Golpe de Estado y cacería en Bolivia
La conmoción se apoderó de Bolivia en las últimas horas. Golpe de Estado, renuncia del gobierno, grupos de derecha linchando a personas y la incógnita de los días por venir.
Por Leandro Albani para La tinta
Con la biblia en una mano y un fusil amenazante en la otra, la derecha boliviana concretó, este domingo, un Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y su gobierno. Pero la finalidad profunda del golpe apunta a los sectores más humildes del país que, desde el 2006, recuperaron derechos y recargaron sus cuerpos con una dignidad que, en buena parte del siglo XX, había sido sepultada.
Luego de varias semanas de tensiones y acciones violentas en las calles, los representantes de los partidos de oposición, los comités cívicos –que, en su mayoría, nuclean a grupos reaccionarios de choque-, las fuerzas policiales y la cúpula de las Fuerzas Armadas acumularon el poder necesario para acorralar al gobierno de Morales, que, tras los comicios presidenciales del 20 de octubre, había llamado a la pacificación y, pocas horas atrás, a realizar nuevas elecciones. Sobrevolando a estos sectores desestabilizadores, hicieron su trabajo la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos, que, en los últimos días, aceleraron las presiones para hacer caer a un gobierno que, después de 15 años de gestión, había sacado a millones de personas de la pobreza.
Tal vez la imagen más representativa de un día aciago sea la que muestra al opositor Luis Fernando Camacho –líder del comité cívico del departamento de Santa Cruz- en el interior del Palacio Quemado, en La Paz, arrodillado frente a una biblia que aplasta la bandera de Bolivia. Sobre el libro religioso, se puede ver el papel donde le pide la renuncia a Morales. Camacho –autodenominado como “Macho Camacho”- fue uno de los vértices principales para organizar el plan desestabilizador que forzó la renuncia de Morales y todo su gabinete. Las huestes a cargo del acaudalado abogado de 40 años, en las semanas posteriores, se dedicaron a linchar a dirigentes, prender fuego sedes gubernamentales y mostrar a quien quiera verlo su profunda ideología fascista. A Camacho, integrante de la logia reaccionaria los Caballeros del Oriente, nadie lo eligió en las elecciones pasadas, aunque su protagonismo fue creciendo con el ritmo que le regalaron los medios de comunicación privados.
El linchamiento de funcionarios del gobierno nacional y de pobladores, la quema de casas de familiares de dirigentes de la administración de Morales y de varios locales de organizaciones sociales, y el avance frenético de grupos de choque aupados por empresarios y terratenientes que hacen del racismo su religión fueron los hechos que se precipitaron en las principales ciudades del país. Este aluvión de violencia –que apenas fue reprimida por el gobierno- desencadenó el quiebre de la institucionalidad boliviana perpetrado el domingo, cuando Williams Kaliman, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, le demandó la renuncia a Morales.
“Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”, declaró Kaliman ante la prensa. Mientras el militar daba a conocer esta posición, las fuerzas policiales multiplicaban los acuartelamientos en todo el país. El comandante general de la policía boliviana también reclamó la renuncia de Morales, bajo el argumento de “pacificar al pueblo de Bolivia”.
Poco tiempo después, el presidente comunicó su renuncia y denunció al ex candidato presidencial Carlos Mesa y a Camacho por la violencia generada contra la población, dirigentes sociales y funcionarios gubernamentales. Las renuncias de ministros, titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, fueron conociéndose como una caída imparable de fichas de dominó. Durante esta jornada, la Asamblea Legislativa Plurinacional se tendrá que reunir para aceptar o rechazar la renuncia del Jefe de Estado.
Durante su conferencia, Morales aseguró que Bolivia ahora es un país con “soberanía e independencia de Estado” y que su pueblo conquistó la “dignidad e identidad”. El mandatario remarcó que en su contra hubo “un golpe cívico, político y policial”, instigado por “grupos oligárquicos que conspiran contra de democracia”, y que el pecado que había cometido “es ser indígena” y dirigente sindical y cocalero.
“A la comunidad internacional, UE (Unión Europea), OEA, embajadores: digan la verdad sobre este golpe de Estado –pidió Morales-. Difundan. Ser indígenas es nuestro pecado. Vamos a continuar. Si pasa algo con Evo o Álvaro, va a ser responsabilidad de Mesa o Camacho”. “Aquí no termina la vida: la lucha sigue”, finalizó Morales.
Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, que también presentó su renuncia, dijo sentirse orgulloso “de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal, estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas”. “No vamos a restablecer el orden constitucional en base a la sangre y al fuego”, agregó García Linera, que confirmó que “el golpe de Estado se ha consumado”.
Al cierre de esta edición, Morales se encontraba presuntamente en El Chapare, en el departamento de Cochabamba. En el trascurso del día de ayer, se conoció que, en la embajada de México en La Paz, al menos 20 funcionarios se habían refugiado y existía la posibilidad que el presidente derrocado recibiera asilo por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También circuló la versión de que Morales pidió asilo en Argentina, pero el presidente Mauricio Macri lo rechazó. A su vez, el canciller argentino Jorge Faurie se negó a calificar como golpe de Estado lo que sucede en Bolivia y llamó a “encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales”. “Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, pidieron una solución a la política y eso fue lo que ocurrió”, fue la justificación de Faurie.
En tanto, las embajadas de Venezuela, Cuba y México en La Paz fueron agredidas por grupos de choque. La representante venezolana, Crisbeylee González, envió un mensaje denunciando que “con dinamita, encapuchados con escudos han tomado la embajada de Venezuela en Bolivia. Estamos bien y a resguardo, pero quieren hacer una masacre con nosotros. Ayúdennos a denunciar esta barbarie”.
Al final del día, Morales alertó vía Twitter “que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho”. La policía y las Fuerzas Armadas desmintieron que exista una orden de detención contra el presidente, aunque Camacho reiteró que existe un pedido contra Morales. Más temprano, el mandatario expresó: “Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo. Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha”.
Durante la noche y la madrugada de hoy, las denuncias por la persecución contra dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), y por el peligro de la integridad física de Morales y García Linera crecieron al compás de la radicalización de los líderes de la derecha. Camacho fue el más explícito al decir que saldría a “cazar a traidores”. A su vez, en la ciudad de El Alto y en otros puntos del país, miles de personas salieron en las calles para rechazar el golpe de Estado.
Desde Estado Unidos, el Departamento de Estado se abstuvo de condenar la desestabilización e indicó que estaba “monitoreando” la situación en el país. Washington, que a través de sus funcionarios diplomáticos en Bolivia apoyaron abiertamente a la oposición, llamó a la OEA a “enviar una misión” con el único objetivo de “supervisar el nuevo proceso electoral y garantizar que el nuevo Tribunal Electoral sea verdaderamente independiente y refleje una amplia franja de la sociedad boliviana”.
Hasta esta mañana, la línea de sucesión en Bolivia era una incógnita. Si la Asamblea Legislativa aprueba las renuncias de Morales y García Linera, la titular del Senado, Adriana Salvatierra, tendría que quedar a cargo, pero la legisladora renunció, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borla, que denunció que su casa en Potosí fue quemada y su hermano tomado como rehén. Ante esta situación, la segunda vicepresidente del Senado, Jeanine Áñez, representante de la opositora Unidad Demócrata, afirmó que está en condiciones de asumir.
Más allá de las urgencias institucionales, las horas por venir en Bolivia se definirán en las calles y según se muevan y tensionen los poderes internacionales y regionales. Los errores tácticos cometidos por el gobierno de Morales –el más visible quizá fue desoír el NO a su reelección en el referéndum de 2016- se encadenaron con las presiones internas y externas para dar por tierra con el denominado “proceso de cambio”, que vio la luz en 2006 después de que el pueblo boliviano encabezara luchas épicas contra una clase política que siempre observó con admiración y sumisión al norte del continente.
Lo único claro en el futuro boliviano es que los dirigentes más radicales de la derecha racista están acortando los tiempos para que el golpe se concrete sin mediación y así acceder al poder otra vez. Del otro lado, los hombres y las mujeres humildes -que durante siglos sufrieron la explotación y la expoliación de su recursos más sagrados y ancestrales- saben que la resistencia es parte de sus cuerpos. Y hacia esa resistencia caminan convencidos y convencidas.
*Por Leandro Albani para La tinta
