Se radicaron 354 denuncias diarias por violencia familiar en los Tribunales de Río Cuarto
Un detallado diagnóstico de la capacidad estatal para atender la violencia de género en la región 2 de la Provincia de Córdoba da cuenta de la extrema fragilidad de las políticas existentes. Falta de presupuesto, de capacitación, y de reconocimiento de esta problemática, son algunas de las conclusiones principales.
Por Carina Ambrogi para La Marea Noticias
Una niña deambula sola en la madrugada. Su mamá fue desatendida por el estado, que ya sabía sobre su situación de extrema vulnerabilidad. Su papá – como en la mayoría de los casos – no era una opción responsable. Seis adolescentes de entre 14 a 16 años anotan a bebés cada mes en Río Cuarto, las estadísticas estiman que en la mayoría de los casos son producto de abuso. A una vecina de Holberg su marido la mata a golpes. A otra de las Acequias el suyo la prende fuego. La violencia crece, o se hace más visible.
En el período que va de setiembre 2016 a agosto 2017 en el Ministerio de Justicia de la Región 2 de la provincia de Córdoba, se radicaron 22.396 denuncias por violencia familiar. Mil ochocientas por día. La mitad del total de las denuncias por violencia de género de toda la provincia se producen en esta zona. 4.247 de ellas corresponden a Tribunales de Río Cuarto. Trescientas cincuenta y cuatro por día.
Los datos son parte de un detallado diagnóstico que realizó la ONG Feminista CISCSA, para analizar las capacidades estatales de esta región para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. “El relevamiento fue solicitado por el Ministerio de Justicia de Córdoba, con la intensión de dar cuenta de la necesidad de políticas y presupuestos que permitan atender esta problemática de manera efectiva”, explicó la Lic. Adriana González, Presidente del Consejo Municipal de Género de la Ciudad de Río Cuarto. González fue convocada por CISCSA para realizar las entrevistas en la Región mencionada, que abarca desde Berrotarán hasta el límite con Santa Fé. “La política pública de asistencia a la violencia contra las mujeres es de absoluta fragilidad”, expresó la Licenciada como conclusión de los datos recogidos.
De los 66 municipios y comunas de la Región sólo 4 cuentan con ordenanza municipal específica sobre el tema: del Campillo, La Carlota, Río Cuarto y Coronel Baigorria. Sólo el 4,5 % de las localidades poseen un área específica que atienden casos de mujeres violentadas (Consejos de la Mujer, Unidades de Violencia, o Subsecretarías destinadas exclusivamente a la problemática de las violencias a las mujeres) el resto realizan un abordaje desde otras áreas administrativas.
Coronel Baigorria, por ejemplo, creó en 2017 el Consejo Municipal de la Mujer, no por iniciativa del municipio, sino por motivación de las mujeres del pueblo que se acercaron voluntariamente con el interés de formarlo. En Río IV, la localidad con mayor cantidad de población de la zona estudiada, se creó la Subsecretaria de la Mujer y un Consejo Municipal Consultivo de Género, hace tan sólo dos años. Antes de 2017 según analizó el responsable de informática del Concejo Deliberante de la ciudad “nunca hubo tal secretaría… (Secretaría de la Mujer) y en realidad área de la mujer (…) así como la subsecretaría de la mujer se crean en una gestión, a veces dependiendo de otras áreas o secretarías, como Desarrollo Social…y…la siguiente gestión la deja sin efecto o la transforma en otra cosa”. Recién a fines de 2016 la Municipalidad de Río Cuarto adhirió a la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, pese a que la misma fue sancionada en 2009. “Lo anterior denota, que la dimensión regulatoria acerca de la problemática todavía no es considerada parte de la agenda por el poder legislativo municipal en la mayoría de los municipios de la Región 2”, expresaron las investigadoras.
Dos de las conclusiones centrales del informe surge que el nudo de conflicto reside entre otros, en el desconocimiento por parte de les agentes que trabajan vinculados a la problemática y la falta de presupuesto para mantener estructuras estables que garanticen una correcta atención y seguimiento de los casos.
Desconocimiento y falta de presupuesto
Cuatro de cada 10 equipos técnicos entrevistados manifestaron no haber recibido algún tipo de capacitación. El 24% no conocen en profundidad las leyes que tratan la violencia hacia las mujeres, tanto a nivel provincial, nacional e internacional. El Consejo Municipal de Género de la ciudad de Río Cuarto lleva a cabo una formación sobre la temática destinada a docentes del nivel medio, en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. “El 90% de las/los asistentes a la Formación manifestaron no conocer las convenciones internacionales, leyes nacionales y provinciales, tampoco las normativas municipales. Así mismo expresaron no tener conocimientos claros sobre los derechos de las mujeres y en consecuencia desconocen los diversos tipos de violencia que hoy se padecen”, expresaron las investigadoras.
La mayoría de los profesionales (en los casos de los municipios y comunas que cuentan con ellos) trabajan como monotributistas o contratados, en pocos casos son personal de planta permanente. “Muchas veces los agresores toman contacto con las profesionales que atienden el caso de su víctima, y esta situación genera temor porque trabajan sin protección. Esto sumado a la precariedad laboral y los bajísimos salarios hace que los equipos roten todo el tiempo”, expresó a La Marea Noticias González.
La mitad de los equipos entrevistados manifestó no trabajar con Protocolos para organizar las respuestas implementadas, lo hacen a modo intuitivo. Tampoco se realiza sistematización de datos, el 82,1 % dijo no poseer estadísticas sobre el tema. “Esta cifra muestra que los equipos registran sus prácticas a través de informes policiales o judiciales”, remarcó el Informe. En algunos de los casos en que dicen hacerlo, surge de la investigación que “lo que se denomina registro de información, con fines de configurar datos que se conviertan en insumos de una política pública, no reviste calidad de tal”.
Sólo un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, uno de la Siglo XXI y otro de la Universidad de Villa María generaron y procesaron datos sobre el tema. Esta investigación se realizó en 2018, los resultados ya fueron presentados por el Ministerio de Justicia y por el Polo de la Mujer. Pese a los meses transcurridos y a las evidencias presentadas, las trabajadoras del Polo de la Mujer, marcharon hace menos de un mes para reclamar condiciones y salarios dignos. Córdoba sigue entre las primeras provincias en cantidad de femicidios anuales en el país.
El diagnóstico está. Lo que falta es la decisión política de atenderlo.
*Por Carina Ambrogi para La Marea Noticias. Foto: Colectivo Manifiesto.
