Un amparo contra la basura de Macri
El pasado viernes, cooperativas de trabajo cordobesas nucleadas en Trabajadores del Ambiente – Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores presentaron una Acción de amparo en Tribunales Federales contra el Decreto de Macri para eliminar controles que impidan el ingreso de basura al país y entraría en vigencia el próximo 28 de septiembre.
Por Agustin Mingorance para La tinta
La acción de Amparo Colectivo y el pedido de Medida Cautelar contra el Decreto 591/19 fue presentada por Carlos “Purruco” Andrada, presidente de la Cooperativa Carreros La Esperanza, y Antonio Aranda, presidente de la Cooperativa de Cartonerxs Podemos, con el patrocinio de abogadxs de la Federación y del Espacio Jurídico Deodoro Roca. Estuvieron presentes compañerxs de la ciudad, Villa María y Río Cuarto; también acompañó la jornada el Secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Córdoba, Pablo Nori Montes.
El Amparo
Entre los principales argumentos del escrito presentado, están, por un lado, la regresividad de la norma, ya que modifica gravemente la prohibición de importación de todo tipo de residuos al dejar de exigir el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Este certificado, que implicaba un control físico-químico por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en la nueva normativa, es reemplazado por la condición de “valorización” de los residuos para ser importados. Es decir, que hayan pasado por un proceso mecánico: el PET triturado, el cartón enfardado o los metales compactados, por ejemplo.
Como afirma el amparo: “Genera las condiciones de potencialidad de un riesgo ambiental y un riesgo en la salud de los trabajadores del sector, a lo que debe sumarse que la falta de control de inocuidad permite que se reciclen materiales contaminados e ingresen nuevamente en la industria y comercialización, haciendo imposible un control posterior, lo que nos llevaría a la consumación del daño ambiental y en la salud de la población”. Si consideramos que los demandantes de estos “insumos” son, entre otras, industrias vinculadas a la producción de envases de alimentos y bebidas, y de higiene personal-doméstica, el riesgo sanitario de la medida se vuelve inestimable.
Por otro lado, desmiente el argumento oficial sobre la importancia del ingreso de estos materiales para el desarrollo industrial, ya que la Argentina no logra procesar más del 25% de los residuos que genera su población. Este número, en Córdoba, se hace aún más escandaloso por el bajo porcentaje de recuperación de materiales para el reciclado, enterrándose enormes cantidades de RSU.
La imposibilidad que tiene el país de procesar y reciclar más y con mejores condiciones reside principalmente en la falta de políticas para el sector que lo viene realizando históricamente -Cartoneros, Carreros y Recicladores-. Y las condiciones casi monopólicas en las que operan las principales empresas recicladoras. “En este sentido, el decreto cuestionado luce falaz y ambiguo cómo podría aumentar la cantidad de residuos por importación sin tener la infraestructura necesaria y sin el reconocimiento formal de los trabajadores del sector”, rematan.
La Asamblea
Por la tarde del mismo viernes 20, se realizó una Asamblea de carreros, cartoneros y recicladores en Villa La Lonja. Allí, se informó sobre las implicancias del Decreto y las acciones que se vienen realizando a nivel federación. Por ejemplo, la presentación de un pedido de revocatoria y movilización en CABA y otros ámbitos institucionales, entre los que se destaca el rechazo del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), máxima autoridad ambiental de la Argentina.
También se discutieron las problemáticas del sector en la provincia de Córdoba, exclusión de las cooperativas de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y falta de reconocimiento estatal de la labor ambiental que realizan los trabajadores. Algunas cooperativas de la ciudad no reciben ningún ingreso municipal como Los Cuadraditos-MTE; otras hace años vienen exigiendo la creación de un punto verde para poder reciclar, como La Esperanza. El panorama en el interior es similar, las cooperativas Recuperadores Urbanos Río 4, de Río Cuarto y 7 de Febrero de Villa María contaron que la empresa Cotreco hegemoniza y excluye a los actores que afectan el desarrollo de sus negocios con la basura. Además de las ya mencionadas, estaban la Cooperativa de Trabajo Luna Nueva y Los Carreros de Villa Urquiza. Esta última se hizo presente con su fundadora, Chinina Zamora, una de las referentes históricas del movimiento carrero de Córdoba.
Estos diagnósticos particulares se hicieron en relación a uno de los ejes que se viene discutiendo y tomando forma en un proyecto común: el reciclado. Una actividad transversal a todas, que ya realizan, pero que se puede y debe desarrollar tecnológicamente y mejorar los procesos de trabajo para crecer productivamente y aumentar los ingresos. En un momento histórico donde la sensibilidad ambiental comienza a permear en sectores medios y consumistas, es momento de que los trabajadores de la economía popular que reciclan no sólo reciban un reconocimiento, sino también un incentivo por su labor.
Entre sus discursos, también reivindicaron la identidad de “Trabajadores del Ambiente”, ya que para ellos esta va acompañada de un piso de dignidad sobre el cual salir a exigir mayores derechos laborales. En este sentido, destacaron la importancia de la actividad de ese día: ser los impulsores en la provincia de una medida que servirá para proteger no sólo los intereses del sector, sino a toda la sociedad y el ambiente. Simbólicamente, de ser los marginales y abyectos carreros o cartoneros, a plantarse por el bien común frente al poder del establishment local y hasta mundial.
*Por Agustin Mingorance para La tinta.
