El jueves de la semana pasada, se conoció la ampliación del informe pericial oficial en el Amparo contra el megabasural de Cormecor. Los peritos oficiales realizaron el cálculo de valoración del sitio y comprobaron que el sitio es inaceptable y que “Goeambiental” manipuló y “sobreestimó” los valores de aptitud del predio.
A lo largo de toda la evaluación realizada por los peritos oficiales sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor, evidencian la constante manipulación y omisión de información y datos relevantes. Entre ellos, se destacan las irregularidades en cuanto a la consideración de las distancias a las poblaciones, la dirección predominante de los vientos, la consulta a los ciudadanos.
En esta ampliación pericial, los peritos oficiales de la justicia comprobaron que, mientras Geoambiental le otorgó al predio de Alto El Durazno un valor de 203 puntos – que lo categorizaban como “Muy Apto”-, el Cuerpo de Peritos Oficiales (CPO) comprobó que el valor real de aptitud del predio es 123, valor que lo constituye un sitio INACEPTABLE, según la propia tabla del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Y lo más grave es que todas esas falencias fueron “pasadas por alto” por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático (SAyCC) a cargo de Javier Britch, que dio licencia ambiental al proyecto en 2015 y 2017. Además, los peritos oficiales señalan que la SAyCC, a través de la resolución 010 de febrero de 2017, dio por cumplimentados a Cormecor requisitos que verdaderamente no había cumplimentado.
Estas evidencias develan las prácticas corruptas de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático que, lejos de garantizar el cuidado del ambiente y la protección de la calidad de vida de los ciudadanos, actúan como “facilitadores” de los negocios de los amigos del poder. Recordemos que Cormecor es una Sociedad Anónima integrada por diez municipios de la zona metropolitana, cuyo accionista principal es la Municipalidad de Córdoba, pero, además, son socios y directivos de la empresa los gremialistas del SURRBAC, entre ellos: Pascual Catrambone.
Ya en 2016, los vecinos organizados en la Asamblea Santa María sin Basura denunciaron penalmente a los funcionarios públicos responsables del otorgamiento de la licencia ambiental a Cormecor y aprobaron la expropiación del predio. Sin embargo, la causa se encuentra cajoneada en la Fiscalía en lo Penal y Económico (Anticorrupción) sin ningún avance desde hace tres años.
Estas prácticas de aprobación irregular de proyectos contaminantes tienen consecuencias catastróficas para todos los ciudadanos y el ambiente. Recordemos que Taym, la planta de tratamiento de residuos peligrosos, pudo instalarse en un terreno inundables porque el actual Ministro de Ambiente, Fabián López, que, por entonces, era director de DIPAS, les facilitó a la empresa de Benito Roggio un pseudo-certificado de no inundabilidad.
Hoy, no enfrentamos a la misma realidad. Las pruebas de la inaptitud del predio están frente a todos. Las evidencias de la corrupción también. ¿Cuándo tendremos JUSTICIA?
*Por Santa María sin basura / Imagen de portada: ECOS Córdoba.
