Municipio de Río Cuarto y Cotreco, los socios de la mega planta de reciclado fantasma
El lunes se realizó en Río Cuarto, una audiencia pública por la construcción de la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos a cargo de la empresa Cotreco. Fue licitada en 2016 y los riocuartenses vienen pagando desde hace dos años. La Defensoría del Pueblo, la Mesa Socio-Ambiental del Observatorio de DDHH, FACCyR, el Partido Respeto, ciudadanos y especialistas se manifestaron en contra del proyecto y presentaron propuestas alternativas.
Por Agustin Mingorance para La tinta
Tarde y mal, la audiencia pública
Tres años después de haberse aprobado el proyecto de construcción de la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la ciudad de Río Cuarto, finalmente se realizó la audiencia pública con el objeto de debatir el estudio de Impacto Ambiental de la misma, aunque en lugar de dicho estudio se presentó sólo un pre aviso de proyecto. Con 11 inscriptos como expositores hubo críticas a la empresa, al municipio y al proyecto, y propuestas alternativas. Ese consenso opositor hizo que la mayoría de las exposiciones giraran en torno de los mismos ejes: escasa fiabilidad de la empresa Cotreco, ineficiencia del modelo de planta y el rol de los recuperadores organizados.
La escasa sino nula fiabilidad de la empresa Cotreco
Julia Pereyra, vocal del Tribunal de Cuentas por el partido Respeto, fue quien aportó mayor claridad en las imprecisiones y errores del contrato en base a la licitación pública firmada entre el municipio y COTRECO. En él se estableció por un lado, un canon de 200 mil pesos por mes a ser abonados por el municipio desde julio de 2017 para la construcción de la planta sin haber sido sometida a la evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, aún sin construir; y por el otro, que en agosto la empresa pidió y consiguió reajustar a un valor aproximado de $494.000. Al día de hoy, “la municipalidad le ha pagado a COTRECO 5 millones para esta planta que no tiene, por ahora, ni el aval legal, ambiental, ni técnico”, resaltó la vocal.
Y continuó: “A esto se le suma que la empresa está bajo concurso preventivo, lo cual es causal automática de rescisión del contrato, es decir, que hoy legalmente la empresa está operando sin relación contractual en Río Cuarto y aun así el municipio le sigue pagando el canon para la construcción”.
Por último, Julia se detuvo en la poca confiabilidad que demuestra la empresa, e informó que la misma “está investigada por presunta evasión impositiva, posee 44 embargos vigentes de los cuales 33 corresponden a la AFIP, se dio a un fideicomiso el 100% de las cobranzas relacionadas con la municipalidad de Río Cuarto para eludir esos embargos, ha emitido 1767 cheques sin fondo, posee deuda sobre comercio, industria y servicios de 585 mil pesos violando la ordenanza municipal 383/13 y tiene antecedentes de incumplimiento en otras localidades».
La ineficiencia del modelo de planta
Las especificaciones técnicas de la construcción de la planta se corresponden con el tipo de plantas que ofrece la firma DEISA. El Ingeniero Eduardo Raffo, vecino de la ciudad y consultor independiente en Ingeniería Ambiental, brindó ejemplos de otras provincias donde se reflejan el fracaso que conlleva la instalación de estos modelos de plantas, que sólo recuperan un 5% del volumen, en un residuo que viene sin separación de origen y que significa un riesgo potencial de enfermedades para quien las operan.
“Hay casos de todo el país que demuestran que en vez de resolver el problema lo agravan. Basta ver la última planta que se instaló en el gran Rosario, en Villa Gobernador Galvez, que desde del año 2017 se invirtieron 10 millones de dólares y hoy se encuentra parada”, comentó el ingeniero.
Raffo también se refirió a la situación de los recicladores: “En Río Cuarto 500 familias trabajan recuperando material, entonces necesitaríamos 10 plantas de este tipo para cubrir vacantes laborales y resolver el problema de sistematizar este tipo de tarea”.
Recuperadores organizados vs. el monopolio de la basura
La Mesa Socio Ambiental del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto se refirió a la situación de desigualdad en la que se encuentran los recuperadores informales de la ciudad, en términos de vulnerabilidad social e inaccesibilidad a Derechos Humanos fundamentales. Desde allí, bregaron por el reconocimiento del trabajo pre-existente en un sistema de gestión de residuos integral, y que se promuevan y protejan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como de sus familias.
“Las cooperativas de trabajo y recuperadores que se encuentran afectados a la recolección diferenciada de los RSU vienen proponiendo la necesidad de avanzar hacia una gestión integral de los RSU con una matriz social y ambiental en nuestra ciudad”, leyó en el documento Juan Muzzolon integrante de la Mesa Socio Ambiental.
El militante continuó: “La recolección diferenciada es una actividad que se viene desarrollando informalmente, y antecede al trabajo de agregado de valor que implica, clasificar y acopiar para luego reciclar o reutilizar como lo hacen las cooperativas Recuperadores Urbanos de Río Cuarto, y la cooperativa Todo Sirve Limitada y las cientos de familias, que sin estar necesariamente organizadas ni inscriptas en el Programa Recuperadores Urbanos de la municipalidad, trabajan y viven de la recolección, acopio y venta de los RSU en la ciudad”.
Este trabajo no está remunerado ni reconocido en los presupuestos municipales, pese a que reduce significativamente los volúmenes de RSU que finalmente terminan en el enterramiento municipal. “El monto que Cotreco cobra mensualmente para la construcción de la planta, es equivalente al capital total que la Cooperativa Todo Sirve ha podido acumular después de 10 años de trabajo”, explicó Muzzolon.
Por otra lado, desde la Mesa manifestaron su preocupación por la monopolización de la basura y afirmaron que: “La construcción de esta planta significaría la concentración de los RSU, separados y no separados, en manos de la empresa; negando el acceso a los RSU por parte de los recuperadores”. La negación a los trabajadores de la economía popular a acceder a los materiales que reciclan y convierten en su salario se haría a través de la contenerización (una forma de privatización), la recolección sin separación en origen y el tratamiento en una planta para unos pocos.
En este sentido Alejandro Bazán, presidente de la Cooperativa Recuperadores Urbanos Río Cuarto, detalló que “van a enterrar el 95% restante cuando en la ciudad hay cirujas que reciclan el 30% de todos sin megaplanta, solo con los carrito a pie o en moto, o como nuestro caso con una planta de reciclado que paga de alquiler 8 mil pesos”.
Una audiencia peculiar
No podemos concluir la nota sin señalar algunas particularidades de la audiencia, planteada para la mañana siguiente del día de las elecciones presidenciales, con todos los medios ocupados en los conteos finales de los votos. Para comenzar en palabras de Franciso Spertino, miembro de Trabajadores del Ambiente – FACCYR Regional Córdoba y de la Mesa Socio Ambiental, “el informe de Impacto Ambiental que se supone deben presentar por ley no era tal, sino un pre aviso de proyecto y, como bien señaló el ingeniero Raffo, parece una especie de folleto de venta de proyecto de planta DEISA”.
Al mismo tiempo, el ingeniero Fernando Cámara, que presentaba el proyecto, expresó que no se sabía cómo iba a trabajar la planta porque «Cotreco sólo la construye» y enfatizó que es tarea pendiente del municipio diseñar la política, por lo que, como sostiene Spertino, “es llamativo que los recursos y las máquinas que van a equipar la planta ya estén asignadas, sin embargo, nadie especifica cuánto procesarán efectivamente ni cómo, ni en qué condiciones trabajarán los operarios”.
Finalmente, al comenzar la lectura del acta, los expositores se sorprendieron al ver que sus exposiciones de 15 minutos de duración no habían sido transcriptas en su totalidad por las autoridades, sino que “sólo se esbozaron algunas pocas ideas, muchas escritas con un sesgo preocupante que desdibujaba el sentido de lo expresado”, remarcó Spertino. “Si bien durante su lectura se invitó a los expositores a que sugieran correcciones, la materia prima a corregir era por demás limitada y en general reflejaba poco y nada el tenor y la contundencia de las preocupaciones y argumentos expuestos”.
Por último, según lo expresado por las autoridades de la audiencia pública, el acceso al expediente parece implicar una proeza burocrática. La falta o difícil acceso a la información relevante para los actores interesados en el proyecto, es un hecho preocupante. Esto también afecta a la comunidad riocuartense en general, sobre todo en términos de formación de opinión y participación (informándose, formándose, controlando, proponiendo) de políticas públicas tan relevantes en materia ambiental, social y económica.
*Por Agustin Mingorance para La tinta.
