“El gobierno chileno busca flexibilizar aún más las condiciones de trabajo”
Mientras en el país se discute reducir la jornada laboral, el gobierno de Sebastián Piñera pone todas las trabas posibles para que la medida no se convierta en ley.
Por Carla Perelló para Nodal
El proyecto de ley que buscar reducir en Chile la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales ya sorteó su primer obstáculo: tuvo aprobación en la Comisión de Trabajo y ahora aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue presentada en marzo de 2017 y es impulsada principalmente por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, del Partido Comunista. Entre los principales puntos se propone la modificación del artículo 22 del Código del Trabajo, y determina que no se podrá disminuir la remuneración actual de las y los trabajadores.
Sin embargo, desde el gobierno el propio presidente Sebastián Piñera sostuvo que es “inconstitucional” por comprometer -presuntamente- el gasto público. “No me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y se respete nuestra Constitución”, dijo sin descartar ningún mecanismo, incluido el veto.
Ante este escenario, Gael Yeomans, diputada por el Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Trabajo, explicó a Nodal la importancia de este proyecto.
—En 2003 ya hubo una discusión similar cuando Chile pasó de las 48 horas a las 45 semanales. ¿Cuál es la importancia del proyecto actual?
—Eso se discutió en el 2003 y se empezó a implementar desde 2005 hasta la fecha. Hoy seguimos manteniendo una jornada laboral extensa de 45 horas a la semana, que en comparación con los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la verdad es que estamos lejos de poder cumplir con los parámetros de las jornadas que tienen en otros lugares donde hay mayor tasa de productividad y, obviamente, mejores condiciones de vida en general.
Es necesario poder discutir estas temáticas y avanzar en esta materia, poner el bienestar de los y las trabajadoras como eje, sobre todo por las altas tasas de licencias médicas que tenemos por estrés laboral, por ejemplo. En Chile, tenemos una problemática a nivel social por la poca presencia de las madres y los padres en la educación y crianza de sus hijos e hijas, debido al ritmo de vida tan frenético.
Por otro lado, el gobierno está generando una agenda que busca flexibilizar aún más las condiciones de trabajo de las y los trabajadores, para poder disponer de sus horas de vida en pos de fines económicos de las y los empleadores. En este caso, en su mayoría, nos referimos a grandes empresarios. Esto sumado a los bajos salarios.
En Chile el salario no alcanza para vivir. Tenemos, yo diría, una ausencia del Estado en materia de garantía de derechos sociales que hace que sea imposible poder costear la vida y las necesidades básicas, por eso la idea en este proyecto es poner en el centro el bienestar de las y los ciudadanos. Eso ha generado también mucha simpatía en la mayoría de los chilenos y las chilenas. Y, por eso, también hay ánimo de que sea ley en el corto plazo.
—¿De qué manera podrían las trabajadoras y trabajadores disfrutar de esta nueva regulación en caso de que se apruebe?
—Con esta nueva legislación, las y los trabajadores van a contar con una hora más de vida cada día de la semana, sumando en una semana cinco horas menos de trabajo. Lo cual puede tener implicancias bien importantes en su calidad de vida. El poder ir a la casa más temprano, poder tener una hora más para estudiar, pasar con la familia, hacerse cargo de las tareas del hogar, que son invisibilizadas, pero también son un trabajo, y cuando se llega a la casa hay que hacerse cargo de ello. Obviamente, también estar más en la crianza de las y los hijos.
Creemos que este es un proyecto que está apuntado para la generalidad de las y los trabajadores. Creo que eso es importante en este caso, pero obviamente nos falta avanzar. Esto es solamente un pequeño paso en una materia específica. Tenemos que regular más las jornadas de trabajo y también tenemos materias pendientes, pero siempre creemos que lo importante en esta discusión es que se ha puesto en contradicción, se ha dejado expuestos, por un lado, a aquellos que quieren defender las condiciones laborales y de vida de las mayorías de los chilenos y chilenas y, por otro lado, a quienes quieren defender los intereses económicos de los grandes empresarios. Ya ha quedado en evidencia en el debate. Creo que eso es relevante porque finalmente los políticos y las personas han sabido en qué posición se debe estar para avanzar.
—Desde el sector empresarial se manifestaron en contra, y desde el gobierno plantean que el proyecto generaría un gran gasto fiscal por lo que sería inconstitucional, ¿esto es así? ¿Por qué? ¿Qué rol tendría el Tribunal Constitucional (TC) en ese caso?
—La verdad es que la constitucionalidad del proyecto es todo un debate. Nosotros afirmamos que el proyecto es constitucional, pero no lo decimos nosotros nada más, sino que también distintos académicos del mundo del derecho constitucional. Lo que está detrás de la visión del gobierno es quitarle atribuciones a las y los parlamentarios para que finalmente no podamos discutir ni presentar proyectos de ley en absolutamente ningún tema, porque supuestamente de manera indirecta puede generar gastos presupuestarios. Es decir, todo tipo de proyecto puede generar como consecuencia el aumento de gasto presupuestario, pero lo que está detrás es que cuando no les parecen ciertos proyectos de ley, cuando no están en acuerdo, buscan bajar la discusión a como dé lugar.
No se trata de que sea constitucional o no, sino más bien que están en contra del proyecto de ley. Llama la atención que haya parlamentarios del oficialismo que señalen que son ellos quienes van a tener que declarar la inconstitucionalidad, de esa manera se arrogan las competencias del Tribunal Constitucional (TC), que es el que tendría que decidir en caso de que denuncien la inconstitucionalidad de la norma después de ser aprobada. Se da en un contexto en el que, además, el Tribunal está cuestionado por su forma de designación, de elección, que es un cuoteo político (repartición de cargos) que, obviamente, tiene que cambiar en pos de que la democracia se vea fortalecida en Chile.
El cuestionamiento al TC es que funciona como una tercera cámara, no sólo revisando la constitucionalidad de las normas que se enmarquen respecto de la Constitución, sino más bien se embarca en una interpretación que llega a ser creativa de normas y eso va en contra de nuestra democracia. En este caso en particular, nosotros defendemos la constitucionalidad, creemos que es un agravio al Congreso el sostener lo contrario.
Finalmente, lo que quieren es quitarnos atribuciones en un sistema que es absolutamente presidencialista en exceso, y donde tenemos muy poca posibilidad de presentar mociones legislativas.
*Por Carla Perelló para Nodal
