El paraíso en guerra
El pueblo chileno continúa en las calles, demostrando que la represión ordenada por el gobierno no puede doblegar sus demandas.
Por Carlos Morales Alfaro, desde Chile, para La tinta
El 18 de octubre, en Santiago de Chile, fue el día en que todo estalló. Las demandas y peticiones populares acumuladas por décadas en los escritorios del Estado fueron el combustible para la ignición. En la tarde de ese viernes, el ministro del interior, Hernán Chadwick, invocaba la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los manifestantes. En la noche, el presidente Sebastián Piñera anunciaba por cadena nacional la aplicación del Estado de emergencia. Un día para la historia.
Todo comenzó con la viralización de un video en el que un grupo de estudiantes secundarios se reúne fuera de una estación de metro para después ingresar corriendo sin pagar. Alegres, cantando y riendo. Niños a punto de emprender una travesura. La idea se replicó los días posteriores en más estaciones de metro, con más colegios uniéndose a la protesta contra el alza de 30 pesos en el transporte público. Desde el metro, cifraba en 1.000 la cantidad de personas que no pagaron su pasaje. 1.000 de un total de dos millones de personas que, a diario, se movilizan por Santiago. Eso bastó para que decidieran suspender el servicio en un día laboral al mediodía. Los estudiantes que protestaban, trabajadores que se devolvían a sus hogares, ancianos que no podían movilizarse de otra manera, todos ellos juntos. Y enfurecidos. El pueblo se encuentra a sí mismo en un lugar inesperado: sus sindicatos fueron domesticados, sus partidos neutralizados, sus comunidades desintegradas, sus barrios abandonados. Pero el metro los volvió a reunir.
Del lado contrario al renacer de los sentimientos de comunidad, surge el espíritu neoliberal en toda su pureza. Las imágenes de los saqueos, robos y destrucción que han recorrido las televisiones y redes sociales de todo el mundo expresan la lección aprendida de todos estos años: si hay crisis, te salvas solo. Algunos sectores de las clases menos favorecidas por los años de oro del capital especulativo, sin ningún tipo de esperanza en el ideal de la fraternidad, ven una oportunidad de arrancar a otros la abundancia material que se les ha prometido. Las fuerzas de orden y seguridad han permitido estos desórdenes¹ por mandato directo de los dueños de los supermercados multinacionales, tras una reunión de estos con el presidente. A veces de manera evidente, otras por medio de agentes encubiertos de civil. Hechos de vandalismo se han multiplicado desde el anuncio de toque de queda en varias regiones del país. Hay delincuentes que se sienten más seguros robando con un soldado apuntándoles la nuca. Guerra psicológica de manual.
El profesor Jaime Bassa, abogado constitucionalista, explicó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado² que la aplicación del Estado de excepción constitucional -conocido como Estado de emergencia-, en la práctica, se ha desarrollado con detenciones por parte de militares y la suspensión de las libertades de movimiento y reunión, ambas facultades que no han sido delegadas a la jefatura militar y que no se contemplan en un Estado de emergencia. Este tipo de medidas se corresponden con otra medida excepcional, que es el Estado de sitio, reservado solo para el caso de una guerra interna (“estamos en guerra”, según el presidente Sebastián Piñera). Este hecho constituye la mayor gravedad por tratarse de la violación de la Constitución y el Estado de derecho. Deberían rodar muchas cabezas cuando todo se aclare. En medio de este caos, las fuerzas militares han tomado las calles en actitud vengativa, disparando al cuerpo, amenazando a la gente en sus casas, golpeando indiscriminadamente a niños y ancianos.
Al 27 de octubre, las cifras de detenciones ilegales, muertes sin esclarecer, torturas, golpizas, violencia sexual y ataques con armas de fuego contra civiles son escalofriantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha realizado un último reporte³ que incluye más de 3.000 detenciones contabilizadas (de los cuales, 343 sonmenores de edad) y 1.092 heridos (más de la mitad por balas y perdigones). Y cada día se multiplican. La Fiscalía Nacional ha confirmado una investigación exclusiva destinada a aclarar las circunstancias en las que han fallecido 18 personas, de las cuales siete no se conoce su identidad. Otras cinco han sido asesinadas por agentes del Estado (una persona por atropello y cuatro por disparos con armas de fuego), por lo que ya hay dos militares formalizados. Los recuerdos de tiempos oscuros aterrorizan a los más mayores.
La oposición en el Congreso evalúa aún qué medidas implementar. La acusación constitucional sería un mecanismo legal que cuenta con todos los fundamentos para llevarse a cabo, pero que es poco viable políticamente. Cuesta creer que la ceguera con la que el gobierno ha enfrentado la situación no haya generado ninguna fractura en el bloque oficialista. O existe un plan bien coordinado o están dispuestos a hundirse todos en el mismo bote. Las propuestas del gobierno para aplacar la furia popular no pasan de ser subsidios al sector privado, maniobra que no ha contentado a la gente que, en masa, vuelve a salir a las calles día a día.
El movimiento de impugnación arrastra tantas demandas como personas que participan de él. En el fondo de las reivindicaciones, hay un malestar contenido contra los fundamentos del pacto de gobernabilidad pos-dictatorial: la Constitución de Augusto Pinochet, la privatización de los servicios públicos básicos, el saqueo de las élites económicas a los recursos naturales, la precariedad sostenida de los sectores medios, la mercantilización total de la vida, el desprecio de un grupo de privilegiados que no ve en ellos más que electores, etc. La articulación en clave democrática de estas demandas tendrá que luchar por ganarse un espacio en el largo plazo, frente al llamado al “orden” que enarbolan los medios de comunicación y el mundo empresarial. Llegará el momento en que la fabricación de un nuevo “hombre de orden” será menos costoso que mantener al actual. Es la principal amenaza de los movimientos democráticos. Declarar la guerra en el paraíso neoliberal y no ser capaz de pararla puede costar más caro de lo pensado.
1 https://www.youtube.com/watch?v=FHgBUJaSd1U
2 https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME
3 https://twitter.com/inddhh/status/1187421433351286784
*Por Carlos Morales Alfaro, desde Chile, para La tinta
