Por una comunicación democrática: “Un derecho no es negocio”
Este jueves, se llevó adelante en Córdoba el Foro de Diálogo sobre la Comunicación en Argentina. Convocadxs por la Coalición por una Comunicación Democrática, integrantes de medios comunitarios y alternativos, investigadorxs, sindicatos y organizaciones debatieron sobre los desafíos que impone el escenario mediático hoy y las estrategias necesarias para desandar una creciente concentración y avanzar hacia la multiplicación de voces y miradas.
Por Redacción La tinta
Representantes de diversos medios y organizaciones se reunieron en la tarde de este jueves 4 de julio en el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), en el marco del Foro de Diálogo sobre la Comunicación en Argentina “Un derecho no es un negocio”. Allí, más de cuarenta representantes de medios comunitarios y alternativos, cooperativas, colectivos de comunicación, sectores académicos y equipos de investigación, sindicatos y organizaciones sociales analizaron la creciente concentración que se vive hoy a nivel nacional en el campo periodístico bajo las lógicas de mercado y debatieron estrategias para avanzar hacia políticas que garanticen la comunicación como derecho humano.
La convocatoria surgió de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) de Córdoba para intercambiar opiniones sobre la situación actual y contribuir a un documento que está siendo elaborado por la CCD a nivel nacional. Para ello, en los próximos días, foros similares al que se desarrolló ayer en la ciudad se repetirán en distintos lugares del país. “Nos hemos reactivado por la vocación de interpelar al poder desde la ciudadanía, para lograr que haya incidencia frente a esta retracción de derechos que estamos sufriendo”, expresó Judith Gerbaldo, integrante de la Coalición, durante el debate.
El encuentro abordó los recortes y despidos sufridos durante el gobierno macrista en los medios públicos, las crecientes dificultades que encuentran los medios comunitarios y alternativos para su sostenibilidad económica y la falta de apoyo estatal y de políticas públicas que garanticen el derecho a la comunicación.
Además, se compartieron miradas sobre las nuevas posibilidades y desafíos que representa internet y las plataformas digitales.
“Estamos en emergencia comunicacional”, afirman desde la CCD y cuestionan tanto “la alianza explícita del gobierno nacional del presidente Macri con medios y grupos monopólicos” como el cierre de medios de comunicación, el despido de periodistas, la persecución a medios y comunicadores para acallar sus voces críticas” y la manera en que, en los últimos años, se ha promovido la concentración en el campo mediático y de las telecomunicaciones.
El foro, desde su propio título, fue también una respuesta a las afirmaciones del precandidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien, a fines de mayo de este año, afirmó en una entrevista que “la comunicación es un negocio” y cuestionó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual otorgara un tercio del espectro a entidades sin fines de lucro.
Este debate, indican desde la Coalición, “significaría retrotraernos a un debate ya saldado con la sanción de la Ley 26.053 y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
La actividad contó con la participación de representantes de radios comunitarias como La Ronda, Sur, La Ranchada y Villanos de la red FARCO, medios y colectivos de comunicación como Altermundi y La tinta, sectores académicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, además de los sindicatos CISPREN y UEPC, la Agencia Internacional de Noticias Pressenza, entre otros.
Desde el foro, y en base al documento elaborado por CCD, se declaró:
“La comunicación es un derecho humano fundamental que no puede ni debe ser relativizado, en Argentina, se dieron pasos trascendentes en ese aspecto y no cabe retroceder por el principio de progresividad, aplicable en materia de derechos humanos. Sin comunicación democrática, no hay sociedades democráticas, los derechos no pueden quedar librados al mercado”.
Al mismo tiempo, se reclamó el deber del Estado de garantizar la democratización de la palabra desde una comunicación federal e inclusiva, con perspectiva de género y desde los territorios y comunidades locales. Además, se manifestó la necesidad de programas de fomento de la industria cultural argentina, y la normalización y los concursos para el otorgamiento de licencias a los medios comunitarios y cooperativos. Se destacó también “la defensa de los convenios colectivos y estatutos que preservan los derechos de los y las trabajadoras del sector, los derechos de las audiencias y usuarios, todo ello con el fin de resguardar la soberanía informativa y comunicacional, la diversidad y pluralidad de voces”.
*Por Redacción La tinta.
