Ecuador: el rostro de las mujeres criminalizadas por abortar
La Asamblea Nacional de la República del Ecuador discutió este martes las reformas al Código Penal. Entre ellas, estaba la posibilidad de extender la despenalización del aborto en situaciones de violación, incesto, malformaciones letales del feto e inseminación artificial no consentida. Los votos no fueron suficientes para cambiar una situación legislativa que no se modifica desde 1938. El aborto es legal en Ecuador en dos causales: riesgo en la salud o vida de la persona embarazada; y en caso de violación de una mujer con discapacidad mental. Quienes interrumpen sus embarazos o permiten que otra persona se lo cause, pueden ser sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Entre 2014 y 2018 hubo 307 noticias de mujeres criminalizadas por aborto en Ecuador. Compartimos este artículo sobre estas historias. Es parte del especial «Hablemos de aborto», de las colegas de Wambra.
Por Wambra Medio Digital Comunitario para LatFem
María estaba ante un juez:
– Señor Juez, el día viernes saliendo de mi trabajo tuve una caída y no le presté atención y fui al baño y sentí que me oriné, pero en vez de orina salió bastante sangre, después de eso compré una toalla sanitaria y me la puse, pensando que era la menstruación. (…) El día lunes esperé y me fui a la Maternidad para hacerme atender y me hicieron un eco y me dijeron que no tenía nada y que me iba a hacer una limpieza, pero nunca me dijo que estaba embarazada. Luego me detuvieron.
María, afro ecuatoriana, de veinte años, jefa de hogar, a cargo de su hijo y de su madre, ambos con discapacidad mental, es una de las mujeres criminalizadas en Ecuador por aborto consentido. Su testimonio lo recoge Surkuna, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres, en el libro “Códigos Patriarcales Construyendo desigualdades. Realidades sobre criminalización y judialización de las mujeres en el Ecuador” donde se analizan siete casos de mujeres judicializadas por el delito de aborto consentido, establecido en el Art 149 del Código Integral Penal (COIP). Incluyendo el de María, todos los casos son de mujeres jóvenes; de dieciséis a veinte y cinco años; cuatro de ellas son afroecuatorianas, mulatas, negras; dos son indígenas y una mestiza; todas empobrecidas. Esta es la razón por la que las autoras del texto afirman que el aborto en Ecuador es un problema de injusticia social, ya que “solamente unas mujeres con ciertas características concretas son recluidas, enferman o mueren”.
Al igual que María cada año 21.939 mujeres llegan al sistema de salud pública en busca de atención por un aborto, según el Ministerio de Salud Pública, muchas por abortos espontáneos, otras por abortos provocados, todas para precautelar su vida o salud. María tuvo un aborto accidental, a pesar de esto en la maternidad pública la denunciaron. Después de ser judicializada estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses.
Las denuncias
Martha, mujer indígena, de 23 años, empobrecida, llegó al hospital con un aborto incompleto. Había sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, lo que le llevó a decidir buscar un aborto. Nada de esto fue considerado como eximentes a su favor. Fue denunciada en un hospital público. Después de ser judicializada y sentenciada, le dieron suspensión condicional de la pena. Según el estudio de Surkuna, a muchas de las mujeres criminalizadas por aborto se les imponen penas alternativas, pero estas medidas generalmente “se relacionan con roles asignados a las mujeres en tanto madres, una de las penas alternativas más comunes es ponerlas a hacer trabajo social, en guarderías u orfelinatos, esto con la intención de maternizarlas”.
Para conocer cuántas mujeres son judicializadas por abortos en Ecuador realizamos varias solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura. Los datos entregados son contradictorios. En la primera respuesta la Fiscalía envía un documento que registra 197 noticias de delito de aborto consentido entre enero 2012 a diciembre del 2018. Solicitamos la aclaración de varios datos, a lo que recibimos una segunda respuesta con el registro de 307 noticias de delito y su etapa procesal, desde el 2014 al 2018. Posteriormente realizamos una nueva solicitud, a la que la Fiscalía respondió, por tercera vez, con el registro de 286 noticias de delito por aborto consentido desde 2014 a Junio del 2019.
Las noticias del delito son las denuncias que llegan a la Fiscalía desde distintos lugares: ECU 911, Policía, hospitales o cualquier persona que dé a conocer el delito. En el caso de las mujeres judicializadas por aborto, la mayoría de denuncias se hacen desde el sistema de salud. En los siete casos que recoge el estudio de Surkuna, la mayoría de mujeres fueron denunciadas en un hospital o maternidad pública, solo una mujer fue denunciada en un hospital de una fundación católica sin fines de lucro. Esto coincide con la información proporcionada por la Defensoría Pública, que ha acompañado casos de mujeres judicializadas por abortos consentidos. En 2018, el entonces Defensor Público Ernesto Pazmiño, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, explicó que de los catorce casos que asesoraron, doce mujeres fueron denunciadas por médicos, médicas y enfermeras, todos de hospitales públicos y apenas dos por otras personas.
Los juicios
Las denuncias pasan a ser conocidas por un tribunal y se convierten en proceso judiciales, en ese momento la institución encargada de llevar el proceso es el Consejo de la Judicatura, que las registra como “causas”. En el documento de respuesta a la solicitud de información el Consejo de la Judicatura registra 134 causas legales ingresadas por aborto consentido entre 2014 y 2018.
El Consejo de la Judicatura registra las causas ingresadas de aborto consentido diferenciando los dos incisos del Art. 149 del COIP que establece que: “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”. Es así que de las 134 causas ingresadas, 80 son mujeres que abortaron de forma consentida y 54 son personas que acompañaron o hicieron abortar a las mujeres con su consentimiento, estas personas pueden ser médicos, madres, amigas, parejas, etc.
¿Cuáles son las provincias donde más mujeres son criminalizadas por aborto consentido?
La provincia que ha judicializado a más mujeres por aborto consentido es Pichincha, donde se registran 23 causas; le sigue Guayas con 15 causas, provincia con la mayor población afrodescendiente del país; en tercer lugar se ubica Morona Santiago con 13 causas y en cuarto lugar Cotopaxi con 10 causas, estas dos últimas provincias con alto porcentaje de población indígena.
Si bien Pichincha es la provincia donde más mujeres han sido judicializadas por aborto consentido, Guayas es la provincia donde más adolescentes han sido juzgadas. En esta provincia también se registra el mayor número de partos de niñas y adolescentes: 504 partos de niñas y 13.275 partos de adolescentes solo en 2017, según el Anuario de Nacimientos y Defunciones del INEC, 2017. Guayas también es la provincia con mayor número de denuncias por violación sexual, con 3.728 denuncias desde 2014 hasta 2018, de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.
El rostro
María, Martha, Josefa, Delfina, Margarita, Julieta, Verónica tenían menos de 25 años cuando fueron judicializadas por aborto consentido, la mayoría había alcanzado solamente la educación primaria, dos terminaron la secundaria y apenas una terminó la universidad, según el estudio de Surkuna.
Los datos del Consejo de la Judicatura confirman algo similar en cuanto a la edad de las mujeres judicializadas por aborto. De las 134 causas ingresadas desde el 2014 al 2018, 30 causas fueron contra adolescentes menores de 18 años, que representan el 22%. Esto es posible conocer ya que fueron juzgadas como adolescentes infractoras.
Los datos entregados por Fiscalía General del Estado y por el Consejo de la Judicatura no ofrecen información del nivel socioeconómico de las personas que han sido judicializadas, sin embargo, organizaciones de mujeres y de derechos humanos como Taller de Comunicación Mujer, Coalición Nacional de Mujeres, Surkuna y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), presentaron en febrero de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) el “Informe de Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador”, donde señalaron:
“El 100% de estas mujeres contaban con bajos recursos económicos, que un 69% de las mismas tenían entre 14 y 19 años, y que un 40% de los casos las mujeres son afro ecuatorianas. Estos datos demuestran la imbricación existente entre la criminalización del aborto y la pertenencia a grupos tradicionalmente excluidos, por lo que la penalización del aborto constituye un problema de injusticia social y discriminación”.
Las historias de las mujeres sentenciadas por aborto tienen varios puntos similares: son de barrios populares o sector rural, apellidos de ascendencia indígena o afro descendiente, trabajos precarios o desempleadas, bajo nivel de instrucción, menores de 25 años, muchas afirman haber sido víctimas de violencia de género, casi todas abortaron con pastillas y llegaron a los hospitales por sangrados, dolores, complicaciones a su salud. Esto se confirma al revisar una por una las sentencias de las causas de aborto consentido en el Consejo de la Judicatura. Cada año miles de mujeres llegan a los hospitales en busca de atención por un aborto en similares circunstancias a las de estas mujeres pero ¿por qué solo aquellas con este perfil son las denunciadas?
Pilar Rasa, abogada de Surkuna y Directora del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha, lo explica: “Cualquier mujer, no importa el estrato social, puede decidir abortar, ya sea por ser víctima de violación o por cualquier otra razón, pero, solo las mujeres pobres las que ponen en riesgo su vida al realizarse abortos inseguros, en condiciones precarias y frente a ello terminan en centros de atención de salud pública en donde las denuncian y su judicialización es inminente. Las mujeres de estratos medios y altos abortan en otras condiciones, en centros de atención en salud seguros en donde pagan, se respeta la confidencialidad y no las denuncian”.
Esta es la razón por la que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigth Watch, durante su visita a Ecuador explicó que, basado en estudios realizados en países donde el aborto está penalizado, la amenaza penal no desmotiva la práctica del aborto, sino que la vuelve insegura “se obliga a las mujeres a practicar una interrupción del embarazo en circunstancias ilegales, clandestinas, difíciles, sobre todo aquellas mujeres que no disponen los recursos para interrumpir su embarazo”.
María es esmeraldeña, tiene 26 años, 2 hijos menores de 10 años, es trabajadora sexual, su esposo está detenido en la cárcel de Esmeraldas. Fue acusada de aborto consentido, estuvo cuatro meses en prisión, cuando se sustituyó la medida cautelar, se le impuso presentarse dos veces por semana y llevar fotos del lugar donde trabajaba. Fue declarada inocente porque la Fiscalía no tuvo una sola prueba que demostrara que ella se provocó el aborto.
El estigma en la judicialización
A diferencia de otros delitos, el aborto consentido tiene un alto porcentaje de causas resueltas. Por ejemplo, en los casos de denuncias de delitos sexuales el porcentaje que recibió sentencia condenatoria es mínimo. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2017 se registraron 27.666 denuncias sobre delitos sexuales en todo el país; de estas, 4.854 son contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales se ha judicializado apenas la mitad. De esta mitad, solo 817 casos tienen sentencias condenatorias, mientras que en 271 casos el agresor fue absuelto. Esto quiere decir que de 4.854 casos de niñas y niños que denunciaron, apenas en el 17 % de los casos tuvieron una sentencia condenatoria.
En el delito de aborto consentido, de las 134 causas ingresas desde 2014, 112 fueron resueltas, esto quiere decir que el 83,56% de las causas ingresas por aborto consentido son resueltas. Según Judicatura, 35, que equivale al 31,25% de las causas resueltas, recibieron sentencias condenatorias de seis a tres años de prisión. La efectividad en sancionar este delito es alta, comparada con la efectividad en la sanción de delitos sexuales como la violación y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué sucede esto?
Ana Vera, abogada de Surkuna explica que en los juicios por aborto consentido opera la estigmatización de la mujer, desde el momento de la denuncia en el hospital y continúa durante el juzgamiento “lo que hemos confirmado es que el estigma pesa sobre estas mujeres sobre su rol de madre, y sobre la supuesta ruptura de ese rol. Esto hace que los procesos que enfrente sean procesos sin ningún tipo de garantía judicial, no se respeta el debido proceso”.
Las sentencias lo confirman. Las pruebas citadas para juzgar a una mujer son sus declaraciones durante la atención en el hospital, lo cual ya de por sí es algo ilegal, ya que una persona tiene derecho a brindar su testimonio con un abogado. Ana Vera, explica que muchas veces las pruebas son ilegales y no se respeta el principio de inocencia de las mujeres: “son obligadas a auto incriminarse, condicionando la atención médica a que ellas declaren”. Según la abogada otro de los principios que no se aplican en casos de aborto y parto es el de la duda razonable. En otros casos por ejemplo de feminicidio o violación se aplica la duda razonable para el feminicida o el violador, en cambio para las mujeres judicializadas por aborto “los jueces que tienen un montón de estigmas sobre estas mujeres, creen que tienen que ser condenadas y que tienen que pagar y ya, así lo resuelven”.
Es así que muchas causas concluyen con sentencia a través de procedimiento abreviado, es decir cuando la acusada es presionada para aceptar la culpa y a cambio obtiene una rebaja de pena. Alicia Contero, Coordinadora Nacional de Gestión de Defensa Pública de la Defensoría Pública, durante la gestión de Ernesto Pazmiño, explica: “Ante la presión prefieren acogerse a los dos meses de cárcel y ya salir para evitar más complicaciones”.
Otro denominador común es que varias reciben medidas sustitutivas como trabajos comunitarios y de limpieza, el pago de una multa, a pesar de que todas son de bajos recursos económicos, con hijos a su cargo, lo cual implica una precarización de su misma condición. Criterios como el haber sido víctimas de violencia de género, o tener una grave vulnerabilidad no son tomados en cuenta en estos casos. Alicia Contero, lo explica: “Si bien lo argumentos para defender los casos de aborto van por los criterios del género y de derechos de las mujeres, la norma lo penaliza como un delito, y mientras la norma siga penalizando, los jueces no van a dejar de sancionar a las mujeres”.
*Por Wambra Medio Digital Comunitario publicado en LatFem.
*Los nombres del estudio de Surkuna son los mismos citados en el estudio. Los nombres de las mujeres de las sentencias del Consejo de la Judicatura fueron modificados.
