La APDH y Moira Millán querellaron a Patricia Bullrich
Por Página/12
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se constituyó como querella en la denuncia penal contra la cúpula del Ministerio de Seguridad, ante la presunción de un plan criminal contra las comunidades mapuches. La denuncia presentada por ese organismo en junio pasado instaba al Poder Judicial a que investigase sobre la existencia de un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, con el objetivo de llevar adelante un accionar represivo premeditado contra las comunidades originarias.
Recientemente el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal con un requerimiento en el que también solicitó medidas al juzgado de María Laura Capuceti.
«En el contexto latinoamericano actual, la clara actitud racista y persecutoria del gobierno de Macri, la ministra y sus cómplices, reprimiendo y mintiendo en función de sus intereses y de sus amigos, contra el pueblo mapuche, el invento de causas, el invento del terrorismo RAM, la muerte de Santiago y el asesinato de Rafael, todo esto queda claro como parte del plan Cóndor II. Pero encontró siempre a la APDH enfrentando, denunciando por todas las vías y poniendo el cuerpo de sus militantes, como lo hacemos desde hace 44 años contra el terrorismo de Estado», afirmó Norma Ríos, copresidenta del organismo.
«Nos constituimos en querella para controlar y fortalecer el desarrollo de la causa. También solicitamos una serie de pruebas», detalló. «Solicitamos que se investigue el rol de la ministra Patricia Bullrich y el resto de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad por ser autores de esta represión planificada. A su vez, seguiremos exigiendo verdad y justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel», apuntó el organismo.
Más tarde la APDH acompañó a Moira Millán, referente de estas comunidades, quien también se constituyó en querellante con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. «Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir venimos denunciando junto a nuestra lamngen y weychafe Moira Millán la difamación y persecución política hacia su persona y militancia en la defensa de la vida en los territorios. Moira ha sufrido amenazas de muerte y un proceso de judicialición en el cual quedó dos veces absuelta, ante la falta de fundamentos en las acusaciones llevadas a cabo por el Juez Guido Otranto», expresó ese colectivo en una conferencia de prensa. «En el informe presentado por Patricia Bullrich en diciembre de 2017, se difama a Moira Millán como vocera de la RAM, con la complicidad de los medios hegemónicos de desinformación como Clarín y TN. Este plan sistematizado que es parte de las políticas genocidas que sostienen los Estados nación, no quedará impune», agregó.
«En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad». Con estas palabras el fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción penal contra estos funcionarios del gobierno saliente, según el dictamen al que accedió PáginaI12. El avance de esta causa podría derivar en una acusación contra Bullrich por delitos cometidos en el armado de un plan represivo que involucra a funcionarios públicos en el exceso de sus funciones, desde espionaje ilegal hasta asociación ilícita, pasando por violación de la propiedad privada, apremios y violencia institucional.
*Por Página/12 / Imagen de portada: Jorge Larrosa.
