice encuentros con estas asambleas locales para que esos insumos suban. Igualmente, ya hay una dimensión del proceso constituyente que está generando sus efectos en el pueblo, en la forma de organización social, y va a desplegar sus efectos con independencia de si llega a concretarse la nueva Constitución. Va a haber una nueva Constitución, en el sentido de una nueva forma de organización política igual, a pesar de que una nueva Constitución lo ponga por escrito. Lo ideal sería buscar fórmulas que nos permitan ponerlo por escrito pero si no lográramos decirlo, ojalá que sí, tampoco es tan grave porque ya hay una nueva forma de organización política que está en marcha.
—¿Cómo pensás que se llega a abril, teniendo en cuenta que en las últimas semanas bajó la movilización y aumentó la violación a los derechos humanos?
—El escenario es muy incierto. La protesta efectivamente ha venido bajando por desgaste y porque en enero y febrero todo se paraliza en Chile, pero todavía hay mucha consciencia de que hay cosas pendientes. El problema es que hay un sector importante de la institucionalidad, no solo de la derecha sino también de senadores progresistas, que están vinculando intencionadamente la violencia en general con la demanda por una nueva Constitución. Vamos a tener desafíos importantes en marzo. Porque si bien es un mes muy intenso en movilizaciones sociales, y puede ser muy positivo porque evidencia un movimiento que todavía está vivo, también corre el riesgo de que el gobierno se cuelgue de eso para reprimir con más fuerza y que esa mayor represión genere por consecuencia mayor violencia.
—¿Y eso puede poner en riesgo la realización del plebiscito?
—Diría que no porque el plebiscito ya está en la Constitución, pero como fue convocado por el presidente, formalmente, podría redactar un decreto para cancelarlo, solo que sería inconstitucional. Ahora, efectivamente el apoyo a la nueva Constitución en diciembre superaba el 80 u 85 por ciento. Hoy en día se supone que está -si uno le cree a las encuestas- en 70 por ciento. Y esos todavía son números muy buenos. Igual, llama la atención el efecto que está teniendo la propagación del miedo político, que fue lo que hizo siempre la derecha y le funcionó. Pero como dicen las pancartas, Chile cambió el 18 de octubre, entonces muchos esperamos que esa campaña del terror ya no tenga los mismos efectos que tuvo en el pasado, que la gente pueda salir a votar libremente.
*Por Diego Picotto y Josefina Payró para Nodal
