¿Cómo luchar contra la impunidad de un Estado asesino? Testimonios de familiares de víctimas de represión estatal
El Estado argentino siempre ejerció la represión como método de control social, a pesar de la creencia general que supone que las desapariciones, torturas y muertes ocasionadas por integrantes del aparato de fuerza estatal culminaron tras el fin de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, gracias a la lucha de los y las familiares y personas que acompañan las causas de víctimas de la represión en democracia es que se logró conocer la mayoría de los casos en los que el Estado mata. En esta nota, dialogamos con algunas de ellas para comprender el largo camino por Justicia.
Por Giuliana Sordo para La Primera Piedra
En muchos sectores de la sociedad, la democracia no significó ninguna ruptura con la represión. Todo lo contrario. En los sectores populares y en los barrios más vulnerados por un Estado que solo aparece allí mediante sus agentes uniformados, las prácticas represivas que van desde el hostigamiento hasta la persecución, desaparición, torturas y asesinatos, son acciones cotidianas.
El número de personas asesinadas en democracia asciende a más de 6.500, dentro de las que la mayoría de las víctimas responde a jóvenes varones de los sectores más vulnerables.
Este dato que debería prender todas las alarmas no solo señala a un Estado que está lleno de sangre, sino a la impunidad con la que persiste este accionar: gracias a la invisibilización mediática y oficial y a la complicidad de un sector de la sociedad que, cuando conoce esta realidad, la avala.
Desde La Primera Piedra conversamos con algunas familiares -todas mujeres- y personas que acompañaron las causas de casos emblemáticos de la represión en democracia. Estos testimonios no buscan acotar los nombres de víctimas de un Estado asesino y desaparecedor sino que intentan abrir la perspectiva sobre cómo puede existir tal accionar de forma tan impune en una democracia que mata todos los días y, en paralelo, cuál es la seguridad que venden para que este ejercicio persista.
Celeste Lepratti: “Hay un concepto de seguridad que es muy hipócrita y que muchas veces la sociedad avala”
Hermana de Pocho Lepratti
El 19 de diciembre de 2001 fue asesinado Claudio “Pocho” Lepratti. En plena crisis social, en la cual el gobierno de aquel entonces -Fernando De La Rúa como presidente y Carlos Reutemann como gobernador de la provincia de Santa Fe- decidió reprimir brutalmente. Allí, parado en un techo del barrio Las Flores de Rosario lo último que llegó a decir -más bien exigir- fue: “Paren de tirar, hijos de mil putas, bajen las armas, acá solo hay pibes comiendo”. Luego, una bala de plomo le atravesó la garganta.
“La verdad es que luchar por justicia es un camino muy complicado, muy difícil, cuesta mucho más que en otros delitos que no son cometidos por alguien que representa al Estado porque el mecanismo ya está dado para que se le crea al agente, a quien está del lado del propio Estado».
«Esto es algo que venimos planteando hace muchísimo y que debería cambiar, porque claramente quiénes deben impartir Justicia están sometidos en muchas ocasiones a los intereses de turno”, señala Celeste Lepratti, hermana de Pocho, a La Primera Piedra.
Esteban “Ticky” Velázquez fue el único condenado por el asesinato: estuvo menos de 10 años en prisión efectiva, el resto de los policías imputados por encubrimiento fueron absueltos. Los responsables políticos de la represión nunca fueron juzgados.
Celeste Lepratti es actualmente concejala de la ciudad de Rosario y conversó con este medio sobre la persistencia de la represión en democracia: “La policía sigue actuando así. Lo vemos. Hasta hace algún tiempo familiares de las víctimas de diciembre de 2001 decíamos que ese diciembre se siguió dando dosificado si se quiere, pero sigue estando de la misma manera y está presente fundamentalmente en las barriadas como a cuenta gotas y, en estos últimos cuatro años, seguramente se profundizó”, indica en relación a la gestión de Cambiemos a nivel nacional, pero también de Miguel Lifschitz a nivel provincial, y agrega: “La verdad es que hay una profundización de la represión. Hay un concepto de seguridad que es muy hipócrita y que muchas veces la sociedad la avala”.
“Hay distintos elementos por los cuales la policía no solo se siente sino que es impune y eso garantiza que las prácticas se repitan y no sean revisadas ni erradicadas”, señala Celeste en relación a las instituciones de fuerza estatales. En este sentido, también refuerza la idea del objetivo constante de estas prácticas sobre los sectores más vulnerados:
“Hay un claro sector que siempre es el más afectado y que es víctima permanente de estos supuestos programas de seguridad y militarización, que son los sectores de población más vulnerable”, y enfatiza: “No ha habido gobiernos en ningún nivel que planteen al menos algún cuestionamiento a este modo de pensar la seguridad, sino que al contrario vienen profundizándola”.
A pesar de la impunidad imperante en estos casos y la lucha, a veces, agotadora contra el Estado, cada familiar siempre suele encontrar la respuesta en la organización colectiva. “Hay una cuestión muy esperanzadora que tiene que ver con los sectores de jóvenes que vienen cuestionando este rol del Estado. Ahí podemos ver una veta de algo que empuje un cambio”, señala Celeste y concluye: “No hay modo de encontrar una respuesta o empezar a transformar todo lo que nos pasa sino es juntándonos, no hay una salida individual, siempre es colectiva. Tenemos que ser conscientes de eso y de trabajar colectivamente para transformar el Estado en otra cosa, que garantice una vida en dignidad. El lugar donde tenemos que resistir y del que no podemos irnos nunca es la calle”.
Mónica Alegre: “No todos los gobiernos matan de la misma manera, pero todos lo hacen por acción u omisión”
Madre de Luciano Arruga
El 31 de enero de 2009, Luciano Arruga fue visto por última vez con vida mientras era detenido por la Policía Bonaerense. Luego de esa noche, estuvo desaparecido por cinco años y ocho meses hasta el 17 de octubre del año 2014, cuando se encontró su cuerpo enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. La Justicia recién ese año había aceptado la presentación del Habeas Corpus. Su cuerpo jamás se hubiese encontrado sino fuese por la lucha incansable de su familia, la organización de amigos y amigas y las organizaciones populares que lograron arrancarle la verdad al Estado.
“No se si tomé un rol más relevante, pero quizás me di cuenta que como estaba siendo no llegaba nada y que cada vez eran más los pibes desaparecidos. Vos vas aprendiendo a luchar a medida que vas transitando, el camino es largo y es duro. Cada uno tiene sus tiempos, su espacio, el dolor no es el mismo, los tiempos no son los mismos. Simplemente te das cuenta de que sumida en el dolor, en la angustia y en la desesperación no vas a arreglar el mundo, simplemente te vas a ir muriendo poco a poco”, señala Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, sobre el camino de lucha que emprendió junto a Vanesa Orieta, la hermana del joven que tenía tan solo 16 años al momento de su desaparición.
En la actualidad, Mónica participa en cada acto y movilización contra la represión del Estado: “No todos los gobiernos matan de la misma manera, pero todos lo hacen por acción u omisión. Lamentablemente el Gobierno pasado ha levantado y se ha jactado de levantar la bandera de los derechos humanos y se han envuelto en ella, a pesar de que fue uno de los gobiernos y los mandatos que más desaparecidos tuvo en el tiempo. Sin ir más lejos empezamos con Julio López que ya nadie se acuerda y seguimos con tantísimos otros, entre los que está mi hijo y la lista sigue. Así que levantaban una bandera que no les corresponde”.
“Este gobierno es más rudo, es más cruel, lo hace abierta y libremente: que salga una ministra y diga que pueden tirar a matar o que un presidente abrace a un asesino sin importarle lo más mínimo la vida de un ser humano, es ejemplo de eso”, afirma en relación a la gestión de la Alianza Cambiemos de estos últimos años. Sin embargo, entiende que no se trata de algo excepcional en el tiempo, ni producto de una ministra en particular: “Es el Estado, siempre fue así”.
Mónica se ríe cuando le dicen que vive en un sistema democrático: “Como puede ser una democracia cuando están exterminando a nuestros pibes. Lamentablemente el Estado avala, el Estado apaña, el Estado es cómplice que una persona desaparezca”.
En ese sentido, entiende que se trata de prácticas que vienen desde una “vieja escuela” y que en la actualidad “se le dio mucha libertad y mucho poder a las fuerzas policiales”. Por eso, ella encuentra una única solución frente a esta impunidad y este rol asesino del Estado: “Habría que cambiar todo”. Modificar y dar vuelta todo de raíz.
Angélica Urquiza: “Instalaron que el pibe pobre tiene que desaparecer”
Madre de Kiki Lezcano
El 8 de julio de 2009, Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años y Ezequiel Blanco de 25, salieron de sus casas en la Villa 20 en Lugano hacia Flores. Nunca llegaron. En el medio fueron asesinados por el ex agente de la Policía Federal, Daniel Santiago Veyga, junto a otros efectivos que no lograron ser identificados. Su cuerpo fue encontrado por su familia dos meses y medio después, a pesar de que ya había sido enterrado como NN e identificado desde el 13 de julio, al igual que Ezequiel Blanco. Lo siniestro de los y las agentes del Estado.
Ocho años después el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 absolvió a Veyga a pesar de que las pericias demostraron que se trató de una ejecución y no de un caso de legítima defensa. “En el primer momento me sentí morir nuevamente. La soledad me invadió y me dije esto no es lo que quiero. Más allá de que no haya ganado el juicio, sabía que esto podía suceder, lo sabía, pero es muy difícil».
«Entonces me levanté contra esa impunidad y sabía que algo tenía que hacer, porque el juicio ya lo gané hace nueve años y medio cuando encontré a Kiki. Se los gané porque ellos lo hicieron desaparecer”, señala Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lezcano. A partir de allí, planificó un comedor y luchó con más fuerza para hacer visible todo el caso de su hijo y tener su memoria activa: “Que no haya condena no me paralizó”.
Angélica conversó sobre el camino para lograr justicia y la diferencia que ella siente respecto a las últimas gestiones del Estado: “Más allá de que lo que le pasó a Kiki fue en el gobierno anterior, lo que entendí y lo que comprendo es que, por lo menos, teníamos el oído que nos escuchaba e investigaban. Por eso llegue a reabrir la causa y llegar al juicio”, dado que al comienzo de la causa el único imputado había sido sobreseído, y agrega: “Si hubiese sido con este gobierno que tiene la doctrina chocobar, no hubiese podido. Yo sabía que cuando se da el juicio se da en esta gestión que ya había dicho que no iba a permitir que un policía o una fuerza de seguridad se tire por la ventana y eso infirió en el juicio. Sabía que iba a ir por una respuesta como la que tuve”.
“A este Estado no le importa el pobre, no le importa la juventud. Si bien se dice que tenemos que defender la democracia porque no hay desaparición de personas ni hay asesinatos, es todo mentira eso”, reflexiona sobre el rol de un Estado que nunca abandonó esos vicios represivos. Angélica entiende con el cuerpo lo que es pasar por la desesperación de una desaparición: “Ahora no lo hacen como en los ’70. Eso me decían en la policía, que no era otra época y yo les decía que sabía que no pero que mi hijo no estaba. A mi hijo lo hicieron desaparecer y lo enterraron como NN. Si nosotros no hubiéramos tenido a Ezequiel Blanco en la morgue no lo encontrábamos más a Kiki, como no encontró Norita, como no encontró Rosa Bru, como no encontraron todos esos casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No hay desaparición de personas?”.
La sociedad muchas veces se oculta o ignora, otras veces acusa y es cómplice.
“Están aquellos que dicen que los chorros vienen de alguna villa, que son los pobres y eso la gente lo toma tan normal. Instalaron que el pibe pobre tiene que desaparecer, sino mirá a la gobernadora de la provincia que dijo para qué va a haber facultades si nosotros los pobres y los humildes no vamos a llegar nunca”, denuncia.
Ante los pedidos mediáticos y sociales por seguridad, la realidad en los barrios es muy diferente, por eso concluye: “Lo que pasa es que la gente toma tan natural decir “algo habrá hecho el pibito, los policías no son tan malos, no van a ir a buscar a un pibe que estudia, seguramente este hizo algo”. Está tan instalado y es tan difícil, porque cuando me siento en una reunión ellos piden más seguridad, entonces, yo como mamá y la autoridad que me da el amor que le tengo a mi hijo, y que no tengo nada que esconder porque yo lo cuidé, lo eduqué y me lo mataron y me lo hicieron desaparecer igual. Entonces digo: yo seguridad entiendo pero sabe que, que su seguridad no sea mi inseguridad, que no sea la que le vuela la cabeza a los pibes”.
Cristian Bonin: “No hay que esperar buenas investigaciones del Estado y menos si en el delito participó alguna fuerza de seguridad”
Impulsó la causa por Daniel Solano
Daniel Solano desapareció el 5 de noviembre del año 2011 en Río Negro. Ese mismo año había llegado desde Tartagal, Salta, a Choele Choel, la ciudad ubicada en el departamento de Avellaneda de la provincia, para trabajar como “golondrina”. Él peleó por el derecho de los trabajadores y preparaba un reclamo junto a sus compañeros cuando fue secuestrado y asesinado. A la salida del boliche Macuba recibió una brutal golpiza y su cuerpo fue desaparecido para ocultar el homicidio, aún hasta el día de hoy.
Mediante la lucha de su familia y organizaciones, principalmente de Gualberto Solano, su padre, que murió durante el 2018 a la espera del juicio, se logró probar el asesinato e imputar a los agentes responsables de la muerte y la desaparición forzada. Siete policías fueron imputados y condenados a perpetua hace un año por estar comprobada su participación en la desaparición y muerte del joven. Cristian Bonin, sacerdote de Choele Choel que acompañó desde el primer minuto el Caso Solano y brindó su ayuda a Gualberto Solano cuando vio la desesperación de buscar a un hijo, conversó con La Primera Piedra sobre la lucha por Justicia: “Las causas en donde hay un episodio de injusticia lo que necesitan es Justicia. Entonces: es necesaria la complementación de singularidades, personas, organizaciones, gente con vocación por lo justo para cuidar a la familia, amplificar su voz, valorar lo que tiene para decir y participar del proceso judicial, muy atentos, acompañándose los unos a los otros hasta llegar al juicio”.
“Es fundamental lo que se litigue en el terreno de lo judicial, que es el mecanismo para dilucidar las causas y responsables que hay detrás de una injusticia”, señala Cristian. La complicidad entre empresarios, Poder Judicial y agentes de la institución policial forman un entramado siniestro de ocultamiento y silencio sobre la desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano.
En ese sentido, profundiza: “Por buenos que sean los fiscales, por buena reputación que tengan los jueces, sea el gobierno que fuese que esté gobernando, no hay que esperar buenas investigaciones del Estado, menos del Poder Judicial, y menos si en el delito participó alguna fuerza de seguridad. Hay una actitud de pasividad. Es un poder judicial muy lento, burocratizador del dolor de las víctimas y uno entra en la picadora de carne de los tiempos judiciales, que cada día es menos independiente de los tiempos políticos”.
Cristian no solo fue un apoyo para el padre de Daniel, sino que participó investigando, denunciando y acompañando a nuevas víctimas de la violencia de las fuerzas que empezaron a acercarse a él. En este sentido, también reflexiona sobre la persistencia de la represión en la democracia argentina: “No sabemos por qué siete policías se ensañaron con Daniel Solano, pero en el juzgado se encontraron más de 140 causas por apremios ilegales cajoneadas. Creo que esto ceba al policía violento; porque si vos vas a denunciar a la comisaría, de la comisaría al juzgado quizás no llegan algunas denuncias porque tergiversan las palabras o presionan al denunciante, pero si llegan al juzgado tenes una jueza que cajonea las denuncias y después prescriben por el paso del tiempo. Entonces, si sabes que hay un paraguas protector judicial, pegás porque sabes que sos impune, porque lo que vos hagas no tiene consecuencias. Penalmente, civilmente, no te va a pasar nada».
«Cuando las fuerzas de seguridad son las que protagonizan un episodio de violencia y el Estado desde el Poder Judicial no le da un marco de derecho y de proceso judicial a la gravedad de ese delito, ejercido por alguien que está para proteger al ciudadano, ceba la violencia de los violentos que están dentro de las fuerzas”.
En el caso de Daniel Solano, y en la experiencia del Padre Cristian Bonin, tiene relevancia que el hecho se haya producido en un pueblo chico como Choele Choel para pensar en la responsabilidad de la sociedad: “Cuando se sospecha de la participación de una fuerza de seguridad en un asesinato o desaparición, hay como una resistencia a creer que eso sea así. Y esa negación se extiende por mucho tiempo, desconociendo la causa y desconociendo los testimonios. Es como un principio de negación. Incluso al haber una sentencia y una ratificación de esa sentencia. Aun así hay gente que considera que es un invento”, dice en relación a la sentencia que condena a los responsables en el Caso Solano, y concluye: “Veo un principio de resistencia a aceptar que la Policía participa de un crimen y cuando empieza a vislumbrarse que la policía ha participado, el protagonismo lo tiene el miedo”.
Viviana Alegre: “La justicia es para algunos, no para todos”
Madre de Facundo Rivera Alegre
El 19 de febrero de 2012 Facundo Rivera Alegre fue a un baile en Córdoba Capital y nunca más volvió. Desde aquella fecha, hasta la actualidad, pasaron más de siete años sin justicia y sin poder encontrarlo. “El Rubio del Pasaje”, como se lo conoció para visibilizar su ausencia aparece, una y otra vez, en las paredes de la capital provincial a pesar de que la impunidad oficial intenté ocultarlo.
En agosto del 2015, en un juicio que Viviana Alegre, mamá de Facundo, caracterizó como “un circo” se condenó a tres personas que luego fueron absueltas. Estas irregularidades, además de otros errores y falencias, responden a que la hipótesis en la que se basó el proceso judicial fue plantada por la policía. Desde esa fecha hasta la actualidad la causa duerme en la Cámara de Casación, sin avances ni retrocesos. “La justicia es para algunos, no para todos”, declara Viviana Alegre a La Primera Piedra.
“Gran parte la sociedad a veces es cómplice por omisión y otras veces por acción. Muchas veces, en los barrios caros de la capital, cuando ven a cierto chico morocho, empiezan a desconfiar y los han reventado a golpes, hasta enviarlos al hospital o matarlos. En otros casos no se involucran. A veces hasta del mismo barrio terminan llamando a la propia policía por el tema de la “inseguridad””, señala Viviana y piensa a la sociedad como parte necesaria para que la represión persista y sea efectiva. A la vez, entiende que es parte de la lógica estatal usar el aparato de fuerza y avalar la impunidad para sostener el poder:
“Desaparecen lo que para ellos es un problema para la sociedad: los molestos. En la época de la dictadura era gente organizada culturalmente la que desaparecía. Yo tengo un hermano desaparecido y una cuñada que estaba embarazada de seis meses cuando desaparecieron en dictadura, y en democracia, ahora, me toca un hijo desaparecido. En esta época, los molestos son los pibes de barrio, los peligrosos, los de gorra, los de la villa, los morochos”.
“No se, venden espejitos de colores. Entonces al hacerlos desaparecer lo malo no se ve”.
Viviana Alegre tiene la experiencia necesaria para hablar de la persistencia de una práctica represiva que nunca se modificó, todo lo contrario: “Todo lo que tenga que ver con la seguridad o la militarización de los barrios está peor. En vez de alguna mejora, cada día está peor. No solo hay que dar teoría del tema de derechos humanos y derechos de las personas, sino también verlo en la práctica, pero no tienen la intención”. En esta profundización es responsable el Gobierno de Cambiemos, sin embargo, todo el Estado es cómplice y partícipe necesario: “Cada vez hay más represión y más control solamente para cierta parte de la sociedad que ya está estigmatizada”.
Este camino no es simple. Para ninguna persona es fácil la realidad de tener que salir a las calles porque te matan a un hijo o un familiar. Sin embargo, todas encuentran la respuesta en la lucha colectiva: “Esto es con unión, organización, lucha y colectivamente. Concientizando pibes, charlando con ellos en los barrios, en las escuelas. Yo sostengo que es lo que más cuesta pero es lo que hay que sostener en el tiempo. Ir al barrio es un trabajo cotidiano. Así creas un vínculo con la gente de tu barrio y le das la confianza que ellos necesitan para poder construir, ayudarlos y generar concientización. Y enfrentamos la impunidad de alguna manera, para que toda esa gente sepa también sus derechos y acompañe, pueda defenderse y lo podamos defender”. A pesar de que nunca fueron recibidos por los gobernantes de la provincia, para Viviana y su familia se trata de continuar la lucha hasta “poder encontrar a Facu” y que la represión deje, de una vez por todas, de ser política de Estado.
*Por Giuliana Sordo para La Primera Piedra
