Según el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el decreto emitido por el Ejecutivo no respeta mandatos internacionales ratificados por Argentina. Naciones Unidas también exigió que el Estado revise todos los casos de expulsiones realizadas desde la sanción del DNU y mostró preocupación por situaciones de violencia policial.
Por CELS
Luego del proceso de evaluación que realizó al Estado argentino, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares instó al Estado “a que adopte medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto Nº 70/2017 y, en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación”. Además, señaló que el decreto es contrario a los mandatos de la Convención Internacional, que fue ratificada por el Estado argentino en 2007, y recordó el fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del DNU 70/2017, que se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas de todas las regiones del mundo. La solicitud que hizo llegar al Estado nacional es parte de sus observaciones finales sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en la Argentina.
El órgano de Naciones Unidas también exigió que el Estado revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del DNU y los que aún están pendientes de resolución. Durante el diálogo con el Estado, María Landázuri, integrante del Comité y relatora para la Argentina, retomó la decisión del Estado en el caso de Vanessa Gómez Cueva de autorizar su reingreso, y solicitó la revisión de por lo menos 125 casos de expulsión que afectan el derecho a la unidad familiar, que fueron informados por la Defensoría General de la Nación.
La experta, además, solicitó expresamente la revisión de los casos de Liz Moreta y Jhonny Quiróz.
En el contexto de las expulsiones que separan familias, el Comité instó al Estado a garantizar la unidad familiar de aquellas personas que hayan cumplido sus condenas cuando sus hijos/as estén radicados en la Argentina. Además, los niños, niñas y adolescentes deben ser tenidos en cuenta durante los procedimientos que afectan a sus padres. Deben tener acceso a una defensa especializada e independiente. Asimismo, solicitó que el Estado busque soluciones alternativas a la detención para fines de expulsión y remarcó que esta debe ser usada como medida de último recurso.
Respecto de las leyes y regulaciones a nivel federal y municipal que fueron sancionadas después del DNU, el Comité consideró que son contrarias a la Convención y restringen los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, en particular, el derecho a la salud, como en los casos de Jujuy y Misiones.
El Comité mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía, de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil. También señaló que los trabajadores informales tienen dificultades para acceder a opciones para su regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de abuso por parte de las autoridades.
Instó al Estado, en ese sentido, a reconocer el trabajo autónomo como un criterio para acceder a la residencia. Además, el Comité solicitó que el Estado adopte medidas para reducir las tasas migratorias y los plazos de los trámites de regularización. También, pidió al Estado que facilite el acceso a los medios tecnológicos y asistencia en las oficinas de Migraciones para la solicitud de la radicación online.
Por último, el Comité advirtió al Estado por los discursos de las autoridades y medios de comunicación que asocian a las personas migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Pidió al Estado que adopte medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios sobre las y los migrantes.
Las observaciones finales del Comité obligan a las agencias del Estado, en sus distintos niveles, incluido el Poder Judicial, a retomar y profundizar una política migratoria basada en los derechos de las personas migrantes, en lugar de la política inaugurada por el DNU que las criminaliza.
*Por Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Imagen de portada: La Obrera Colectivo Fotográfico.
