Una conquista que debemos profundizar con la movilización y la lucha
Por CORREPI
Desayunamos el martes con la lectura, en el Boletín Oficial, de la Resolución 1231/2019 del Ministerio de Seguridad, que, con la firma de la ministra Sabina Frederic, deroga cinco resoluciones dictadas en los últimos dos años por su antecesora, Patricia Bullrich.
A esas resoluciones de Bullrich, así como al conjunto de su política represiva, incluyendo la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el intento de liberar a los genocidas con el 2×1, las hemos enfrentado en las calles junto al conjunto del movimiento popular.
La derogación actual afecta, concretamente, a la Resolución 956/2018, que habilitaba el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas; la 395/2019, que disponía el uso de pistolas Taser por las mismas fuerzas; la 598/2019, que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería Nacional; la 845/2019, que creó el programa “Ofensores de trenes” y la 923/2019, que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal.
Las cinco resoluciones derogadas son parte de la agenda que el movimiento popular viene desplegando en la lucha contra la doctrina represiva de Bullrich, y se incluyen en el pliego de medidas que CORREPI viene planteando, desde antes de las elecciones generales, como urgentes e imprescindibles para revertir el criminal legado dejado por el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional.
El 18/10/2019 lanzamos ese programa de emergencia, porque “Cambiemos deja una ‘pesada herencia’, con profundas reformas regresivas en la legislación penal, contravencional y procesal, tanto a nivel nacional como de las provincias y la Ciudad, así como modificaciones estructurales y de actuación en las fuerzas de seguridad”, que hemos venido enfrentando en las calles durante todos estos años”.
A través de la ministra Frederic, se concretaron estas cinco derogaciones, que se corresponden parcialmente con lo que reclamamos en términos de desarticulación de la Doctrina Chocobar, del sistema de detenciones arbitrarias y estructura y funcionamiento del aparato represivo estatal. Es un importante primer paso, que debe necesariamente complementarse con el cumplimiento inmediato del resto de la agenda planteada:
• Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en estos casi cuatro años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reforma del Código Penal, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñas, niños y adolescentes.
• Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
• Derogación del Programa Restituir. Vigencia efectiva de las normas que imponen la separación provisoria del servicio activo de los integrantes de las fuerzas sometidos a procesos penales, y la inhabilitación para la reincorporación a cualquier fuerza en caso de condena.
• Fin de la provisión por parte del estado de defensa penal gratuita y calificada a policías, gendarmes, prefectos y servicios penitenciarios a través de las direcciones jurídicas de los ministerios de Seguridad, a costa de quienes, en casos similares, debemos optar entre la defensa oficial o pagar un abogado particular.
• Fin de los programas de reconocimiento facial que provocan identificaciones erróneas a diario.
• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
• Prohibición total del uso de las picanas Taser, ahora restringidas a grupos especiales de las FFSS.
• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
• Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y defensas particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
A la vez, resulta muy alarmante que, frente a este principio de recepción, por la ministra de Seguridad de la Nación, de la agenda de emergencia que promovemos, su par provincial, el coronel retirado Sergio Berni, lo calificara de “chiquitaje”, y manifestara que Frederic “obra con desconocimiento… opina sin saber… sin sentido… juzga a Patricia Bullrich en lugar de resolver cuestiones importantes”. Semejante divergencia entre el gobierno nacional y el bonaerense, ambos del mismo signo político, nada bueno augura para el pueblo trabajador, que quiere terminar con el hambre y la miseria tanto como con la represión. Por eso, seguiremos en las calles, con la lucha organizada, para exigir plena respuesta a todas estas demandas populares.
*Por CORREPI / Imagen de portada: Eloísa Molina para La tinta.
Informe de la Situación Represiva/Actualización del Archivo de Casos en el Antirrepresivo 2019
