La resistencia en Chile: ¿los límites del neoliberalismo?
El pueblo chileno sigue en las calles en rechazo a las políticas neoliberales implementadas desde la dictadura militar. Un gran movimiento de base debate si encauzar la lucha a través de las instituciones o demandar un cambio radical del sistema.
Por Ayelén Branca, desde Chile, para La tinta
La situación política de Chile mantiene alerta a toda la región. Las movilizaciones de distintos sectores de la sociedad chilena exponen la crisis del sistema neoliberal. El descontento, los levantamientos, la cruenta represión, el papel de los medios de comunicación, la organización de sectores estudiantiles, feministas y mapuches, y la sorpresiva resistencia social, configuran un panorama que invita cuestionarnos como región. ¿Cuál es la dinámica de nuestra historia social, política y económica? ¿Qué procesos de crisis y resistencia surgen y resurgen en América Latina? ¿Cuáles son las consecuencias y los límites del modelo neoliberal? ¿Qué lugar tienen las instituciones políticas? ¿Cuál es su representatividad y estabilidad? ¿Qué defendemos cuando hablamos de democracia?
Múltiples y amplios son los cuestionamientos que se abren ante los estallidos sociales en la región y las respuestas represivas de los sectores dominantes. Para poder comprender desde dentro los factores que generaron el descontento popular y qué actores son los que juegan en la actual coyuntura chilena, entrevistamos a Patricio Gutiérrez Donoso, docente, académico y militante del Partido Comunista de Chile (PCCH), dentro de la célula de académicos de la Universidad de Valparaíso.
Muchos de los cuestionamientos quedan abiertos y nos presentan nuevas preguntas. Patricio nos brinda algunos elementos para reflexionar sobre el sistema político en el que se estructura el modelo neoliberal chileno, y los límites que encuentra hoy ante la emergencia del movimiento popular.
Pensar en Chile es reconocer su interminable dictadura cívico militar, las continuidades profundas de un modelo económico entregado a los intereses imperialistas, y un sistema político que poco tiene que ver con la democracia y la representatividad, basado en la violencia y la represión. Es reflexionar sobre el poder popular que existió en la historia chilena, que se ve a principios de 1970 haciendo frente a la contrarrevolución y emerge entre las generaciones actuales que resisten cada día en las calles. Es comprender cómo juegan los poderes dominantes hoy y qué horizontes tiene la lucha contra los mismos.
—Para entender brevemente las condiciones objetivas del levantamiento de este momento, ¿cómo caracterizarías estos años del gobierno neoliberal y la continuidad del modelo?
—Tenemos un sistema político en el cual la política se ha convertido en un mero administrador, y no en la posibilidad de transformación de las demandas sociales. Eso ha generado una cultura del apoliticismo con respecto a la política formal. Por más voluntad que se tenga de cambiar ciertas estructuras, cualquier ley que se discuta en el congreso, por ejemplo, puede ser apelada por los partidos disconformes con la ley, puede ser llevada al tribunal constitucional, es decir una especie de “cámara legislativa” que en, última instancia, nadie elige por voto popular, sino que sus miembros son designados, los cuales pueden echar para atrás una legislación emanada de la discusión del parlamento. Entonces es muy difícil que las demandas sociales sean canalizadas políticamente a través de los mecanismos con los que cuenta el sistema político y el Estado.
Por tanto, es un sistema político establecido en la Constitución de la última dictadura cívico-militar, que persigue fuertemente la política y las demandas populares. Por ejemplo, los dirigentes sociales no pueden ser candidatos al parlamento.
Además, la política electoral es un espacio de muy baja participación, lo que hace que sea aún menos representativo. En Chile, el voto es voluntario y la participación no llega al 50 por ciento, sumado además a que no pueden votar los jóvenes de 14 a 17 años, quienes sí entran bajo la edad de punibilidad. Esto muestra la dirección represiva del sistema en contra de un modelo más democrático. Al mismo tiempo, los mecanismos institucionales para descomprimir cualquier tipo de conflicto al final lo único que generan es la represión como respuesta a esa transformación que la sociedad solicita y demanda.
Todo este entramado político responde a un entramado económico: las grandes corporaciones económicas son financistas de los grupos y partidos políticos. Por su parte, el carácter de un Estado subsidiario ha sido capturando por los conglomerados económicos. Es un Estado que transfiere grandes cantidades de recursos a las empresas privadas mediante la educación, la salud, las viviendas, las pensiones, llegando al extremo de privatizar un recurso tan vital como es el agua.
Lo cierto es que el término del conflicto es un futuro abierto, no sabemos si la salida es por izquierda o por derecha, eso depende de la capacidad del movimiento social de seguir presente con sus demandas en todos sus espacios, y con todos y los diferentes sujetos sociales.
—¿Veían como algo predecible este estallido?
—Todos sabían que esto iba a suceder en algún momento. Todas las señales de las ciencias sociales -desde la sociología, la economía, incluso la política y la historia- sabían que esto iba a explotar. El tema era cuándo y qué intensidad iba a tener. Eso ya era predecible. Por ejemplo, todos los estudios de pobreza, el PNUD, habían avisado constantemente la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la sociedad chilena.
Siempre hubo chispazos de explosión social que eran sofocadas rápidamente, pero después reaparecían y eran nuevamente sofocadas. Estábamos viviendo constantemente una violencia estatal. Los casos más vívidos son los estudiantes del 2006, 2011 y ahora. Recordemos la lucha del pueblo mapuche, que ha sido constante, sofocada con constante represión contra las comunidades, un pueblo que tiene una lucha permanente contra las mineras, las empresas de agua, las forestales. Sus territorios las han convertido en zonas de sacrificio.
Todo esto no es algo extraño para nosotros. Lo es quizás para la prensa internacional, y para todos a los que les habían vendido un modelo de progreso chileno. Pero la represión estatal en Chile es diaria. Históricamente, Chile ha sido un país muy autoritario y represivo, eso está en el ADN de la dirigencia. La represión en Chile es la primera respuesta y es tan así que la primera reacción a la explosión social que diera el presidente Sebastián Piñera fue declarar la guerra al pueblo y sacar los militares a la calle, evidenciando hasta el día de hoy que es una violación a los Derechos Humanos, algo ya acreditado por organismos internacionales. Lo que sí hubiera parecido raro es que llamara a los movimientos sociales y les dijera: “¿Que están reclamando?”.
—En relación a la represión, ¿cuáles son los límites?
—La represión actual es muy fuerte y es grave, hay asesinatos, violaciones, desapariciones y tortura. Esta represión no ha tenido el efecto que esperaba la dirigencia, que es detener las manifestaciones; por el contrario, han seguido en las calles. Lo que se busca ahora, y están apostando, es al enfrentamiento social. Es decir, que el pequeño comerciante y la sociedad en general empiece a pedir orden. “Orden” es una palabra clave en Chile. “Orden frente al desorden”, frente a los delincuentes. Y los “delincuente” son todos aquellos que protestan. En tal sentido, los límites ya han sido transgredidos y eso son los límites de los Derechos Humanos. Lo que es más grave, es que ocurren bajo un régimen democrático, lo que coloca al presidente Sebastián Piñera en la cloaca de la historia, junto al dictador Pinochet.
—¿El movimiento popular y la respuesta represiva no está generando deslegitimación sobre gobierno?
—El gobierno ya tenía una deslegitimación muy grande, tienen solo un 4,5 por ciento de apoyo. Se sostiene solamente por el apoyo político de algunos partidos de la antigua Concertación, parte del Partido Socialista, el Partido Radical, y la Democracia Cristiana como soporte fuera de la coalición de gobierno. Sus aliados, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, siguen firme junto al gobierno, y vienen a dar soporte a la institucionalidad política, con el objetivo de resguardar los privilegios económicos con los que cuentan ellos. Además de ser los guardianes de los intereses privados, esos son los principales soporte, sin dejar de considerar a las fuerzas armadas como un actor relevante en la crisis.
Chile es un país muy institucional y la salida la va a buscar desde ese lugar. No veo un vacío de poder en ese sentido, por el momento. Hay una clase dirigente que tiene muy claro que no ha sido tocada por ninguna de las demandas sociales fundamentales. Ninguna medida que se ha anunciado pone en cuestión nada de lo que se ha pedido desde el movimiento social.
Hasta el momento, ha sido una explosión de resistencia, explosión de demandas, pero esas demandas no han sido siquiera canalizadas por los partidos políticos tradicionales como demandas urgentes, salvo algunos partidos de izquierda, por ejemplo el PCCH, que históricamente las ha convertido en banderas de lucha. Frente a la crisis, han hecho una contrapropuesta al pacto que firmaron los partidos políticos, entre gallos y medianoche, denominado “Acuerdo por la Paz”. Acuerdo por la paz que más bien es una salida institucional pactada por arriba y de espalda al movimiento social, conservando la estructura de dominación política-económica de la clase dirigente. El PCCH promueve un acuerdo con la Mesa de Unidad Social, donde se aglutinan los diferentes sectores sociales y populares que piden cambios estructurales.
—En relación al movimiento social que se ha levantado en este tiempo, ¿considerás que hay un salto político organizativo?
—Lo que está ahí en juego es lo que se llama Mesa de Unidad Social, la cual aglutina a una serie de gremios y sectores políticos. Gremios en el sentido de centrales de trabajadores, de profesores, gremios de la salud, la educación, al movimiento “No Más AFP” contra el sistema de pensiones jubilatorias. Lo que esperan es una respuesta del presidente, que empiece a dar señales de un proceso de transformación. El movimiento y la cultura política como identidad de cambios, y que es posible transformar el sistema neoliberal en Chile, es una ganancia en cuanto a un movimiento social que se proyecta un horizonte de cambios.
—En esa Mesa de Unidad Social, ¿hay distintas representaciones partidarias?
—Sí, desde la izquierda hasta grupos pertenecientes con representación política de los actuales partidos políticos de la antigua Concertación. Hay representación política incluso de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Todos apoyados por una base social que está pidiendo este cambio, lo que no quita que el movimiento social sea el que ha instalado la agenda de dicha mesa.
Pero una cosa es la que se genera en la cúpula partidaria, y otra lo que las demandas sociales y algunos dirigentes políticos sociales están exigiendo. Quien direcciona el proceso político, y cómo se direcciona y cómo la demanda se resuelve institucionalmente, depende de la presión de las bases de la mesa.
El movimiento social puede estar en la calle, pero llega un momento en el que hay que direccionar políticamente. Se trata de aprender un proceso de desarrollo político, en el que las demandas deben ser escuchadas, sino corren riesgo de ser pisoteadas como en el pasado. Las demandas de la salud, de la educación, de la jubilación, de le previsión, son demandas históricas que la población chilena las tiene conversadas por debajo, y eso hace que se haya vuelto a rearticular lentamente ese proceso deliberativo, y es por la misma razón que surgen constantemente.
—Respecto a estas demandas, ¿considerás que su reconocimiento y el avance de las reformas en este sentido afectaría de alguna forma al régimen de acumulación?
—En términos generales, diría que sí a través de estas demandas. Pero la respuesta sobre si hay una claridad política, cultural o política económica, es decir un proceso de dirección política en términos gramscianos, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Ahí hay quizás un análisis más fino: si lo que la gente quiere es que se reconozcan estas demandas sociales por el Estado, o si quiere que el régimen de acumulación neoliberal toque el fondo del sistema, lo cual hace más difícil de cuantificar o de explicar el proceso. Si bien es cierto que la gente pide estas demandas políticas y sociales, solo se pueden dar en la medida que se cambie el régimen de acumulación.
Sin embargo, en términos de dirección política y moral se han enquistado en la sociedad chilena valores neoliberales muy profundos, o sea valores individuales y de mercado. Todo gira en torno al lucro, en especial los derechos sociales. En este sentido, nuestro Estado no es garante de los derechos sociales básicos. Este cambio ideológico es una tarea de mucho tiempo. Si esas demandas del movimiento social popular y político logran un proceso de transformación de la estructura de dominación, ahí se podría empezar a cambiar y consolidar una nueva perspectiva de entender la sociedad y el Estado.
—No espero una respuesta resolutiva de la situación, pero ¿cómo ves la escena sociopolítica a corto plazo?
—El gobierno apuesta a que en el verano van a bajar las movilizaciones, salvo episodios esporádicos de protesta. Creo que van a ocurrir en etapas, en donde se hacen los conciertos masivos, los festivales de verano. Luego, en marzo se va a retomar de nuevo el movimiento porque comienza el año académico escolar y universitario, donde vuelven los estudiantes de sus localidades. Si el movimiento no ve la resolución que demanda en el verano, va a levantarse nuevamente en marzo. Además, el acuerdo cupular por la paz que se generó tiene fecha de resolución: el 20 de abril debería votarse el procedimiento para cambiar la Constitución, lo cual va a generar un proceso de tensión muy fuerte si se sigue llevando adelante.
En abril, la población tendría que elegir entre una convención constituyente o una convención mixta. En la convención constituyente se eligen los representantes de aquellos que harán una nueva Constitución. Estos serán elegidos mediante el sistema de votación de los diputados, lo que daría una expresión igual a la elección de diputados actual, donde no está representada ni la paridad de género ni las comunidades indígenas o los pueblos originarios, ni las diversidades sexuales. Si se llegara a votar la convención mixta, sería el 50 por ciento de diputados elegidos y el otro porcentaje de representantes o ciudadanos, lo cual elimina la asamblea constituyente. O sea, el proceso deliberativo de las bases está cortado por este acuerdo que es desde arriba. Los que van a decidir qué tipo de Constitución, no retoman ninguna deliberación de las bases, ni de las convenciones y de los cabildos populares que se han generado a lo largo de Chile. Además de una convención, sería una elección de 150 constituyentes que no es representativa para nada a lo largo de Chile. Eso es lo que está en juego. Si ese proceso siguiera adelante, generaría una Constitución ilegítima de nuevo, un proceso deslegitimado desde su inicio, como en 1980. No implica que si gana esa alternativa jurídica y política lo que salga de esa Constitución no sea sino un reforzamiento del modelo neoliberal. Nada de eso está garantizado por ese acuerdo político, porque no nace del acuerdo soberano del pueblo.
—Claramente hay un terreno abierto y muchos interrogantes, no solo en Chile sino en la región en general. Pienso en Chile e inmediatamente pienso en Colombia, por ejemplo.
—Claro, porque es parte de una dinámica propia del proceso de acumulación, particularmente del neoliberalismo. Chile es un caso ejemplar. No son procesos largos, como eran en el siglo XX, donde duraban 15 o 20 años, y después entraban en crisis. Desde la crisis del Tequila (México) en adelante, los procesos de acumulación se han ido acelerando, producto del mismo proceso de acumulación capitalista tecnológico que genera crisis más constantes y repetitivas. Este es el modelo de crisis que se ha generado en América Latina y que tiene que ver básicamente con la exclusión.
Desde la lógica imperial, nuestros estados son fallidos, son estados serviciales a los modelos de acumulación y funcionales a los modelos de dominación. La violencia es la que prima. Frente a un Estado de derechos y demandas sociales, su salida siempre es represiva. No cabe duda de que la promoción de la violencia es un gran negocio, que no deja ver los saqueos de los recursos naturales de América Latina. Un Estado fuerte, un Estado que conversa y que busca políticas continentales de ayuda, le hace mejor frente a las políticas de saqueo mundial. Paradójicamente, el capital por mucho tiempo necesitó estados intermediarios en los procesos de acumulación. Lo único que no ha dejado de lado nunca el Estado en América Latina es el monopolio de las fuerzas, siempre al cuidado de las clases dirigente.
Eso es lo que ha implosionado en América: la exclusión de millones de seres humanos. Estamos en un proceso de rearticulación, y uno puede hacer una mirada pesimista pero también una mirada optimista. Ese proceso va a articular sí o sí los nuevos procesos de organización social. Creo que lo que decía Rosa Luxemburgo, civilización o barbarie, es cada más urgente. En este momento, la tarea por el socialismo es la tarea por la supervivencia de nuestra humanidad.
*Por Ayelén Branca para La tinta