¿Son comparables las políticas ambientales de Jair Bolsonaro y Evo Morales?
Los masivos incendios en la Amazonía destaparon una vieja polémica que involucra a gobiernos, empresas que imponen el agronegocio y pueblos originarios que defienden sus derechos.
Por Soledad Allende para Agencia Paco Urondo
Recientemente, vienen publicándose algunos artículos en medios de comunicación argentinos y bolivianos de tirada nacional, que intentan demostrar que Evo Morales, al igual que Jair Bolsonaro, debería ser juzgado por un delito de lesa humanidad relacionado con el de genocidio: el ecocidio. ¿Son comparables las políticas ambientales, económicas y sociales de ambos gobiernos? Los pueblos originarios, ¿se ven en el mismo modo integrados a las decisiones de gobierno? ¿La persecución política y el asesinato de líderes populares se da por igual en ambos países? Detrás de los desmontes en Brasil y en Bolivia, ¿se esconden los mismos intereses? Los juicios por ecocidio ante el Tribunal Penal Internacional, ¿son promovidos por los mismos sectores en ambos países? ¿Por qué las mujeres originarias vienen teniendo tanto protagonismo en la escena política?
Martin Schapiro y Leticia Martínez vienen realizando una investigación impecable acerca del vaciamiento de las políticas medio ambientales y de las agencias estatales de protección de los derechos de los pueblos originarios en Brasil. Este vaciamiento implica la ruptura de pactos internacionales de protección del medio ambiente y la modificación de leyes nacionales. Una ruptura que intenta justificarse con argumentos nazionalistas de no intervención extranjera, que nos recuerda a los argentinos que el actual gobierno decidió desconocer los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en las vísperas de la desaparición de Santiago Maldonado.
La acelerada deforestación del “pulmón del mundo”, y la persecución y asesinato de líderes de las comunidades que habitan la Amazonia, gracias a la injerencia de las corporaciones empresarias rurales ligadas al agronegocio y la minería, ha dado un salto radical e irreversible el 1 de agosto con el inicio del incendio: el día de la Pachamama, el mismo día que desapareció Santiago Maldonado; porque las derechas prestan especial atención a lo simbólico, aunque se expresen en los términos más brutales.
“No hay recursos” para apagar el incendio, dijo Bolsonaro. Cuando se trata de un incendio que él mismo ha provocado reduciendo las multas a la deforestación, desfinanciando la FUNAI, descabezando la secretaría medioambiental y agitando su discurso racista, misógino y de apología al delito. Y de éste modo se negó a aceptar la ayuda internacional durante 15 días. El mismo que aseguró como promesa de campaña que entregaría armas a los terratenientes para exterminar a los pueblos originarios de la Amazonia.
Ante la catástrofe natural que azota la selva amazónica, el primer mandatario en el mundo que hizo la inversión que requiere el salvataje de las posibilidades futuras de vida en el planeta, fue Evo Morales. El mandatario de uno de los países más estigmatizados del mundo, anunció la creación de un Gabinete de Emergencia Ambiental para combatir incendios y alquiló un avión cisterna para apagar el fuego que viene destruyendo la selva amazónica hace más de tres semanas. Un país estigmatizado por un discurso racista, xenofóbico, reaccionario, que lo describe como un país pobre, campesino, indio e ignorante, es el que se prestó inmediatamente a invertir en los recursos necesarios a tal fin. Ni la ONU, ni la OEA, ni ninguno de los gobiernos que hablan de derechos humanos sin personas, tomaron la decisión política de proteger el derecho a la vida. Donald Trump, casi un mes después, anunció que está preparado para colaborar. Emmanuel Macron tiene preocupaciones mayores aún, como la imagen pública de la primera dama.
Recientemente, Evo Morales ha sido severamente cuestionado por el Decreto Supremo 3973 que había promulgado el 9 de julio del corriente año, que autorizaba el desmonte controlado en los bosques de los departamentos de Santa Cruz y Beni, con el objetivo explícito de llevar adelante la expansión controlada de la frontera agropecuaria y agregar valor a la producción intensiva ganadera, a través de la industria frigorífica boliviana. Según dichos del mismo Morales, la necesidad de ampliar la oferta boliviana en el mercado exterior y abastecer la población en crecimiento fueron las razones que motivaron la decisión del Ejecutivo.
Con posterioridad a la promulgación de éste decreto, se produjeron los incendios del bosque seco chiquitano, y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y un diputado opositor están promoviendo un juicio donde se imputa al presidente de Bolivia por “ecocidio”, con el apoyo de ONG ecologistas, como “Medio Ambiente y la Vida”. Las organizaciones que impulsan el juicio político a Morales son las mismas que en 2016 se movilizaron contra su reelección, y que tienen su sede en los departamentos que concentra la Media Luna boliviana. Ésta estrategia viene desarrollándose a través de Carlos Sánchez Berzain, del Interamerican Institute for Democracy.
La Media Luna boliviana es la región que concentra la mayor parte de la población blanca y de poder económico del país, y el lugar donde han surgido los gobiernos oligárquicos bolivianos. De ahí que la iniciativa tenga ese tufillo que nos recuerda al exitoso impeachment que se impulsó en su momento para destituir a Dilma Rousseauf, y que inició el complejo proceso que llevó a Bolsonaro al poder.
Vale destacar que no fue el único conflicto que Evo mantuvo, por razones supuestamente medioambientales, con los factores de poder económico de Bolivia concentrados en la Media Luna. La ruta que pretendía unir Beni con Cochabamba, y que atravesaría el TIPNIS, se vio obstaculizada por las movilizaciones que se realizaron en La Paz, a pesar de que una parte de los pueblos originarios que residen en el TIPNIS estaban a favor de la construcción de la ruta, y que el camino posibilitaría al gobierno un acceso más equilibrado a los recursos económicos del país.
En todo caso, Bolivia, a diferencia de Brasil, cuenta con una institucionalidad que incorpora la mirada de los pueblos originarios a las decisiones de gobierno, y será a través de esa institucionalidad que deberá darse curso a éste conflicto nacional, mientras los dueños del mundo siguen destruyéndolo en el anonimato. El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con mecanismos de participación política que involucran a los pueblos en una democracia participativa, y seguirá perfeccionándolos. Si la política agropecuaria y ambiental de Evo Morales va en detrimento de los intereses nacionales, es un debate que puede y debe darse, pero no en los términos y con las estrategias de las derechas latinoamericanas.
Por todo esto, quien suscribe, considera que equiparar la iniciativa de los juristas brasileños de presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional, a la estrategia de desestabilización de la derecha en Bolivia es inadmisible. Ni la corrupción ni la destrucción del medio ambiente son temas que deben ser soslayados, pero debemos estar atentos a las estrategias de lawfare que se dan las derechas golpistas en América Latina, que siempre van acompañadas del linchamiento mediático.
Ni el ecologismo ni el feminismo son neoliberales por definición; en todo caso, son banderas que el onegeismo, en connivencia con los organismos internacionales, intentan apropiarse para imponer sus propios intereses.
La humanidad les debe a los pueblos originarios la conciencia de que la sustentabilidad económica y social es también sustentabilidad ecológica. Algo que aún no pueden comprender los que siguen aferrados a la idea de que la relación del ser humano con la naturaleza es de sometimiento, y que de eso se tratan la civilización y el trabajo. La magnitud de la crisis civilizatoria a la que asistimos, nos obliga a revisar los paradigmas de pensamiento que venimos sosteniendo acríticamente. Probablemente, la nacionalización de los hidrocarburos, una medida cuestionada por las metodologías clásicas de evaluación de costo-beneficio de los análisis económicos tradicionales, será resignificada a la luz de estos nuevos paradigmas. Vale decir que esos viejos paradigmas no sólo no incluyen los costos medioambientales de algunas políticas, también excluyen de sus mediciones a los bienes y servicios que producen más de la mitad de la población.
Evo Morales siempre supo que el orden y el progreso es un eufemismo que legitima la depredación de la naturaleza y la concentración de la riqueza. Lo sabe desde la cuna, porque es un saber ancestral, puesto en valor por el único Estado Plurinacional en Latinoamérica.
Pero hay algo más: el protagonismo de las mujeres originarias organizadas en la defensa de los recursos naturales y la identidad de los pueblos originarios no se explica sólo por el rol universal de las mujeres en la transmisión de la cultura. Se explica porque el patriarcado moderno, occidental e imperialista, es una de las herramientas fundamentales de expansión del capitalismo. Uno de los elementos ideológicos más fuertes de la matriz falogocéntrica de pensamiento, que caracteriza a la razón instrumental en su fascinación por las dicotomías, es la asociación de las mujeres a la naturaleza, y de los hombres a la cultura. De éste modo, ha legitimado la expropiación de la fuerza de trabajo de las mujeres como parte de un proceso más general de acumulación originaria.
Las mujeres son entonces, como la naturaleza, los recursos que el hombre (blanco, occidental, heterosexual y económicamente poderoso) debe dominar y explotar en función de una misión civilizatoria que nos ha conducido hacia la barbarie, en beneficio de cada vez menos personas, y con la complicidad de quienes siguen sosteniendo éste orden simbólico. Un orden que se sostiene a través de la más flagrante deshonestidad epistemológica, por una parcelita de poder en este mundo del sálvese quien pueda. Por eso el feminismo, la diversidad sexual y el indigenismo son los enemigos que construye el discurso de las derechas latinoamericanas.
Quienes entienden al poder sólo en términos de dominación, y que conducen con violencia porque no pueden conducir con política, jamás aceptarán que la autonomía de los proyectos a los que se sujetan la diversidad de componentes que integran una experiencia nacional y popular en el poder es necesaria. Esa diversidad se traduce en una convergencia, porque la fragmentación no se salda anulando la diferencia en aras de un proyecto monolítico, sino dando lugar a los debates. Esa convergencia hoy, en Bolivia, se expresa en la figura de Evo.
Aprendamos de Bolivia y dejemos los proyectos monolíticos para las derechas, o para las instituciones castrenses, que gustan de la uniformidad. Nosotres seremos responsables de ver cuánto del enemigo hemos incorporado a nuestros discursos y nuestras prácticas políticas. O veremos morir nuestros sueños calcinados.
*Por Soledad Allende para Agencia Paco Urondo
