Por Lucrecia y por todxs
El viernes 13 de diciembre imputaron a 6 médicos por la muerte de una joven que cursaba un embarazo en la ciudad de Villa María, Córdoba. Aunque existe un marco legal favorable y una marea verde que arrasa, los equipos de salud son reacios a garantizar derechos y cumplir con su responsabilidad profesional.
Por Redacción La tinta
Lucrecia Ñañez tenía 15 años y cursaba un embarazo de tres meses. Los médicos de su familia lo habían definido como «riesgoso» y por eso había dejado de concurrir a la escuela.
El miércoles 31 de mayo de 2017 ella consultó en el Hospital Pasteur de Villa María por un dolor abdominal intenso pero no le dieron atención para su malestar, sólo reforzaron los signos de alarma y le dijeron que vuelva a su casa. Al día siguiente, como el dolor persistía acudieron a otro centro de atención donde se constató que había sufrido un aborto espontáneo. De urgencia la trasladaron al Hospital Pasteur, le realizaron un legrado y al otro día le dieron el alta.
Pero algo no anduvo bien. Debió volver a concurrir al hospital con un cuadro de infección grave, por lo que decidieron extraerle su útero. Pero ya era tarde, con una infección generalizada Lucrecia ingresó a un coma farmacológico y posteriormente murió el 5 de junio de 2017.
Alrededor de 20 medicxs tuvieron injerencia en su paso por la institución. Imputaron a 6 de ellxs por mala praxis según lo establece el artículo 84 del Código Penal: «Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte».
Ese mismo viernes 13 de diciembre se publicó a través del Boletín oficial el Protocolo para la atención de personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) promovido por el ministerio de salud de la Nación. Este documento oficia como una guía clínica para que los equipos de salud cuente con la normativa actualizada y tratamientos de calidad para prestación de abortos seguros. Algunas provincias ya han adherido al protocolo nacional pero hay 5 provincias que aún no, ni tienen uno propio, como Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes. Todas estas provincias han manifestado abiertamente posturas muy conservadoras e injerencias religiosas en la Salud Pública. En Córdoba, aún esperamos novedades del ministerio ya que están evaluando adherir al protocolo nacional.
Algunas cifras
Cabe destacar que en 2017 murieron en nuestro país 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes de 15 a 19 años, 8 eran jóvenes de entre 20 y 24 años y 8, de entre 25 y 29 años (DEIS, 2018). En 2017, el 60% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años (DEIS, 2018).
En la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna. En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Mientras las muertes de personas gestantes con trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio representaron el 18,32% del total y las muertes por sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio, el 16,83%.
Como señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, el riesgo de muerte por embarazo en menores de 15 años en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores. Conde-Agudelo, Belizán y Lammers analizaron los datos del Sistema Informático Perinatal de América Latina del período de 1983 a 2003 y constataron que las madres más jóvenes tuvieron los peores resultados. Las niñas y adolescentes de 15 años o menos tenían una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna al comparar con el grupo etario de 20 a 24 años. También tenían una probabilidad 4 veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto.
Es por esto que el nuevo Protocolo para la Atención de personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo considera que una gesta en personas de 15 años o menores encuadra, de por sí, dentro de la causal salud reconocida en el Código Penal y que exime de pena para acceder a un aborto legal, ya que debe considerarse siempre la posibilidad de riesgo para la salud o la vida.
Estos datos refuerzan aquello por lo que venimos luchando hace años. Necesitamos atención de calidad en nuestras necesidades sexuales y (no) reproductivas. Subestiman lo que nos sucede, no toman en cuenta lo que decimos que necesitamos. Esto conlleva a consecuencias graves en nuestra salud entendida de manera integral. Deja secuelas físicas, psíquicas, sociales muy grandes.
Por Lucrecia y por todxs lxs que ya no están, pero también por lxs que pelean todos los días, exigimos servicios de salud que garanticen derechos, atención de calidad y con calidez, y aborto legal, libre y feminista.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.
