Ayotzinapa: Atrapados en la noche de la impunidad
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es evidente la responsabilidad conjunta del Estado, sus fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada.
Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Sigue siendo de noche para las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. La trágica noche del 26 de septiembre de 2014. A pesar de que han transcurrido 1.820 días, el tiempo se ha difuminado. Sus pies han recorrido miles de kilómetros sin dar con el paradero de sus hijos. Su palabra ha sido escuchada en todo el país, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto los ignoró. Su verdad histórica se hizo añicos con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El reclamo de justicia de las madres y padres trascendió las fronteras nacionales y los rostros de los 43 dieron la vuelta al mundo.
Fue la noche de Iguala la que sacudió la conciencia de México y el mundo, la que desenmascaró el pacto de impunidad que existe entre las autoridades y la delincuencia organizada. Por los cinco autobuses que los estudiantes se llevaban de la central camionera de Iguala, se desató la violencia perpetrada por policías. Los primeros disparos fueron al aire, pero a la medida que los autobuses avanzaban sobre la calle Juan N. Álvarez, los policías que se trasladaban en varias patrullas comenzaron a disparar directamente contra los autobuses. Todos estos hechos fueron conocidos por la policía estatal, federal y el ejército a través del C-4. Los disparos de la policía alcanzaron al estudiante Aldo Gutiérrez en la cabeza, quien junto con otros compañeros trataba de quitar la patrulla que obstaculizaba el paso de los autobuses. Fue después de varias llamadas que hicieron sus compañeros a la Cruz Roja, cuando una ambulancia fue en auxilio de Aldo.
Cuando tres de los autobuses se encontraban totalmente detenidos, a causa de la balacera protagonizada por los policías, unos 15 normalistas se bajaron de los primeros dos autobuses para protegerse en el espacio que había entre el primer y segundo autobús, mientras los agentes policiales disparaban contra ellos desde atrás. Los normalistas que iban en el tercer autobús sufrieron otro ataque, pues su unidad estaba rodeada de numerosos policías. Uno de los normalistas, que resultó herido, había bajado del autobús con un extinguidor para enfrentarse a la policía y tratar de evitar los disparos. En su intento, fue alcanzado en el brazo por una bala, dejando abundante sangre dentro del autobús. Los estudiantes fueron obligados por la policía a bajar del camión con las manos en alto, quedaron tumbados en el suelo en fila, uno al lado del otro, mientras les apuntaban con armas de fuego.
Cuando la caravana de los tres autobuses era atacada en el cruce de la avenida Juan N. Álvarez y periférico norte, un cuarto autobús se había adelantado a la comitiva saliendo por otro camino, en dirección a Chilpancingo. Sin embargo, el autobús fue interceptado por al menos dos patrullas de la policía, que los persiguieron disparando sus armas de fuego. El autobús quedó debajo del puente El Chipote, frente al palacio de justicia de Iguala. Todos los normalistas que iban en ese autobús fueron detenidos y están desaparecidos. Uno de los estudiantes que iba en esa unidad, informó a otro compañero que estaban siendo agredidos por los policías. Se tiene información de que en ese lugar había dos patrullas de la policía federal y una de la ministerial. De acuerdo con la declaración de un agente de inteligencia militar, a las 22 horas se desplazó hacia el palacio de justicia, donde se encontraba el cuarto autobús interceptado por la policía municipal de Iguala. Informó que estuvo en el lugar durante una hora, dando por hecho que la acción de bajar y detener a los estudiantes se realizó durante un tiempo largo, sin que ninguna autoridad municipal o estatal interviniera en favor de los normalistas. De acuerdo con un testigo, los jóvenes fueron trasladados en las patrullas en dirección a Huitzuco.
Para el GIEI, los 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de dos autobuses y dos escenarios diferentes: la estrella de oro 1568 y la estrella de oro 1531. Del primer autobús, fueron un número de estudiantes en la calle Juan N. Álvarez a la altura del periférico, y del segundo autobús fueron bajados otros estudiantes, en la salida de Iguala hacia Chilpancingo, a la altura del palacio de justicia. Con base en el análisis de la telefonía, así como de declaraciones de estudiantes sobrevivientes, y por el reconocimiento de unas prendas de ropa pertenecientes algunos de los desaparecidos por parte de sus familiares, el GIEI logró ubicar, dentro de esos dos autobuses, a 35 de los 43 estudiantes desaparecidos, siendo ocho normalistas los que no pudieron identificar en cuál de los dos autobuses viajaron.
Después del ataque de los policías y la detención de los normalistas, los estudiantes que ahí permanecieron, procedieron a proteger el lugar para marcar las evidencias de la agresión. Ante la presencia de periodistas, improvisaron una rueda de prensa en el mismo escenario de los hechos. Cuando transcurría la conferencia, se produjo un nuevo ataque contra los estudiantes. A las 12:30 horas pasó una camioneta blanca con antena de radio con varias personas. Al menos tres salieron de los vehículos, vestidos de negro y encapuchados, y empezaron a disparar. En este ataque mataron a Daniel Solís Gallardo y a Julio Cesar Ramírez Nava. Los dos acababan de llegar para apoyar a los normalistas que habían sufrido el primer ataque. En esta agresión resultó herido de gravedad el estudiante Edgar, quien también había llegado en auxilio de sus compañeros. Mientras tanto, Julio Cesar Mondragón se encontraba sentado a un costado derecho del primer autobús. Cuando se dio el ataque, los estudiantes y más personas que estaban presentes en la conferencia salieron corriendo en diferentes direcciones. Algunos se refugiaron bajo unos coches, y posteriormente en una azotea. Otros corrieron hacia un predio y otros se refugiaron en dos casas situadas cerca del lugar de los hechos. Tiempo después de la balacera, empezó a llover. Por la mañana del día 27, Julio Cesar Mondragón apareció asesinado y torturado. Su caso muestra el nivel de atrocidades cometidas esa noche por agentes del Estado y miembros de la delincuencia organizada.
A pesar de estos hechos que se han documentado, es inverosímil que ninguna de las personas detenidas haya declarado sobre quién dio la orden de sacar a los normalistas de Iguala, para supuestamente entregarlos a un grupo de la delincuencia organizada, conocido como “Guerreros Unidos”. Esta grave acción aparece como algo realizado de manera espontánea y sin que fuera dirigida por alguien. Aparece como un hecho fortuito, como un mero accidente. De este vacío informativo es donde se forjó la verdad histórica, desarrollando la teoría de que los normalistas habrían sido entregados al grupo “Guerreros Unidos”, quienes habrían asesinado y quemado los cuerpos de los 43 estudiantes, hasta hacerlos desaparecer casi por completo en la madrugada y el transcurso del día 27 de septiembre.
Esta es la noche de los cinco años de impunidad, en la que el gobierno de Enrique Peña Nieto se empeñó en proteger a los responsables de estas atrocidades. Fueron las madres y padres de familia, junto con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, quienes ganaron las calles y la opinión pública para mostrar esta estructura macrodelincuencial, que ha utilizado al aparato de justicia y a las corporaciones policiales para proteger intereses de las elites políticas y económicas.
Iguala es el microcosmos que condensa la tragedia nacional. Es la expresión más funesta de cómo funcionan los gobiernos municipales, donde el presidente se erige como el jefe de la mafia, y en la que el gobernador funge como encubridor y protector de estos grupos político-delincuenciales. En esta telaraña de intereses, las corporaciones policiacas de los tres niveles, con el apoyo del ejército, se coluden con la delincuencia organizada para garantizar el trasiego internacional de la droga. Las autoridades federales forman parte de la cúpula que ha funcionado como la gran mafia del poder, para mantener intocado los negocios trasnacionales.
Las madres y padres de familia han sido los baluartes de esta lucha sin cuartel; son la fuerza que ha agrietado el caparazón de la impunidad, la palabra verdadera que ha ido desmontando este sistema corrupto. Han dado un gran paso para cruzar este umbral de la mentira y el oprobio, para transitar a la verdad y a la justicia.
Se cumple un año en que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de crear la comisión presidencial para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En estos 12 meses, no se ha podido avanzar de manera sustantiva en las líneas de investigación trazadas por el GIEI; por el contrario, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) han dejado grandes grietas, que han permitido la liberación de muchos detenidos. Por eso, es urgente recomponer las investigaciones, realizar intervenciones eficaces orientadas a subsanar estas deficiencias, eliminar los vicios de origen de una investigación marcada por la tortura de los detenidos y por una teoría sin sustento científico. No hay más tiempo que perder, se tiene que sanear la investigación y establecer bases sólidas para entregar resultados tangibles a las madres y padres de familia.
Este 26 de septiembre tenemos que unirnos al clamor de justicia de las madres y los padres que han dejado claro al presidente López Obrador que la cuarta transformación no será posible sin dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
*Por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
