Llamado a elecciones en medio de un baño de sangre
En medio de una represión brutal, la bancada del MAS y el gobierno de facto presentaron proyectos para acelerar el llamado a comicios, bajo el argumento de alcanzar la paz en el país.
Por Redacción La tinta
El plan planificado y coordinado por el gobierno de facto de Bolivia, la policía y las fuerzas armadas se recrudece día a día en todo el país. Los asesinatos permanentes, el irrespeto por el Estado de derecho, y la violación a los derechos más básicos de la población por parte de las fuerzas de seguridad, contrastan de manera feroz con la imagen que quiere dar al mundo al autoproclamada presidenta Janine Áñez y su gabinete. Al mismo tiempo, las movilizaciones masivas y los cabildos abiertos se multiplican en todo el territorio bajo una consigna concreta y sin vacilaciones: el rechazo pleno al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, que decidió exiliarse en México.
En la jornada de ayer, Áñez remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto “Ley de Régimen Electoral Transitorio”, que tiene el objetivo de formar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a nuevas elecciones generales en el país. La mandataria impuesta argumentó que la propuesta “puede ser perfectible”, ya que es “un documento base para generar un consenso nacional, para que sea producto del consenso de todos los bolivianos”.
La autoproclamada presidenta repitió su discurso de los últimos días donde asegura que su idea es pacificar el país, aunque en los hechos concretos, desde que ocupó el Palacio Quemado dio vía libre, a las fuerzas de seguridad para reprimir sin miramientos.
Álvaro Coímbra, ministro de Justicia designado por Áñez, explicó que la propuesta enviada a la ALP tiene como fin “declarar la nulidad de las elecciones del 20 de octubre, convocar nuevos comicios y designar a miembros del TSE”. Según el funcionario, con esta medida las autoridades del TSE se podrían elegir en los próximos 15 días.
El titular de la Comisión de Constitución y senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, comunicó que recibió los proyectos de ley que remitieron Áñez y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la elección de vocales del TSE.
A través del senador Efraín Chambi, el MAS también presentó una propuesta legislativa. La titular del Senado, la legisladora masista Eva Copa, declaró que las tres fuerzas políticas en la cámara coinciden en el objetivo de lograr la pacificación de Bolivia.
En medio de las pujas políticas y legislativas, en las calles de Bolivia continúan las masivas protestas contra los golpistas. Desde que comenzó la represión, al menos 30 personas fueron ultimadas y decenas heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad. Ayer, las manifestaciones se replicaron en varios departamentos del país, con fuertes epicentro en Villa Tunari (Cochabamba), Senkata (en la ciudad de El Alto, donde las fuerzas armadas cometieron una masacre), además de la movilización masiva desde Potosí con dirección a La Paz, la capital del país a la cual siguen arribando pobladores para rechazar al gobierno de facto.
Los cabildos abiertos se convirtieron en un espacio resolutivo, en donde la gente se reúne para definir los pasos a seguir. En la plaza 14 de Septiembre, de Cochabamba, se realizó una de estas reuniones en la que los presentes desconocieron al gobierno de facto, demandaron la derogación del decreto supremo 4078 (que permite la impunidad a policía y militares), reclamaron el esclarecimiento de las muertes producidas por las fuerzas de seguridad en Sacaba el viernes pasado, además de convocar a un paro indefinido en todo el departamento.
La represión que sufren los bolivianos y las bolivianas también fue denunciada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes confirmaron que subió a ocho la cifra de fallecidos en Senkata tras el operativo policial-militar que se realizó el martes. Nadia Cruz, titular de la defensoría, afirmó que “la población en este momento lo que está pidiendo es justicia y está en su legítimo derecho, después de tener en este momento seis muertos”. En total, ambos organismos contabilizaron ocho personas muertas. Cruz pidió al Ejecutivo pacificar el país instalando un diálogo “sin acusaciones ni amenazas de persecución”. Además, la funcionaria aseveró que recibieron denuncias de personas que habrían desaparecido, aunque no dio mayores detalles.
La Defensoría del Pueblo además interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso para anular el decreto aprobado por Áñez que concede licencia para matar a los militares que reprimen las protestas. En el recurso presentado, se argumentó que el 4078 decreto viola la Constitución Política del Estado, ya que la seguridad interna es una labor de la policía y no del ejército.
Quien se sumó a las críticas contra el gobierno de facto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya anunció que realizará una visita urgente a Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre, ante a lo que describió como el “riesgo de impunidad para violaciones de derechos humanos”. El organismo dependiente de la OEA condenó la participación de las fuerzas armadas en la represión a la protesta social, y calificó de “inadmisible” el decreto de Áñez que busca eximir de responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas contra los pobladores. La CIDH condenó “cualquier acto administrativo de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares”.
Aunque el gabinete de Áñez, que ya tomó el control de todos los medios públicos, insiste en la pacificación del país, las declaraciones de ministros y funcionarios dicen todo lo contrario. El ministro de Defensa, Fernando López, tildó de “hordas” a las miles de personas que protestan contra el gobierno golpista. Para el funcionario, las personas movilizadas “están pagas, alcoholizadas y reflejan lo peor de la sociedad”. A su vez, López negó que las fuerzas de seguridad dispararan contra la población que bloqueaba una planta de hidrocarburos en Senkata, ciudad de El Alto, donde al menos tres manifestantes murieron con heridas de bala. Sin medias tintas, el ministro calificó las protestas como “terrorismo de Estado”.
A diez días del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Morales, lo único real en Bolivia en la represión desatada por quienes ahora ocupan el Palacio Quemado. Las cientos de fotos y videos viralizados por las redes sociales, demuestran que Áñez y su gabinete respaldan el accionar de las fuerzas armadas y la policía contra quienes denuncian la violación acelerada de los derechos civiles. En estos diez días también se puede comprobar que, por más negociaciones que desemboquen en nuevas elecciones, la mayoría del pueblo boliviano –con sus sindicatos, movimientos sociales y organizaciones originarias- está dispuesto a resistir y defender la dignidad que construyen desde hace décadas.
*Por Redacción La tinta
